El país de la improvisación tributaria

La noticia más esperada por las empresas: la Corte Constitucional suspendió “provisionalmente” el recaudo de la segunda cuota del impuesto al patrimonio prevista para el próximo lunes 4 de mayo, únicamente para las entidades sin ánimo de lucro del régimen especial (universidades) y aquellas en liquidación. Para el resto de las compañías, el gravamen se mantendrá; el primer pago se realizó el pasado 1 de abril.

Importante tener en cuenta dos cosas, la primera que la medida -adoptada por el Gobierno Nacional- impactó a más de 15.000 empresas con patrimonios iguales o superiores a $10.474 millones con la cual se buscaba recaudar cerca de $8 billones, según estimaciones del Ministerio de Hacienda, que consiguió unos $4 billones en la primera cuota pagada el pasado 1 de abril. En el caso de las sociedades extranjeras, el primer pago tenía previsto realizarse el 30 de abril, tal como lo establecía el Decreto 240 de 2026.

El segundo tema es que Colombia, de lejos, es el país de la improvisación tributaria por parte de la administración central. Se abre paso entre los abogados tributarios el objetivo de que el Gobierno tenga que devolver impuestos pagados a las personas naturales contribuyentes, ante la eventualidad de se declaró la inexequibilidad de los decretos legislativos y se espera que la sentencia podría incorporar algún mecanismo de devolución o recuperación del tributo pagado.

Hay que esperar el sentido y el alcance de la decisión que adopte en el respectivo proceso de control de constitucionalidad; lo único cierto hasta ahora es que si la Corte Constitucional tumba el decreto con efectos retroactivos, los contribuyentes que declararon pero no pagaron quedarían libres de la obligación, sin que se les pueda cobrar el impuesto ni los intereses desde el vencimiento. Una auténtica Torre de Babel tributaria que afianza la idea de que en Colombia la seguridad tributaria no existe y que el Frankestein del Estatuto Tributario es un adefesio que sigue creciendo con reformas, decretos, emergencias y todo tipo de normatividad que desdice de una organización tributaria que le permita a las empresas poder tener una planeación en el modelo de sus negocios a largo plazo.

Hace un mes que el International Competitiveness Index, elaborado por el centro de pensamiento estadounidense Tax Foundation, señaló que Colombia ocupó el puesto 36 entre los 38 países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Ocde, entre los peores regímenes, claramente, el país se ubica entre los tres con peor competitividad tributaria, con un puntaje de 51,1 sobre 100. El índice está basado en dos pilares fundamentales: la competitividad y la neutralidad.

Para el primero, se mide la capacidad que tiene un país para mantener tasas impositivas marginales bajas. Es decir, que compara qué tan bien los países pueden incentivar el trabajo y la inversión mediante el cobro de porcentajes reducidos de impuestos sobre las ganancias de personas y empresas; además de la neutralidad que mide qué tanto recauda el sistema sin generar distorsiones económicas.

Lo más curioso es que los candidatos con opciones presidenciales no hablan sobre el tema, muy a pesar de que tendrán que enfrentar un déficit fiscal de casi 7%, realidad que los obligará a hacer una verdadera reforma tributaria estructural.