Claudia, Cesar, Elisa y “Ostin”

Este fin de semana, un abogado empresarial sugirió en la red social X, que nuestro gobierno estaba buscando actores para lo que denominó el “teatro del oprimido”.

Sabemos que entre ellos conversan sobre la posibilidad de que, para impulsar nuestra iniciativa de reforma laboral, contratemos actores y actrices para dramatizar los episodios, como si no fuera suficiente con lo que viven cotidianamente miles de trabajadores y que se convierten sí, en escenas que parecen salidas del cine neorrealista italiano o de series más recientes, como la que protagoniza el exfutbolista Eric Cantoná, que de un libro pasó a una miniserie en Netflix llamada “Recursos inhumanos” u “Hombre de negocios” donde el actor Chris Cooper, dramatiza un suicidio producto de un despido que lo deja en el desempleo.

Y no. No necesitamos actores ni actrices para que salgan a flote como nunca, las violaciones sistemáticas a los derechos en el trabajo. Claudia, por ejemplo, no es ninguna actriz, es la valiente mujer que grabó y denunció a su jefe en una empresa de Ibagué, hoy busca trabajo porque renunció y se cansó de toda la violencia ejercida contra ella y sus compañeros.

Ahora espera que pueda considerarse su despido como ilegal y que producto de la negociación colectiva que ha promovido el sindicato que ingresó a la empresa (después del lamentable episodio) pueda ser admitida nuevamente.

Cesar, que no es un actor de teatro, sino del mundo del trabajo, ni sabía que era sospechoso estar vinculado por un contrato de prestación de servicios mientras se le obligaba a cumplir horarios y recibir órdenes, labora en reparación y mantenimiento de instalaciones de gas domiciliario y antes de un hecho de violencia del que fue víctima en un espacio laboral, explotó de la impotencia e indignación cuando se le informaba a él y a sus compañeros que tenían la obligación de pagar ellos toda la seguridad social y que, además, tenían que hacer un “aporte voluntario” a un fondo para herramientas y otros gastos asociados a su trabajo.

Elisa, otra mujer trabajadora en un cargo directivo que fue tercerizada ilegalmente por años y sobre la cual pesa a su favor una sentencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema ahora es acosada judicialmente por su exempleador porque desde su cuenta de TikTok reclama sus derechos ya declarados por la justicia cuya sentencia sigue incumplida por cuenta de una sencilla “reorganización” empresarial y curiosa “desaparición” de la empresa.

Y, por último, Andrés, o más conocido como “Ostin” el trabajador de Cali que se hizo viral por denunciar que su empleador lo había despedido estando incapacitado y que no había sido atendido en su EPS porque manifestaba no haber sido afiliado, desconoce al beneficiario de sus servicios y solo sabe que alguien lo contrató por “70 mil pesos integrales”.

Estos casos son de la vida real colombiana y no son la excepción sino la regla. Los trabajadores y trabajadoras sufren un mundo del trabajo inconstitucional y poco democrático y unas normas que de manera sistemática se vulneran en Colombia a pesar de favorecer en buena medida a los empresarios.

Estos trabajadores cuya violación de derechos humanos en el trabajo se hicieron virales, como cientos de miles de jóvenes, tienen acceso y fácil manejo de la comunicación digital y saben, porque lo han vivido, que el mundo del trabajo que padecen está siempre en esas fronteras porosas entre lo legal y lo ilegal.

Un mundo en donde con facilidad te reemplazan o te discriminan, donde no hay sindicatos que te defiendan o al menos informen, y el Estado es débil y muchas veces no logra obligar a que se pague el salario mínimo, las horas extras o los recargos por trabajo dominical o festivo, más un largo etcétera de garantías mínimas.

Lo positivo es que cada vez con mayor frecuencia por redes sociales se denuncian estas arbitrariedades cotidianas (a pesar de la burla y el clasismo que respiran algunos) que más que afectar el bolsillo de las víctimas hieren su dignidad porque saben que están siendo engañados y vulnerados en sus derechos, pero a su vez descubren que hacen parte de un “ejército de reserva” conformado por millones de personas pobres y vulnerables que los obliga a callar, porque como lo recuerdan muchos de esos empleadores: “hay una larga fila esperando afuera”.

Y en consecuencia es la acción individual de una persona con visibilidad en las redes sociales o un influenciador que no teme hablar el que pone en la esfera pública estos problemas estructurales del mundo del trabajo en Colombia, que se resuelven no solo con cumplir la ley u obligar a su cumplimiento sino con la acción colectiva. No tengo dudas de que la sindicalización es parte de la cura a esa pandemia de la impunidad laboral.

Estos casos y tantos otros parecidos ha sido estudiados a fondo por la profesora de la U. de los Andes, Natalia Ramírez Bustamante, en su informe para la Misión de Empleo del 2021, titulado “Cumplimiento de la regulación y conflictividad laboral en Colombia en la que concluyó que la mayoría de los trabajadores no reclaman por falta de confianza en la institucionalidad y por desconocimiento de sus derechos.

Coincide este informe con que la mayoría de los casos que llega a nuestras oficinas del Ministerio son por no pago de salarios, descuentos no autorizados y falta de pagos a la seguridad social.

Por esto nuestra iniciativa de Reforma Laboral que endurece sanciones, amplía los tiempos para reclamar, fortalece la estabilidad laboral y pone límites a la tercerización abusiva, de la cual, por ejemplo, aparentemente ha sido víctima Ostin que ni siquiera saber para quien trabajó realmente.

Estas medidas deben ir de la mano con el fortalecimiento de la inspección como ya lo he señalado en este mismo espacio y que está conforme a lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo.

Para estos cuatro casos, pero para miles más que no se vuelven virales, nuestro gobierno se dispone todos los días y quiero aprovechar la oportunidad para hacer un llamado a trabajadores y trabajadoras a expresarse, a organizarse y a denunciar. A los empleadores les invito a cumplir la ley, es más barato y se pasan menos vergüenzas.

Las puertas de todas nuestras sedes están abiertas para recibir sus quejas, pero también para asesorar a los empresarios para evitar posteriores conflictos o sanciones.

Como lo he señalado insistentemente y en efecto ha funcionado, estos casos nos sirven para hacer pedagogía alrededor de los derechos que tienen las personas que trabajan incluso adentro de las empresas, donde esos mismos abogados a los que me refería al inicio de esta columna, afirman sin ruborizarse, no debe ingresar la democracia.