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Diana Margarita Ojeda Visbal, procuradora delegada de Salud, Protección Social y Trabajo
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Diana Ojeda, procuradora delegada de salud dijo que hay algunos procesos procesos disciplinarios en curso, pero están bajo reserva
Mediante acción popular, la Procuraduría delegada solicitó medidas cautelares y preventivas, contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, con el fin de solucionar el problema de escasez de medicamentos en el país.
La citada acción judicial tiene fecha del 12 de septiembre de 2023 y está compuesta por 18 páginas en las que, por ejemplo, detalla los objetivos que pretende. El primero de ellos, "la protección de los derechos colectivos al acceso al servicio público de salud representados en el acceso universal de los ciudadanos a medicamentos".
También se incluye allí "la protección de los derechos colectivos a la moralidad administrativa, vulnerados, por las omisiones de las autoridades administrativas encargadas de la construcción de las políticas y marcos regulatorios necesarios para garantizar, en defensa del interés general, el acceso de la población a los medicamentos en condiciones de equidad".
En el texto se lee que "ha considerado la Procuraduría, que dichos objetivos serían alcanzables, mediante la ejecución de algunas órdenes del juez constitucional, como la señalada a folio 55 de la demanda: Establecer una Mesa de Trabajo a la que se convoquen a los representantes de las farmacéuticas; mayoristas; entidades promotoras de salud; instituciones prestadoras de servicios de salud; representantes de los usuarios; de los establecimientos de comercio que expenden medicamentos y de la Procuraduría General de la Nación, con el propósito de establecer las bases de una nueva política farmacéutica orientada a la garantía del acceso con equidad a los medicamentos, mediante el control de precios".
"Lo anterior, por cuanto la investigación que en sede preventiva adelantó este organismo de control, dio cuenta de múltiples falencias, precisamente descritas en la demanda -inclusive la problemática del control de precios de medicamentos-, que encontramos estrechamente asociada a la ausencia de una nueva Política Farmacéutica Nacional que reemplace la adoptada por el Conpes 155 de 2012", agrega el escrito.
Según la acción popular, igualmente, "se tuvo en cuenta que dicho Conpes había establecido un plan de acción a 10 años que culminaba en 2021; que en 2019 no se evidenciaban acciones orientadas a corregir en un nuevo Conpes, las deficiencias halladas, y también que la Ley Estatutaria de Salud, Ley 1751 de 20154, dispuso en el artículo 23 que el Gobierno Nacional establecería una Política Farmacéutica Nacional, orientada a establecer mecanismos de transparencia y a garantizar la oferta y disponibilidad de medicamentos en el mercado nacional".
A lo largo de las páginas, la acción popular presenta un especie bitácora con los reportes de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), en donde se mencionan las dificultades relacionadas con la proveeduría de los medicamentos. Allí se comparte una lista de 31 referencias con la etiqueta de desabastecidos y otros 114 aparecen con estado de monitorización.
El 15 de marzo de 2023, según el accionante, "se recibió por el canal electrónico de PQR de la Procuraduría General una queja que da cuenta de posibles hechos de corrupción al interior del INVIMA, en el trámite de registro sanitario de la Levotiroxina, un medicamento esencial".
En las páginas de la acción popular aparece la siguiente reseña:
Bloqueo de trámite de registro para medicamento en desabastecimiento : Procaps, bajo radicado 2022122576, solicitó ante Invima registro sanitario nuevo para el producto Levotiroxina150 MCG (capsula blanda gelatina). Aunque en noviembre de 2022 se hizo visita en planta para las concentraciones y en febrero de 2023 se hizo visita de ampliación BPM parafabricar Levotiroxina en áreas comunes aun está pendiente el concepto de bioqequivalencia y de inclusión en norma farmacológica.
El 12 de enero de 2023, con el visto bueno de Minsalud, el laboratorio se reunió con Francisco Rossi (director general encargado) y Judith Mestre Arellano (directora encargada de medicamentos y productos biológicos), quienes se comprometieron a dar celeridad al tema por ser un medicamentoen desabastecimiento (solicitud de priorización que viene desde noviembre de 2022).
Por fuente interna se sabe que Judith Mestre Arellano y el funcionario Erwin Guzman (nuevo coordinador del área) tiene bloqueado el trámite sin importarles que esté en riesgo de desabastecimiento. Colocan pretextos sin justificación y no avanzan con el laboratori. Eso es corrupción y una conducta indebida por parte de estos funcionarios, tanto con el usuario, como con la población colombiana.
El 11 de septiembre de 2023, de acuerdo con la acción judicial, la Cámara de Medicamentos de la Andi, reportó que a pesar de que se han hecho varias reuniones técnicas entre gremios y actores del sector farmacéutico, con el propósito de resolver los problemas de gestión del Invima, la designación de directores encargados durante el último año no ha favorecido la resolución de la problemática.
"El informe preparado por la Cámara de Industrias Farmacéuticas de la Andi, que agremia a 78 compañías productoras de medicamentos, que representan el 77% del mercado en Colombia advierte sobre la acumulación de 27.904 trámites sin evacuar en el Invima, el 64% de los cuales tendrían alto impacto en la salud de la población por el implícito riesgo de desabastecimiento", se lee también en el documento de la Procuraduría.
En consideración a lo expuesto, la Procuraduría Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social, manifestó en la acción popular que "ha requerido reiteradamente al Ministerio de Salud y Protección Social y al Invima, en defensa del ordenamiento jurídico y de los derechos fundamentales a la salud y a la vida de la población, sin embargo, las respuestas proporcionadas por dichas entidades no han resuelto de fondo ni los interrogantes ni la problemática, razón por la cual ha dado traslado a la Sala Disciplinaria de Instrucción, a efectos de que se adelanten las investigaciones y sanciones que correspondan".
Al completar la exposición de las presuntas situaciones irregulares, la Procuraduría apuntó que da trámite a la acción popular con el fin de que se impartan las órdenes que se consideren necesarias, dirigidas al demandado Ministerio de Salud para que en su condición de órgano rector del sector salud:
De acuerdo con la procuradora delegada de salud, protección social y trabajo, Diana Margarita Ojeda Visbal, hay varios medicamentos que presentan escasez, bien sea porque realmente no hay disponibilidad del fármaco, o porque se encuentran en algún proceso de monitoreo, pero dichos procesos se han dilatado, precisamente por la crisis en el sistema de salud.
“Hay procesos que no avanzan, en parte, por la gran problemática administrativa, y la situación del Invima, además de las políticas públicas actuales. Este tema lo está manejando un magistrado del tribunal contencioso administrativo, y que nosotros administramos permanentemente, por ejemplo, hace un mes la Asociación de Psiquiatría nos informó de la escasez de medicamentos convulsivos, esta información se reúne y se le envía al tribunal”, explicó Ojeda.
En medio del Foro Temático, desarrollado por la Andi y Acemi, la procuradora dijo que, si bien reconocen que hay otros factores que están incidiendo en esta problemática, hay otros administrativos y operativos que están agudizando la crisis.
Ojeda también aseguró que el Gobierno ha presentado planes de acción, los cuáles están en manos del Ministerio Público.
“El Invima dijo que ya tiene un plan, y presentaron un informe. Nosotros los revisamos y por ejemplo nos indicaron que había 28.000 medicamentos escasos o desabastecidos. Nos dijeron que de esa lista ya se regularizaron 8.000 medicinas. Pero, en esos no están los esenciales, o los que tienen que ver con alto costo. Lo que está son cremitas, pañitos húmedos, entre otros”, explicó la funcionaria.
El problema de esa solución, es que estarían mezclando los medicamentos, lo que dificulta rastrear si son esenciales, de alto costo, si se deben solicitar por importación, por lo que se tomarán otras medidas, además de las cautelares ya emitidas.
“La respuesta no satisfizo a la Procuraduría y a los técnicos con quien nos apoyamos, por lo que se le envió el reporte al tribunal, y allá ellos definirán la situación”.
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