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Analistas 12/01/2024

Educación y empleo

Mauricio Olivera
Vicerrector Administrativo y Financiero UniAndes

Comparada con el resto de la Nación, Bogotá se encuentra en un punto de inflexión en términos de política social. Los grandes indicadores lo muestran. El Índice de Pobreza Multidimensional bajó de 7,1% en 2019 a 3,8% en 2022 mientras que en el país bajó de 17,5% a 12,9%. Una medición complementaria de pobreza, la monetaria, muestra la misma tendencia para la capital, aunque con indicadores menos positivos en términos absolutos. Entre 2021 y 2022 la pobreza monetaria en Bogotá bajó de 30,7% y 28,1% mientras que en el país bajó de 39,7% a 36,6%. Villavicencio, Medellín, Cali y Manizales tienen un índice de pobreza monetaria más bajo, y en Bogotá, de todas maneras, el reto no es menor: son alrededor de 2,2 millones de personas que están en pobreza monetaria, es decir, con ingresos menores a $396.000 pesos mensuales.

Respecto al mercado laboral, el desempleo en Bogotá es de los más bajos. Entre septiembre y noviembre de 2023 fue de 8,7%, bajando de 9,1% en el mismo período del año anterior, y frente a un descenso en las ciudades de 10,1% a 9,3%. El desempleo juvenil es más alto. En Bogotá es de 13,2%, mientras que en el país es 16%. En el mismo período, uno de cada tres (32,2%) trabajadores en Bogotá fue informal mientras que en el total de ciudades la informalidad fue de 45%.

Este rápido diagnóstico permite sugerir a Bogotá una serie de recomendaciones de política pública que pueden tener impactos económicos y sociales importantes. Primero, gran parte de la política social debe buscar que las personas puedan mantenerse fuera de la pobreza, y esto se puede lograr garantizando la generación de un ingreso a través de empleo formal o emprendimiento dentro de las cadenas productivas existentes. Segundo, dado que la productividad laboral del país es muy baja y que los empresarios no consiguen los trabajadores con las competencias y habilidades requeridas, una política importante para generar empleo formal es la formación para el trabajo pertinente y con calidad, en la cual el protagonista es el aparato productivo.

Tercero, coordinación interinstitucional. Sin necesidad de crear una secretaría de trabajo, varias instituciones pueden coordinar con los empresarios de la ciudad para formar la fuerza de trabajo que necesitan. Las secretarías de Planeación, Desarrollo Económico, Integración Social y Educación, en coordinación con el Servicio Público de Empleo, las cajas de compensación y sus agencias de empleo, la academia y las diferentes organizaciones empresariales, trabajando por un objetivo común, pueden lograrlo. Esta recomendación no es trivial. Uno de los grandes desafíos de cualquier Estado es la coordinación interinstitucional.

Un ejemplo interesante de programas de generación de empleo formal es el programa Jóvenes con Futuro que se implementó en Medellín y fue evaluado por Fedesarrollo. La Alcaldía seleccionó a los jóvenes y coordinó con la academia y las empresas para la formación dual pertinente y con calidad. Los jóvenes más productivos se quedaban en las empresas con un empleo formal. Surge la pregunta sobre cómo escalar e institucionalizar programas de este tipo si sus efectos son positivos. Bogotá puede ser ejemplo al mostrar que la política laboral no está solo en manos del Gobierno Central.

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