La guerra por el Pacífico se está perdiendo

Sumados los tres departamentos del suroccidente colombiano -Valle, Cauca y Nariño-, su aporte al Producto Interno Bruto es casi el mismo que el de Antioquia y poco más que el de la región Caribe, pero, a diferencia de estos, en la costa del Pacífico y la frontera sur las riquezas naturales son enormes, proporcionales al olvido nacional.

El atentado terrorista en Cajibío, Cauca, que mató a una veintena de personas civiles y dejó a medio centenar heridas, es una muestra de que los grupos ilegales no van a retroceder en el poder que han alcanzado y amasado durante décadas. A los ojos del mundo, es paradójico e inexplicable que el gobierno central de Bogotá nunca le haya puesto interés verdadero a la situación que experimenta la región, muy a pesar de que allí funciona el único puerto sobre el Pacífico y que conecta, por la vía Panamericana, con el sur del continente.

Entre Cauca y Huila, en el Macizo Colombiano o la Estrella Fluvial, nacen los ríos más importantes del país: Cauca, Magdalena, Patía y Caquetá, este último desemboca en el río Amazonas, señalando un territorio solo explorado y explotado por los ilegales. En ese mismo entorno ampliado, la cordillera de los Andes se divide en tres cadenas montañosas que le dan vida a algunas de las principales poblaciones de Colombia.

En el Nudo de los Pastos se separan la Occidental, la Central y la Oriental; en el Nudo de Almaguer se divide en dos antes de la triple ramificación. No en vano, gran parte de la colonización del actual territorio nacional arranca desde el sur, una suma de factores que solo la historia y ahora los delincuentes valoran. Colombia solo tiene “dos” vías de acceso terrestre con el océano Pacífico: una en Tumaco y otra en Buenaventura. Se dice dos entre comillas porque la realidad es que hay cientos de caminos reales, travesías, trochas y senderos -ni existentes en Waze ni en Google Maps- que van desde cualquier punto de Nariño, Cauca y Valle al Pacífico sin ningún control gubernamental y que, con el floreciente negocio de la cocaína, el tráfico de armas y el contrabando, hacen de este territorio uno casi independiente; sigue ampliando su frontera de acción hasta llegar a las goteras de Cali, en Jamundí y Buenaventura, sin que haya un plan gubernamental de mediano plazo para liberar al suroccidente colombiano del control de los delincuentes.

Desde Bogotá se distrae con vieja política la realidad del suroccidente, marcado por el valle geográfico del río Cauca, rotulando el accionar delincuencial con nombres obsoletos de disidencias o guerrillas crónicas, desconociendo deliberadamente que el conflicto ha mutado, que el viejo Caguán y las extintas Farc hacen parte del pasado y que ahora los delincuentes cartelizados solo se escudan en nombres de viejos grupos guerrilleros para blindarse políticamente, como si fueran franquicias de cara a eventuales indultos y negociaciones políticas futuras.

El problema es que no hay una política de Estado para recuperar esa región e, incluso, los gobernantes locales y regionales se enfrentan entre sí sin soluciones frente a la realidad que viven casi seis millones de personas en tres departamentos. Hay una delincuencia organizada asesinando personas civiles para demostrar fuerza y desafiando al Estado sin que desde Bogotá se entienda el problema. Quizá cabe la pregunta: ¿a quién beneficia la guerra en el sur?