La geopolítica del narcotráfico se estremece

Lo más probable es que Donald Trump, en su primer discurso del Estado de la Unión de su segundo mandato, centre buena parte de su mensaje en la guerra frontal contra el narcotráfico que ha venido anunciando desde hace meses y que forma parte explícita de sus promesas de campaña. Su administración ha reforzado las interdicciones marítimas, ha intensificado operaciones contra estructuras criminales transnacionales y ha elevado de manera sustancial el uso de capacidades militares y tecnológicas en escenarios tradicionalmente tratados desde la cooperación judicial y diplomática.

En ese marco, Washington ha presentado como logros la incautación de cientos de toneladas de cocaína en alta mar, la neutralización de objetivos de alto valor y la presión directa sobre redes criminales que operan entre el Caribe, Centroamérica y México. El mensaje político es claro: EE.UU. considera que el narcotráfico dejó de ser un problema periférico de seguridad y pasó a convertirse en una amenaza directa a su seguridad nacional.

La geopolítica del narcotráfico en el continente, en efecto, comienza a cambiar de tendencia como resultado de una reconfiguración profunda de la doctrina de seguridad estadounidense. Es probable que el modelo de actuación desplegado en México -con mayor protagonismo de las fuerzas armadas, uso intensivo de inteligencia y operaciones unilaterales- intente proyectarse hacia otros países productores, entre ellos Colombia, donde los cultivos, la producción y la exportación de drogas ilícitas siguen siendo parte estructural de una economía subterránea persistente.

Este giro marca el ocaso de enfoques que durante décadas privilegiaron la cooperación financiera y el fortalecimiento institucional, como el Plan Colombia. En Washington parece imponerse la convicción de que el negocio de la droga no se resuelve con transferencias de recursos ni con acompañamiento técnico, sino con acción directa, incluso sin el concurso pleno de gobiernos locales, muchos de ellos percibidos como débiles, cooptados o ineficaces frente al crimen organizado. Interdicciones agresivas, persecución sistemática de objetivos de alto valor, uso de drones y operaciones militares de precisión son los elementos que, todo indica, marcarán el rumbo de esta estrategia al menos durante los próximos tres o cuatro años.

Bajo el paraguas de la seguridad nacional, EE.UU. aumentó su presencia y su presión en el Caribe y en México, lo que alimenta la preocupación sobre el endurecimiento de su postura frente a Colombia. En ese contexto debe leerse también la retórica regional. La decisión del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, de imponer aranceles de 30% a productos colombianos bajo el argumento de una débil lucha contra el narcotráfico en el suroccidente del país, se alinea con el nuevo clima político impulsado desde Washington. Resulta llamativo, además, si se tiene en cuenta que Ecuador enfrenta déficits comerciales frente a Colombia y desafíos de seguridad tan graves -o incluso más- que los colombianos.

La geopolítica del narcotráfico no había conocido antes a un presidente estadounidense en pie de guerra, no solo en el discurso sino en la acción. Los resultados exhibidos por Washington anticipan que Colombia deberá alinear esfuerzos internos con mayor coherencia para enfrentar el flagelo y la cultura del narcotráfico, antes de que actores externos terminen dictando, de facto, el rumbo de su política de seguridad.