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El artículo 67 de la Constitución Política de Colombia consagra la educación como un derecho de la persona y como un servicio público con función social. El artículo 68 habilita su prestación tanto por entidades públicas como privadas. Sobre esta arquitectura se construyó un sistema mixto de educación superior que ha sido fundamental para ampliar la cobertura, mejorar la calidad y diversificar la oferta académica en todo el país.
La expedición del Decreto 0173 del 24 de febrero de 2026, que crea un impuesto al patrimonio para personas jurídicas en el marco de la emergencia económica, genera una preocupación legítima: no excluye expresamente a las instituciones de educación superior privadas de esta carga tributaria para 2026.
El debate no es ideológico, es estructural. Las universidades privadas atienden a más de 1,15 millones de estudiantes, equivalentes a 45,11% de la matrícula nacional en educación superior (MEN, 2024). Gravar su patrimonio no impacta a accionistas, pues no los tienen por su carácter sin ánimo de lucro; impacta su capacidad de reinversión en infraestructura, investigación, innovación pedagógica y, sobre todo, en becas y apoyos financieros para estudiantes de ingresos medios y bajos.
El artículo 363 de la Constitución plantea que el sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad. La pregunta de fondo, entonces, es si gravar a las universidades privadas, entidades sin ánimo de lucro que reinvierten sus excedentes en su objeto social, respeta este principio. No se trata de pedir privilegios, sino de reconocer una naturaleza jurídica distinta a la de sociedades con fines comerciales y lucrativos.
La medida tampoco puede analizarse de manera aislada. Decisiones del actual gobierno, como la reducción de créditos y la eliminación de subsidios a las tasas de interés del Icetex, la ausencia de programas de ampliación de cobertura articulados con universidades privadas, aprovechando su capacidad instalada, y la desfinanciación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Sncti), ya han tensionado sus finanzas. La eventual imposición de un gravamen patrimonial profundiza un escenario de asfixia financiera progresiva.
El impacto no sería contable; sería sistémico. Un impuesto al patrimonio en este contexto se traduce en menos becas, menor inversión tecnológica, reducción de expansión regional y menor flexibilidad académica. En muchas regiones del país, donde no existe oferta pública suficiente, las instituciones privadas constituyen la única alternativa real de formación superior, incluyendo modalidades flexibles y multimodales que permiten estudiar y trabajar simultáneamente.
Colombia necesita fortalecer su sistema mixto, no debilitarlo. Lo que el país requiere es una política que promueva alianzas estratégicas entre el Estado y las instituciones privadas para ampliar la cobertura con calidad, fortalecer la educación dual y facilitar trayectorias formativas que articulen estudio y trabajo a lo largo de la vida.
Las universidades privadas están preparadas para asumir ese reto, pero necesitan coherencia normativa y un entorno financiero que reconozca, y no penalice, su función social. Gravar 45,11% del sistema es una decisión que agravará aún más las dificultades por las que atraviesa la educación superior en Colombia.
Hay que definir el perfil de quien ha de ser el jefe del equipo, sea director, gerente o el título que se designe, y de los demás que han de integrar el grupo encargado
En 2026 habrá 13.164.767 jóvenes, 24,7% de los 53.399.171 habitantes del país. Son 6.679.833 hombres y 6.484.934 mujeres
Han sido suficientemente negativos, retrógrados y recesivos los resultados de esa ideología “woke” que ha amenazado a más de 700 millones de personas que hacemos parte de la iberoesfera
