Cinco caminos que debe seguir la tributaria

A la Ley de Ajuste Económico se le empieza a acabar el tiempo de discusión en un Congreso que saldrá a vacaciones antes que muchos colegios. Por ahora, solo existe una iniciativa del Gobierno Nacional y de algunos partidos para lograr que el Estado cuente con mayores recursos para la inversión social y sus obligaciones inherentes.

En todas las propuestas de ley se pone de manifiesto que, bajo la premisa del 70-30 expuesta por la administración De La Espriella, debe pesar más el recorte estatal. Existen cinco rutas o caminos expeditos para sacar adelante tal empresa. Lo primero que hay que decir es que el país necesita urgentemente un rescate fiscal de grandes dimensiones, pero el que se apruebe debe recortar el Estado y no trasladar la cuenta a los estratos 1, 2 y 3.

El rescate es un imperativo gubernamental, pues sin él, la deuda neta del Gobierno pasaría del 58,6% del PIB en 2026 al 82,1% en 2030, considerando que los intereses ya se llevan $28,6 de cada $100 de impuestos. Además, el Comité Autónomo para la Regla Fiscal (Carf) proyecta un déficit del 9,5% del PIB en 2027, el más alto de la historia, superando incluso al registrado durante la pandemia. Lo cierto es que el Congreso y el Gobierno deben dar este debate con altura política y rigor técnico.

El segundo punto, sobre el cual hay suficiente ilustración, es que el ajuste debe venir del Estado. En el proyecto radicado, sin embargo, la reducción no proviene de esa fuente, pues el recorte efectivo del gasto aporta apenas entre el 21% y el 25% del efecto de la ley, y no el 70% anunciado. Cerca del 72% del bloque “Reducción del Estado” en 2027 corresponde a impuestos y contribuciones; por ejemplo, el impuesto a la cerveza pesa casi el doble que el recorte de contratos de prestación de servicios. El Gobierno puede dar señales de buena voluntad recortando contratos, adelantando el ajuste de nómina, reduciendo el número de ministerios y usando inteligencia artificial contra la evasión, donde cada punto menos en el IVA equivale a cerca de $1,5 billones.

Un tercer camino advierte que los impuestos a la cerveza y a las bebidas endulzadas con edulcorantes los pagarán las tiendas de barrio y los hogares populares, afectando aún más el alto costo de vida que ronda el 6,5%. Esos tributos recaerían sobre 450.000 tiendas de barrio, de las cuales el 95,8% están ubicadas en estratos 1 a 3. El precio de la cerveza subiría entre un 50% y un 70%. Asimismo, la reforma haría pagar a una bebida con edulcorante no calórico lo mismo que a una con 8,9 gramos de azúcar, castigando a quien redujo el azúcar usando edulcorantes y premiando a quien no lo hizo. Al final, las tiendas de barrio perderían alrededor de $15 billones en ventas al año.

El cuarto camino que tienen el Congreso y el mismo Ministerio de Hacienda es la devolución del IVA, la cual debe empezar ya, mediante transferencia y sin exigir facturas. Un hogar de menores ingresos paga unos $138.000 mensuales de IVA y hoy recibe apenas cerca de $50.000. Devolver primero y ampliar la base después es la estrategia que hace aprobable una reforma enfocada en este impuesto.

El quinto camino demuestra que existen alternativas de recaudo superiores en la práctica. Aplazar la rebaja de renta a las grandes empresas rendiría entre $6 y $10 billones al año desde 2028, una cifra mayor a lo que se dejaría de recaudar sin las dos reformas ($5,3 a $8,9 billones). Adelantar el recorte de nómina, reducir la evasión e incluso vender el otro 10% de Ecopetrol -ya aprobado- son alternativas viables. Acciones como emitir bonos de solidaridad podrían completar caminos menos dolorosos para las familias y las empresas.

Los congresistas tienen en la reforma tributaria y en el ahorro del Estado su debut en la presente legislatura. Son ellos quienes pueden perfeccionar una cascada de impuestos para transformarla en una estructura mucho más adecuada para estos momentos de pobre crecimiento económico.