Es urgente desindexar salarios y alzas

El país no puede repetir la misma situación de finales de 2025, cuando el Gobierno Nacional esperó a que los sindicatos y los gremios no se pusieran de acuerdo para fijar el incremento del salario mínimo y simplemente lo decretó, sin importarle el impacto sobre el agregado de la economía ni las consecuencias futuras. Un alza de 23% que, para un empleador, es realmente de 27% con todas las cargas parafiscales, cifra que constituye un exabrupto económico en un país que había tenido un manejo más ortodoxo en materia de control inflacionario.

Colombia solo es superada por Venezuela y Argentina en el alto costo de vida. Nuestra cifra está anclada desde hace un semestre en 5% y sin mucha expectativa de reducirse en los próximos meses, luego del decretazo del mínimo. Lograr meter la variación de precios entre un piso de 2% y un techo de 4% parece ser una labor titánica para los próximos gobiernos, además porque son muchos los precios de la encuesta nacional de hogares que están indexados, pegados, vinculados o asociados al incremento del mínimo o a la inflación. Para tener en cuenta: la subida del mínimo y su impacto en el costo de vida están íntimamente ligados, de allí la tarea del próximo gobierno de desindexar esta problemática situación.

Nadie está en contra de que un trabajador gane un mínimo de $2 millones, pero es que hay docenas de normas ministeriales que obligan a subir muchos productos, bienes y servicios conforme dicten el Índice de Precios al Consumidor o el incremento del salario mínimo, lo que no deja de ser inflacionario, máxime en una economía no estable como la colombiana, en la que hay muchas externalidades que afectan y aún pesan las economías subterráneas. Es una situación macroeconómica siamesa que se ha dejado coger ventaja en Colombia, además de que el gobierno de turno hace política en su último año de mandato para subir el mínimo más allá de las posibilidades de los empleadores, con el fin de ganarse el favor político de su sucesor.

Hay muchos candidatos a la Presidencia de la República y al Senado que son probos en su formación económica y que pueden hacer propuestas serias sobre cómo desindexar el alza del salario mínimo y el incremento de precios, incluso plantear un pacto salarial bianual que difumine el problema y trabaje más en garantizar precios adecuados por oferta y demanda, y no presionados por el alza del mínimo. El incremento del mínimo puede ser rediseñado luego de una gran reforma laboral que beneficie a empleadores y empleados. Fijar el pago por horas, revisar los días trabajados, analizar sectores o regiones: son muchas las variables que pueden tenerse en cuenta para proponerle al país y quitarle la posibilidad al gobernante de turno de hacer política en un año electoral con el salario mínimo.

Arrendamientos, matrículas, sanciones, multas, servicios médicos, veterinarios y todo lo relacionado con el transporte no se pueden vincular, sin mayores argumentos, a la inflación o al mínimo. Es una situación anacrónica que debe revisarse a fondo antes de que el alza del salario mínimo se vuelva una proclama electoral. La economía no puede permitir que esta decisión sea sacada del sombrero, y no podemos caer en si es justo o injusto: simplemente no es política económica, es populismo.