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EDITORIAL Alguien debe responder por el informe de la FAO
miércoles, 2 de febrero de 2022

Colombia no puede seguir pasivo frente a los ataques a su reputación internacional, el país tiene un representante ante la FAO que debió estar atento y evitar el daño pretendido

Editorial

En plena temporada de elecciones, los políticos detractores del Gobierno Nacional no tardaron un minuto para atacar la gestión del Ministerio de Agricultura basados en el rimbombante informe sobre ‘Alertas tempranas sobre inseguridad alimentaria aguda’, concerniente al periodo entre febrero y mayo de 2022, elaborado la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés). El estudio con grandes debilidades metodológicas situó a Colombia al lado de naciones como Honduras y Haití por sus aparentes graves riesgos en su capacidad para la producción o movilización de alimentos. Conclusión a la que la Cancillería y la cartera de Agricultura, le salieron al paso no solo rechazando el informe, sino solicitando de inmediato retirar el nombre de Colombia de ese mapa de riesgo alimentario, pues desconoce los avances del país en esta materia. Según la FAO, Colombia es uno de los puntos focales de la inseguridad alimentaria en el mundo, compartiendo la clasificación con países como Yemen, Sudán del Sur, Etiopía, Afganistán, entre otros.

El dañino informe concluía que este año habrá 7,3 millones de colombianos con inseguridad alimentaria.Entre los motivos para este fenómeno se encuentra la incertidumbre política, teniendo en cuenta que las elecciones legislativas y presidenciales se realizarán durante el primer semestre del año.

Esto, para la organización mundial, podría generar agitación social, afectando así a los más vulnerables. Situaciones políticas que en nada tenían que ver con la producción alimentaria. Incluso, Alan Jorge Bojanic, representante de la FAO en Colombia, trató de excusarse diciendo que el informe tenía otras intenciones, como llamar la atención de la seguridad alimentaria en algunas poblaciones del país, en especial, la migrante (venezolanos), con el fin de atraer mayores recursos que pudieran destinarse a la atención de las necesidades de esta. “Sería injusto no reconocer los esfuerzos del Gobierno en seguridad alimentaria, así como los recursos que se destinan para los programas estructurales en ese frente. El informe no refleja, por desgracia, esos avances. La intención era atraer recursos para apoyar a los migrantes, pero su presentación no fue la mejor”.

La FAO pertenece a ONU y opera en Roma como Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y casi todos los países tienen un representante ante esta institución vital para el mundo. En el caso de Colombia, la embajadora ante Italia, Gloria Isabel Ramírez, es la responsable de velar por los intereses del país en este tema neurálgico, pero la penosa situación y el golpe a la imagen del país hace pensar que eliminar cargos diplomáticos ante la ONU, para colgárselos a los embajadores de turno, no siempre es una buena decisión y el ejemplo es el chasco de la FAO y Colombia. Si la Embajadora hubiese estado atenta, seguro se hubiese mantenido el nombre en alto. La FAO es muy importante, organismo especializado que vela y dirige las actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre y si Colombia quiere posicionarse en el mundo como una despensa alimentaria, incluso para los venezolanos que llegan por miles al país, debe darle máxima importancia a lo que hace el órgano mundial de la alimentación. Un episodio que deja varias enseñanzas, pero también debe haber responsables.

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