Los colombianos quieren aportar, pero están mamados

Obras son amores y no buenas razones. Los colombianos “de este lado” y de a pie quieren y necesitan que al gobierno de Abelardo le vaya bien no para exaltar su ego, sino para garantizar un modelo de libertad y equidad social que estuvimos a punto de perder e impedir el retorno de lo que fue “El desastre anunciado 2022-2026”. La evidencia es contundente acerca de la herencia de esa administración y no hay caso adentrarnos en eso. Pero la mayoría está en el equipo de exigentes, habiendo votado o no por quien llegó al primer cargo del país.

Es evidente que ese objetivo no lo logra solo el elegido, quien debe entender que la presidencia no es de quien la ocupa, sino que representa los intereses de todos los ciudadanos, no de su grupo político, región o ideología. En ese sentido, debe hacer un gran acuerdo nacional que no se expresa en un anuncio o firma, sino es una convocatoria implícita en procura de solucionar los problemas en sus distintas áreas. Y nunca expresar, que es por su buena voluntad, sino es una exigencia natural.

La reflexión número uno de cualquier colombiano frente al Estado es contundente: estamos “mamados” con las promesas oficiales cada cuatro años, así haya ganado nuestro candidato. Siempre se parte de la premisa de que el nuevo recibe la olla raspada y en concordancia anuncia una reforma tributaria que no tiene otro objetivo que conseguir plata y anuncia una reducción del gasto público dizque basada en mayor eficiencia y frenar la corrupción. Así, cada gobierno presenta su reforma para “salvar al país”, los parlamentarios dicen que lo negarán y, finalmente, tras “acuerdos”, terminan diciéndole sí a una ley cercana a la presentada. Así será en esta oportunidad gracias a que el gobierno decidió hablar, aunque tardíamente, con quienes aprueban las leyes.

Nada de oposición ni politiquería. Hace 60 años cuando no había ni carreteras, aeropuertos, puertos, ni internet, había 13 ministerios cada uno con un viceministro y hoy hay 19 carteras con más de 40 viceministerios. Uribe los redujo de 16 a 13, Santos los volvió a subió a 16, Duque convirtió a Coldeportes y Colciencias en carteras y Petro creo el adefesio de Igualdad para darle trabajo a F. Márquez. Oficialmente hay cuatro consejerías en el Palacio Presidencial, que son como ministerios, hay más de 14 oficinas de apoyo que duplican las funciones de las carteras. La sola oficina del Comisionado de Paz que en 2021 tenía 14 empleados pasó a tener 150 y un resto de asesores por prestación de servicios.

Con una población de 54 millones de habitantes aquí hay 286 congresistas con más de 12 funcionarios para cada uno, mientras en Chile y Perú hay casi 30% menos. Cada uno de nuestros padres de patria tiene un sueldo US 15.000/mes más gabelas, el más alto de todos los parlamentarios de Latinoamérica.

En Colombia existen diez superintendencias que vigilan y controlan distintos sectores. Podrían reducirse a tres. La controla-titis es un síndrome nacional. Además de esas Super, la Contaduría registra la contabilidad pública tarea de la Contraloría General y la Auditoria General vigila y controla a quien vigila y controla. La Dian pasó de 10.000 a 16.000 funcionarios sin que recaudara ni un peso adicional.

Las cárceles del país dependen del Ministerio de Justicia y las que no tienen un contrato con el Inpec, entidad que tiene más de 20 sindicatos y los directivos tienen derecho a ausentarse de sus turnos para atender asambleas y negociaciones con todas las prestaciones.

El exministro Gómez Méndez es muy crítico sobre lo que pasa en la rama judicial. Hace 40 años solo existían la Corte Suprema, el Consejo de Estado y la Procuraduría. La Corte tenía una Sala Constitucional. Hoy debido en buena medida a la Constituyente, contamos con Corte Suprema, Corte Constitucional, Fiscalía General, Procuraduría, Consejo de la Judicatura, la Comisión de Disciplina Judicial, Sala de Aforados de la Corte Suprema y JEP, producto de los acuerdos de La Habana y Defensoría del Pueblo que se supone iba a absorber a la Procuraduría, pero se decidió mantenerlas a juntas.

Y sigue la lista del exministro Gómez: se crearon el Consejo Electoral, la Veeduría del Tesoro, las UT de los congresistas y hasta a los concejales se les puso sueldo. La vicepresidencia República nació sin funciones y solo para reemplazar una ausencia definitiva del primer mandatario, pero se convirtió en pequeño “botín” burocrático. Hasta la primera dama tiene nómina. La lista de burocracia es interminable.

Soluciones prácticas hay si se quiere recuperar la confianza de la gente: el llamado rescate fiscal está en el Estado. De un presupuesto de $635 billones en 2027, hay $391 billones para gastos burocráticos y solo bastaría con bajarlo 10% para recuperar 40 billones, 2% del PIB. Y hacerle una cirugía al aparato oficial sin tirarle la “soga” a los pobres y a la “mamada” clase media, cuando el ahorro de las empresas y de la gente se lo “traga” el Estado.