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Gobierno tomará 12% de la energía eléctrica de las generadoras
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El alto tribunal confirmó que la medida no surtirá efectos mientras la Sala Plena profiere una decisión de fondo sobre su constitucionalidad
Días atrás, la Corte Constitucional suspendió la emergencia económica mientras estudia de fondo su exequibilidad. Entre tanto, se conoció que el alto tribunal también suspendió los efectos del decreto con el que el Gobierno impuso una contribución de 2,5% sobre la base gravable antes de impuestos a las empresas generadoras de energía y les exigía entregar 12% de la energía que vendieran en bolsa.
Por medio del Auto 101 de 2026, la Corte Constitucional determinó que, a partir de la fecha, el Decreto Legislativo 0044 del 21 de enero de 2026 "por el cual se adoptan medidas para propender por la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica en el marco del estado de emergencia económica y social", no surtirá efectos hasta que la Sala Plena profiera una decisión respecto a su constitucionalidad.
Sobre esta decisión, hicieron salvamentos de voto los magistrados Héctor Alfonso Carvajal Londoño y Vladimir Fernández Andrade; es decir, se mostraron en desacuerdo con la suspensión del articulado.
Cabe recordar que, con este decreto y otros expedidos en el marco de la emergencia, el Gobierno buscaba recaudar alrededor de $12 billones de los $16,3 billones que contemplaba reunir con la ley de financiamiento que se cayó en el Congreso a finales del año pasado.
Con la medida, el Ministerio de Hacienda creaba un aporte en especie de 12% a cargo de las empresas de servicios públicos domiciliarios que desarrollen la actividad de generación de energía eléctrica hidráulica en el Mercado de Energía Mayorista con despacho centralizado.
A su vez, el decreto también estipulaba una contribución parafiscal destinada al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que se aplicaba sobre la utilidad antes de impuestos de la vigencia 2025. La contribución era de 2,5% sobre la base gravable definida y debía pagarse en dos plazos, conforme a lo establecido en la norma.
Frente a la medida, Natalia Gutiérrez, presidente de Acolgen y del Consejo Gremial, señaló que respetan y acatan la decisión de la Corte Constitucional y que se respeto el principio del rigor constitucional, técnico y jurídico.
"La seguridad jurídica es una condición básica para garantizar inversión, confiabilidad de los sistemas, sostenibilidad financiera y protección efectiva de los consumidores y usuarios. Sin reglas claras y estables, todos los sistemas se debilitan", comentó Gutiérrez.
La dirigente gremial también detalló que el sector eléctrico ha invertido más de $140 billones en 30 años y se requieren inversiones anuales entre $10 y $13 billones para asegurar el suministro futuro. Agregó que cambios abruptos en las reglas debilitan la confianza y ponen en riesgo estas inversiones, "en un momento en el que el país ya enfrenta una escasez de energía firme de -1,6 % en 2025 y en el que, según datos de XM, este déficit podría profundizarse hasta -3,5 % en 2027".
Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación de Generadoras de Energía, también se refirió a la suspensión provisional y dijo que es una medida coherente y esperada luego del mismo anuncio de la semana pasada sobre el decreto de emergencia económica.
El presidente también se refirió a la situación financiera de Air-e y afirmó que el gobierno "es responsable de la prestación del servicio de la energía y debe seguir buscando salidas para evitar que la deuda de $1,7 billones al sistema eléctrico siga ejerciendo presiones a la prestación"
Cultivos como los de plátano y maracuyá sufren fuertes afectaciones, las reservas de agua se mantienen en niveles de más de 80%
También se abordarán temas como migración, seguridad, la relación entre Venezuela y China y los avances en la lucha antidrogas
Uno de los puntos de la discusión fueron el comercio con Ecuador, afectadas por imposición de arancel de 30% a importaciones
