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Es una creencia popular que el Gobierno y empresarios están donando actualmente mucho más dinero y brindando ayudas en esta crisis que en cualquier otra época de la historia. En Colombia, los grandes grupos industriales han hecho aportes significativos desde la medida de sus posibilidades. Los presupuestos públicos tendrán un reacomodo financiero por necesidad y porque a mediano plazo vamos a ver disminuidos nuevamente los ingresos el sector petrolero.
Viene también una natural caída en el consumo de hogares, sectores cerrados, lo que redundará en menos recaudo de impuestos. Nuestra cultura, más que nunca, pide a gritos que no desaparezcan los recursos. Los corruptos de siempre están que muerden donde sea.
Cálculos de analistas internacionales estiman que la corrupción le cuesta al país unos US$13.000 millones al año, es decir, un poco menos del 4% del PIB. Según informes y estudios de la Contraloría General, hay decenas de historias sobre latas de atún que se venden a precios nunca vistos en la frontera o lotes de tapabocas y jabones antibacteriales que hoy, en plena especulación, se consiguen por diez veces su valor normal. La SIC está investigando, por ejemplo, a los especuladores de los precios de la gasolina.
A la industria de la salud, el Gobierno ha girado miles de millones de dólares. La teoría es que los recursos se distribuyan en focos de prestación de servicio críticos. Es extraño oír al Ministro de Salud decir como gran anuncio que se van a poner “al día” en salarios atrasados de los profesionales del sector. La pandemia está desnudando todo el pus que ha habido dentro del sistema por décadas. Ni siquiera Juan Luis Guerra cuando compuso “El Niágara en Bicicleta” hubiera imaginado algo así.
Intentar frenar el desangre siempre va a necesitar de la intervención humana. La tecnología que hay disponible también es una buena herramienta. Con métodos de inteligencia artificial puede ser una forma novedosa para atajar un porcentaje significativo de corrupción. La tecnología líder en la lucha contra la corrupción no sólo combate el problema de una manera que es difícil de contaminar, sino que resulta ser más barata que utilizar el costo miles de investigadores en entes de control.
La tecnología se ha convertido en el mayor aliado de la transparencia, en un arma crítica contra la corrupción. Los detalles oscilan alrededor de lo que se denomina como análisis predictivo. Algoritmos y fórmulas que se diseñan para todos los casos y que, por defecto, son potentes instrumentos para el gobierno y la industria privada.
En el Reino Unido, por ejemplo, usan un sistema llamado Connect, en el cual la administración fiscal esculca en redes sociales, obtiene datos para cruzar los registros y poder sospechar de fraudes. El algoritmo predictivo identifica los riesgos y ayuda a crear acción preventiva. La clave en la era de la información es usarla no solamente para sancionar a posteriori sino en aprovechar su potencial para prevenir.
Nuestra Contraloría General dispone de la plataforma DIARI, que tiene un funcionamiento parecido al de Connect. Los contralores delegados destapan hallazgos sorprendentes que evitan que se pierda dinero antes de que se lo roben. Hay una fórmula que detecta, por ejemplo, mismos contratistas que se presentan a diferentes licitaciones. En próximos días la entidad revelará los nombres de estas empresas que se están aprovechando de la pandemia para pescar en río revuelto.
