«Cesó la horrible noche» es una de las frases más emblemáticas del himno nacional de Colombia, usada frecuentemente para reforzar discursos patrióticos o reivindicaciones sociales. Esto cobra mayor vigencia en el actual momento de frenesí político, con un país dividido entre la izquierda y la derecha, desde la óptica política, y entre el libre mercado y la estatización de la economía.
En un episodio inédito, la representante a la Cámara, Gloria Elena Arizabaleta, emitió un auto de sustanciación con el cual ordena la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro hasta el 21 de junio, a las 4:00 de la tarde. La decisión, condensada en el radicado 7.525 y fechada el 10 de junio de 2026, se argumentó como resultado de una investigación por presunta intervención en política; por ello, la medida se extendería hasta el día de la segunda vuelta presidencial.
Lo más llamativo de la decisión de la congresista es que pertenece al mismo partido del presidente de la República y no midió el impacto en el actual proceso electoral. Este escenario ya está cargado de animosidad, pues es la primera vez que las ideas de izquierda se aferran al poder frente a un candidato que perdió en la primera vuelta por poco menos de 700.000 votos.
Esta situación ha crispado el ambiente político en una nación que nunca había experimentado una división tan profunda. Así, los comicios del próximo 21 de junio, en los que se elegirá al mandatario que llevará las riendas del país hasta 2030, se desarrollarán bajo una alta tensión y en medio de graves alteraciones del orden público, especialmente en los departamentos de Cauca y Antioquia.
La actitud abiertamente electorera del presidente Petro en el ejercicio del Ejecutivo es un problema que debe analizarse en las instancias pertinentes. Su participación política a través de discursos públicos y redes sociales no puede pasar desapercibida, y serán las autoridades correspondientes quienes lo investiguen en su momento. Sin embargo, resulta inaceptable que una copartidaria del Pacto Histórico pretenda suspender al presidente de forma unilateral, sin la participación de los demás miembros de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
Lo de la señora Arizabaleta es una de esas anécdotas que pasarán a la historia, no solo por la torpeza de su acción, sino por la temeridad de un auto de sustanciación que seguramente le acarreará problemas legales en el futuro. Bajo ninguna circunstancia se puede aceptar que los propios legisladores torpedeen las elecciones presidenciales para desequilibrar el terreno de juego, empujando prácticamente al presidente a participar de frente en la contienda. Intentar que Petro reciba una «licencia» disfrazada de suspensión es una de esas jugadas politiqueras que deben castigarse con todo el peso de la ley.
Aunque la señora Arizabaleta no volverá al próximo Congreso de la República, sigue siendo una actriz política a través de terceros y familiares que aún mantienen poder en el Valle del Cauca. Ahora, la pelota está en el terreno de los altos tribunales. Son ellos quienes deben actuar en defensa de la democracia, poner los puntos sobre las íes y dejar en claro que el país aún cuenta con instituciones serias, las cuales se pusieron a prueba durante el gobierno que ya casi termina.
