La emergencia también puede ser más ahorro

El Gobierno Nacional atraviesa por uno de los peores momentos de la historia reciente en materia de caja, es decir, no cuenta con el dinero suficiente para invertir en las obras prometidas hace tres años y medio. No obstante, ha emprendido un crecimiento institucional sin precedentes, explicado en el número de contratos para contratistas afectos a la administración y millares de funcionarios por contrato con los que goza el Estado; docenas de entidades sin mayor productividad ni competencias claras y el aumento desmesurado de ayudas y subsidios para potenciales electores. En medio de ese modus operandi, emerge un frente frío que explica las copiosas lluvias de comienzo de año, que pueden extenderse hasta bien entrado el mes de abril.

La falta de prevención y las pocas ganas de evitar los desastres han generado graves problemas en casi todos los departamentos, especialmente Córdoba y Antioquia, regiones que experimentan las inclemencias de las lluvias y el desborde de los ríos. El número de desplazados por las lluvias aumenta y los daños en la infraestructura cada vez se hacen mayores, y para atender esos desastres que ninguna entidad previó, el Gobierno lanza una emergencia económica para recaudar varios billones y atender a los afectados.

Queda en el recuerdo que el hecho de corrupción más grotesco de esta administración reside en la Unidad de Gestión y Prevención de Desastres, una oficina burocrática que cuenta con más recursos que muchos ministerios y con esquemas de contratación más laxos que facilitan la asignación de contratos a dedo, sin mucha competencia. Técnicamente, es muy extraño que se hable de emergencia económica para atender una situación invernal previsible y de fácil atención, si los recursos de la entidad responsable no se hubieran dilapidado.

Más extraño aún suena la argumentación de la misma emergencia para imponer un impuesto a la riqueza sobre el patrimonio de las empresas que tienen un patrimonio líquido superior a los $10.474 millones, una carga tributaria que desincentiva al sector productivo por la enorme carga impositiva que arrastra y pone en aprietos la inversión. Lo peor es el escenario altamente probable de que dicho impuesto al patrimonio se mantenga en el tiempo, tal como sucedió con los impuestos temporales que se hicieron permanentes.

Ha dicho el Gobierno que 56% de los recursos que se van a recibir por este impuesto adicional será de dos sectores con tarifa especial y el resto será por cuenta de los otros sectores productivos. Se trata de la banca y la minería, dos sectores que ya cuentan con una alta carga y que claramente serán gravados con una suerte de doble tributación. Los sectores financiero y minero (extracción de carbón y petróleo) tendrán una tarifa diferencial de 1,6%.

Más de la mitad, 56% de los recursos obtenidos, se derivan de esos dos sectores y 44% corresponde al resto de los sectores productivos. Es curioso que en cada emergencia económica -una llanta de repuesto para las reformas tributarias- nunca se hable de ejecutar, administrar con eficiencia y, menos aún, de ahorro estatal.

La economía crece muy por debajo del potencial, a solo 2,6%, lo que no explica mayores impuestos; por tanto, el dinero que se necesita debería salir del ahorro estatal, máxime cuando la corrupción se ha llevado, en la Ungrd, mucho del dinero tributado. A poco menos de seis meses, la actual administración ha sido precaria en la ejecución.