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El Gobierno está jugado con un salario mínimo para que cubra la inflación, bajo la misma regla con la que suben las tasas para atajarla, ecuación que no funciona de esa manera
Hace casi tres décadas que la discusión del salario mínimo no era tan prematura, ni mucho menos tan cantada. Lo primero porque el presidente Gustavo Petro se ha referido al asunto mucho antes de que la comisión de concertación salarial inicie sus discusiones novembrinas. Ha dicho el Presidente que el salario mínimo debe subir al mismo ritmo o en porcentajes similares con el que la Junta Directiva del Banco de la República sube su tasa de interés para contener la inflación; una hipótesis bastante discutible desde la teoría económica y más aún desde la corriente económica que ha manejado el país.
Y lo segundo, el Ministerio de Trabajo (rector de la discusión o árbitro de la negociación entre empleadores y trabajadores), ya tomó partido al decir que 20% sería una buena o generosa cifra para incrementar, máxime cuando el Consejo Gremial ve mejor un prudente 13% para 2023. La situación es la siguiente: la inflación en el año corrido, es decir entre enero y septiembre, alcanza 10,08%; la anualizada -septiembre 2021 y el mismo mes de 2022- va en 11,44%; y que en los últimos tres periodos medidos por el Dane, julio, agosto y septiembre, la variación del Índice de Precios al Consumidor ha promediado un punto porcentual, lo que lleva a pronosticar que ese comportamiento se mantendrá y al final del año ese 11,44% puede subir a 13,50%; lo que se convertiría en el piso de la negociación por parte de las centrales obreras, cifra a la que se le debe sumar la productividad de medio punto, quizá.
No hay mucho margen para que la cifra sea menor de 14% o 15%, con sus respectivas matemáticas, y si a eso se le agrega que el Emisor no ha hecho actualizaciones creíbles o sensatez sobre la inflación para el año nuevo, todo quedará en el terreno político con un gobierno de izquierda en la Casa de Nariño y una oposición dispersa. Es un hecho evidente que Petro y sus más cercanos colaboradores, y algunos de sus ministros, sienten que la burocracia, los compromisos, la oposición y los llamados “enemigos internos”, le están drenando el discurso social y un decretazo del alza en el salario mínimo sería una oportunidad sin igual para volver a congraciarse con sus electores, lo que le mantendría el acento sindicalista.
También están aferrados a la teoría de David Card, premio Nobel del año pasado, quien plantea que subir el salario mínimo no siempre reduce el empleo, tal como algunos sectores económicos creían hasta hace un tiempo. El caballo de batalla del Ministerio de Trabajo y de la Presidencia es convencer que subir el salario no significa la pérdida de empleos y más bien generan consumo y bienestar para las familias.
El gran problema es que en medio de una leonina reforma tributaria que se hará realidad en enero en contra del sector minero energético, de las personas con ingresos superiores a $10 millones mensuales y con un patrimonio de más de $3.000 millones, subir el salario mínimo más allá de las expectativas de inflación que fije el Emisor para el año nuevo, claramente lesionará los nuevos empleos. La discusión será por un mínimo de US$300 si el dólar se dispara a $5.000, una situación que contribuirá con la recesión que llegará, se debe tener en cuenta que el crecimiento de 2022 será superior a 7% y que para el nuevo año se espera 2%, es decir, vendrán trimestre en rojo y las decisiones políticas no están ayudando.
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