La “palanca” en el Estado cuesta desde $1,2 billones al año a la economía colombiana

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Seguramente usted ha escuchado dichos populares como “lo malo de la rosca es no estar en ella” o “yo tengo un conocido que me ayuda con palanca en ese trabajo”. Pues le cuento que esas situaciones, que se han normalizado en nuestra cultura, dejan pérdidas billonarias para la economía nacional.

Un estudio de la Universidad de Georgetown demostró que el nepotismo, entendido como el uso de un cargo público o privado para favorecer a familiares o amigos con empleos o beneficios, ignorando el mérito y la capacidad, deja pérdidas anuales de $1,2 billones.

El autor de esta investigación es Juan Felipe Riaño, profesor asistente del Departamento de Economía de Georgetown University, quien aseguró que el nepotismo y el favoritismo en la asignación de empleos y contratos generan costos económicos importantes, al desplazar criterios de mérito y eficiencia en la selección de las personas que ocupan estos cargos.

En Colombia suele hablarse de “palancas” para conseguir un puesto público. ¿Cuál es la principal diferencia entre el nepotismo que usted identifica en su investigación y otras formas de favoritismo dentro del Estado, como las conexiones políticas?

Lo que en Colombia llamamos “palanca” agrupa cosas muy distintas: el amigo político, el padrino electoral, el familiar que trabaja en la administración pública. Mi investigación se concentra en una forma específica y muy poco estudiada: el nepotismo burocrático, es decir, el favoritismo hacia familiares ejercido por funcionarios que no llegan por voto popular.

Hablo de los niveles directivo y asesor: secretarios generales, subdirectores, jefes de oficina y asesores de despacho, que son quienes, en la práctica, deciden el día a día del personal del Estado. No hablo de los servidores de carrera administrativa, que entran por concurso.

¿Cuál es la diferencia con las conexiones políticas?

Está en tres frentes. El primero es la escala: en el periodo que estudio había unos 18.600 cargos directivos, frente a cerca de 1.130 cargos ejecutivos de elección popular, entre presidente, gobernadores y alcaldes. Es una relación de 16 a 1, pero que no la ejerce un puñado de políticos, sino miles de funcionarios con poder de decisión.

El segundo es el vínculo: una alianza política se rompe fácilmente o se renegocia, mientras que el parentesco es mucho más difícil de negar, viene de antes del primer empleo y difícilmente se puede terminar.

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Y el tercero es la visibilidad: en principio, al político lo vigilan las elecciones, la prensa y los organismos de control, mientras que las decisiones de personal de un directivo quedan repartidas en varios trámites que casi nadie ve.

El estudio encuentra que una persona se vuelve 40% más propensa a ser promovida cuando adquiere una conexión familiar con un alto funcionario y obtiene un aumento salarial de entre 2% y 5%. ¿Cómo se traduce esto en términos de dineros públicos y de oportunidades que dejan de recibir otros funcionarios?

Pongámosle base a esas cifras. Comparado con un colega similar sin ese parentesco, un funcionario que queda emparentado con un gerente o asesor de su entidad ve aumentar en 40% su probabilidad de ascenso. La base es baja: los ascensos son poco frecuentes para todos, cerca de 3% al año, y para el conectado suben a alrededor de 4,5%.

Su salario, además, crece entre 2% y 5% más mientras el pariente permanece en el cargo. Pero el sueldo es apenas la punta del iceberg. Al sumar todos los canales que puedo medir, el costo anual para las entidades donde operan estas redes es de unos $1,2 billones, que a la tasa promedio del periodo equivalen a unos US$410 millones.

Eso representa cerca de 7% de los ingresos anuales de esas entidades. No es 7% del Presupuesto General de la Nación: frente al presupuesto de la época, representaría alrededor de medio punto porcentual.

¿Y cómo se conecta el favoritismo con esa plata?

El eslabón es la capacidad administrativa. En Colombia, una parte importante de los recursos de una entidad no llega por fórmula, sino por gestión: la entidad debe proponer proyectos, firmar convenios con otras entidades, ejecutar a tiempo y rendir cuentas.

Quien asigna esos recursos escoge cada año a los ejecutores que mejor cumplen. Ese trabajo lo hace el equipo administrativo; pero, cuando los cargos y los contratos se asignan por parentesco y no por capacidad, la entidad propone menos, ejecuta más lento y rinde cuentas peor, por lo que los convenios y las cofinanciaciones se van para otras entidades.

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Eso es precisamente lo que encuentro en los datos: mientras las redes familiares están intactas, esas entidades consiguen menos recursos del resto del Estado y, cuando las redes se desmontan, lo primero que se recupera es el ingreso.

No es plata que alguien se roba de una caja, es plata que existía y nunca llegó a esa entidad ni se convirtió en servicios para sus ciudadanos. A eso hay que sumarle lo que ninguna cifra captura del todo: el candidato mejor calificado que se quedó por fuera. Por eso leo el número como un piso, no como un techo del costo real del nepotismo.

Uno de sus hallazgos es que 38% de los funcionarios tenía algún familiar dentro del sector público y 18% tenía una conexión familiar con un gerente o asesor. ¿Qué tan preocupante es esta magnitud para la capacidad del Estado colombiano?

Primero, el contexto. El estudio cubre a todos los servidores y contratistas del Estado colombiano entre 2011 y 2017, cerca de 1,1 millones de personas, excluyendo militares, policías y cargos de elección, y utiliza los registros administrativos oficiales. Es un fenómeno estructural de la burocracia: aparece en entidades nacionales y territoriales de todos los signos políticos y no corresponde a un gobierno en particular.

Una aclaración de método: no reconstruyo las redes familiares por apellidos, que en Colombia no prueban nada. Lo que hago es encadenar, año tras año, las declaraciones juramentadas de familiares que todo servidor debe presentar. Todo se procesa con identificadores anonimizados y se reporta de forma agregada, así que del estudio no se puede señalar a ninguna persona ni a ninguna entidad.

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Las cifras precisas de la versión final son estas: 36% de los funcionarios tiene al menos un pariente en alguna entidad del Estado y 16% tiene un pariente que es gerente o asesor en alguna entidad. Dentro de la misma entidad donde la persona trabaja, que es donde el favoritismo puede operar, las cifras son mucho menores: 10% y entre 2% y 3%. Y ojo: tener un pariente en el Estado no es un delito ni es, por sí solo, nepotismo.

¿Qué significa esto para un joven colombiano que intenta ingresar al Estado por un concurso de méritos?

Hay una buena y una mala noticia. La buena es que, en promedio, los directivos promueven a los mejor calificados, con más educación, más experiencia y menos antecedentes. Es decir, el filtro meritocrático sí funciona como regla y el concurso sigue valiendo la pena.

La mala: cuando el promovido es familiar de un alto funcionario, esas ventajas se diluyen y, en los antecedentes que registra la Procuraduría; es decir, sanciones disciplinarias e inhabilidades reportadas, llegan a invertirse. Hablo de patrones estadísticos agregados, no de casos individuales.