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Declaratorias de estados de emergencia
Tras la caída de la tributaria, gobierno busca recaudar el hueco en PGN con declaración de emergencia económica, cuarta de Petro
En lo que vamos del siglo XXI, la emergencia económica ha sido una de las herramientas a las que han acudido los gobiernos en Colombia con el fin de enfrentar choques fiscales, sociales o sectoriales que no han podido ser resueltos de manera ordinaria.
Por lo que cada vez que ha sido decretada se ha tenido algo en común: la necesidad urgente de obtener recursos adicionales con el fin de atender una crisis en específico y así evitar un deterioro mayor en las finanzas públicas o de sectores estratégicos.
En esta ocasión, el presidente Gustavo Petro busca decretarla debido a que el Congreso hundió la reforma tributaria con la que se buscaba recaudar $16,3 billones, por lo que esta nueva declaratoria tiene como objetivo recoger $16 billones.
“Quienes hablan de derroche del gasto y de recorte no entienden ni las necesidades sociales ni el estado social de derecho, por eso vamos hacia una emergencia”, señaló el Presidente.
Desde comienzo de este siglo, se ha declarado emergencia económica en siete ocasiones. Pero solo en el Gobierno Petro, a falta de siete meses para terminar, se ha dado en tres ocasiones, las mismas que declaró Juan Manuel Santos en sus dos mandatos.
La primera que declaró Petro fue en 2023 debido a la situación en La Guajira por la llegada del Fenómeno de El Niño. Para ese momento el Presidente anunció cambios en salud, agricultura, agua, energía y educación. Pero luego la Corte Constitucional tumbó varios de los decretos expedidos en el marco de dicha emergencia
La segunda fue en 2025 con la escalada de violencia que ocurrió en el Catatumbo. Para esa ocasión la Corte Constitucional debió intervenir para determinar cuáles eran los decretos que eran viables y cuáles no para atender la situación.
Allí se activaron paquetes de impuestos con los que el Gobierno buscaba recaudar alrededor de $1 billón con el fin de atender la situación. Se buscó recaudar dinero por medio de cobros a juegos de suerte y azar online, impuesto de timbre y gravamen a las exportaciones de carbón y petróleo.

Por su parte, la última emergencia económica que ha declarado Petro fue el aumento de los casos de a fiebre amarilla en el primer semestre de este año. En ese escenario no hubo mayor despliegue de medidas económicas debido a que los casos no siguieron en aumento.
Anteriormente, la emergencia ya la había decretado Iván Duque, por la pandemia del covid-19; y Juan Manuel Santos por los damnificados a causa de las lluvias, la crisis migratoria venezolana y el desastre natural que había ocurrido en Mocoa.
La semana pasada el ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó la declaración del estado de emergencia económica con el fin de afrontar la situación fiscal del país en 2026. “Esperamos la recuperación de los recursos que el Congreso desfinanció del Presupuesto Nacional, que ya está desfinanciado en $16,3 billones”, dijo el titular de la cartera.
En el borrador conocido se indica que los puntos allí expuestos están sujetos a las consideraciones del Ministerio de Hacienda.
De igual manera, en el documento se encuentran algunos impuestos que revivieron de la reforma tributaria que fue hundida. Algunos de estos son el IVA a los juegos de suerte y azar en línea y el impuesto a los licores. “Los nuevos recursos solo deben salir de los megarricos que han sido los beneficiarios de la política económica. Es una devolución pequeña de los grandes beneficios obtenidos a la sociedad”, señaló Petro, y agregó que se basarán en los mismos criterios que las comisiones económicas del Congreso rechazaron.
En cuanto a los juegos de azar y suerte se indica que el hecho generador del tributo serían los depósitos en dinero (efectivo, transferencias en dinero o criptoactivos). La base gravable sobre las ventas será el valor del depósito en dinero, dividido por 1,19.
En el caso de los licores, se señala que el componente específico será por cada grado de alcohol en unidad de 750 centímetros cúbicos o su equivalente, será de $750. Además, se lee “para el año gravable 2026, la tarifa de componente ad valorem del impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, será de 30%”.
Por su parte, Andrés Felipe Velásquez, socio de Velásquez Osorio Abogados, explicó que algunos de los impuestos que no se encontraban incluidos en la Ley de Financiamiento son el impuesto al patrimonio para personas jurídicas (empresas) con tarifas de 0,5% a 1% y el GMF que se incrementaría a 5x1.000.
“También se crearía un impuesto intitulado “impuesto de estabilidad fiscal” para la exportación de petróleo y carbón, principalmente”, señaló Andrés Felipe Velásquez.
Desde que se supo que vendría una nueva posible declaración de emergencia, los gremios alertaron sobre esta medida. El Consejo Gremial Nacional expresó su desacuerdo con esta vía y solicitó a la Corte Constitucional una revisión inmediata del eventual decreto.
A esto se sumó el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, quien calificó la medida como “profundamente inconstitucional”. Asimimismo, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, indicó que la medida podría afectar la estabilidad económica, la confianza legítima y seguridad jurídica del país.
Los títulos a 10 años están rondando 13,15%. Los papeles colocados vencen en 2029, 2033, 2035 y 2040, y registraron rendimientos de 12,99%, 13,05%, 13,24% y 13,32%, respectivamente
Para el gobierno de Gustavo Petro se proyecta un incremento acumulado de $78 millones para VIS y $52,2 millones para VIP