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La funcionaria pública expresó que por medio de la 'violencia' no se podrán resolver las diferencias entre la empresa y el Gobierno
Una nueva discusión se dio entre el Gobierno Nacional y la empresa de domiciliarios Rappi por la reforma laboral. Esta vez fue por parte de de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, la cual encabezó, junto a Gustavo Petro, el proyecto para modificar las condiciones laborales de varias organizaciones, para otorgar los beneficios como salud, pensión, auxilio de transporte y primas.
Ramírez recalcó que, "llamo al CEO de Rappi para que se mantenga en la mesa técnica en la que participa o levantamos la mesa y nos vemos en las calles como él dice. Una empresa que tiene un capital de más US$1.000 millones, me parece injusto que no tengan como darle garantías a sus trabajadores y trabajadoras".
Además, añadió que todo trabajador independiente debe tener una 'pila' (Planilla Integrada de Liquidación de Aportes), para que se pueda realizar aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y de Cesantías. Por lo que la ministra dijo que va a "corroborar si esto se está cumpliendo, sino créanme que procederemos como debe ser".
Simón Borrero, CEO de Rappi en diálogo con la FM dijo que dicho proyecto dejaría a 90% de los rappitenderos sin ingresos. Para Borreo, la reforma haría que Rappi quede como una empresa a la que se le "fuerza a contratar empleados de tiempo completo, que como está escrita la reforma es lo único que funcionaría financieramente y de esa manera, de 150.000 personas que han recibido ingresos de la compañía en lo últimos seis meses, solo 10.000 a 15.000 personas quedarían con oportunidades".
Adicionalmente, expresó que "quiere forzar un modelo antiguo de formalidad versus entender los beneficios de la flexibilidad y de ingresos complementarios que necesita tanta gente en Colombia".
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