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Miguel Gómez, ministro de Hacienda
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El Gobierno busca contener el gasto público, corregir el desbalance fiscal y recuperar la confianza de los mercados
Colombia atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia en el manejo de las cuentas nacionales. La deuda neta llegaría a 67,3% del PIB el próximo año, mientras que el déficit fiscal se proyecta en 9,4% del PIB.
El gasto del Estado está desbordado y la administración, que lleva poco más de un mes en la Casa de Nariño, busca, en palabras del ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, “adelgazar el Estado”.
En entrevista con La República y La FM de RCN, el ministro explicó que el Gobierno busca contener el gasto público, corregir el desbalance de las cuentas fiscales y recuperar la confianza de los mercados.
Para ello, anunció una reducción de gastos por más de $21 billones, una revisión de las transferencias y una ley de rescate que incluirá medidas para estimular el crecimiento, entre ellas cambios en algunos impuestos.
Sí, yo creo que ese es el monto que podemos permitirnos. Pero voy a explicar por qué pasó de $575 a $635 billones.
Cuando miramos el presupuesto que había presentado la administración saliente, ese presupuesto estaba desfinanciado en $30 billones y por eso el Congreso lo devolvió, en un caso que no tiene prácticamente precedente en la historia económica de Colombia
Cuando revisamos ese proyecto en detalle, encontramos que faltaban otros $30 billones, porque habían dejado desfinanciadas al salud, las pensiones, los subsidios eléctricos y no estaba realmente incorporado el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, Fepc.
Teníamos una cantidad de partidas que estaban incompletas y, lo único que hicimos fue, en lugar de esconder esas partidas, ponerlas encima de la mesa y decir la verdad. Por eso llamamos a este el “presupuesto de la verdad”, comparado con el “presupuesto de la mentira”.
El funcionamiento pasa de $368 billones a $393 billones; los gastos de personal, de $67 billones a $72 billones; el recaudo, de $322 billones a $299 billones; y otro de los grandes cambios está en la deuda, cuyo servicio pasa de alrededor de $100 billones a $155 billones.
Sobreestimaba los ingresos. Decían: “Vamos a recibir una enorme cantidad de plata en impuestos”, y eso no se producía.
Cabe resaltar que la Dian incumplió las metas de recaudo a lo largo de todo el gobierno anterior, mientras tanto el gasto sí aumentaba.
Entonces, como los ingresos no eran lo que ellos habían pronosticado, pero los gastos sí, salían y se endeudaban. Y entonces la deuda empezó a crecer a una velocidad aterradora.
Adicionalmente, hicieron una serie de cambios. Decidieron que tener deuda en moneda extranjera no era bueno y que pasaban todo a moneda local.
Eso generó una enorme cantidad de manipulaciones y operaciones de mercado que hoy en día nos tienen con un nivel muy bajo de deuda externa pero muy alto de obligaciones internas.
El próximo año necesitamos conseguir $150 billones en pesos en moneda local. ¿Qué significa eso? Que el Estado va a ir al ahorro nacional y se va a chupar $150 billones.
¿A quién le está quitando esa plata? Pues se la está quitando a las empresas que necesitan esos dineros para invertir, a los consumidores que necesitan esos recursos para financiar consumo, para comprar y para acceder a crédito. Todo ese dinero va para el Estado.
Naturalmente, como el Estado se chupa esos recursos, la tasa de interés tiene una tendencia al alza, cosa que es mala para la economía.
Adicionalmente, tenemos que salir a conseguir $88 billones en crédito externo. Entonces, el problema de Colombia hoy es la deuda externa, que es un problema que viene desde hace bastantes años, pero que obviamente se agravó en el gobierno anterior por este efecto de sobreestimar los ingresos y, al mismo tiempo, subestimar los gastos.
Ese desequilibrio es el que nos tiene con el agua al cuello.
Eso no se puede tocar. Hay una protección constitucional. Lo que sí es cierto es que nuestro presupuesto es supremamente rígido. Tenemos 19 impuestos nacionales, sin los municipales y los departamentales. De esos, cuatro son 95% de los ingresos del Estado: renta, IVA, los impuestos del comercio exterior, que son aranceles y el IVA externo, y el 4 x 1.000. Esos cuatro impuestos representan 95% de lo que recibe el Estado.
Ese porcentaje está concentrado en cuatro tributos, pero quedan otros 15, que son impuestos mucho más pequeños, que desvían la atención de la Dian en fiscalización, que no producen mucho y que sí son, naturalmente, obstáculos para el crecimiento.
Entonces, hay que tratar de simplificar al máximo nuestros impuestos.
Lo ideal sería que tuviéramos tres grandes impuestos: renta, IVA y comercio exterior. El 4 x 1.000 es un impuesto que es muy eficaz en términos de recaudo.
Era un impuesto temporal. En Colombia todo lo que es temporal es lo que más perdura. Era un impuesto que debería haberse reducido. Estamos mirando, en una ley distinta, en la ley de rescate, la posibilidad de ir reduciendo gradualmente el impuesto. No lo podemos eliminar de la noche a la mañana.
Ya no se va a llamar ley de financiamiento o reforma tributaria, como las anteriores del Gobierno, sino ley de rescate.
No, es una ley fiscal. Quiere decir que la prioridad está en reducir el gasto, no los impuestos.
Habrán medidas de reducción de impuestos incorporadas en la ley de rescate para estimular el crecimiento de la economía.
Claro que sí.
La sobretasa y el impuesto al patrimonio tampoco. La sobretasa y el impuesto al patrimonio de la reforma económica del año pasado tampoco van. También hay que eliminar eso. Todos esos impuestos han producido algo muy grave en nuestro país.
¿Sabe qué está exportando Colombia? ¿Qué es lo que ha exportado en los últimos años? Gente. ¡Gente! Un millón de personas se fueron de Colombia durante los cuatro años del gobierno de Petro.
Para un país como Colombia, que ya empieza a tener un problema de natalidad, perder un millón de personas es una catástrofe. Es una catástrofe porque, además, por lo general es gente joven, gente que está en plena capacidad productiva.
Lo otro que estamos exportando es lo que más necesitamos, que son capitales. Como no había seguridad, la gente se iba. Como los perseguían con impuestos confiscatorios, la gente se iba. Todo el que pudo se fue.
Entonces, estamos exportando las dos cosas que generan crecimiento, que son el talento humano y el capital. Si no le damos la vuelta a eso, no vamos a poder volver a crecer.
Por eso este proyecto de austeridad es tan importante, porque es una primera señal. Es como un carro que va al abismo, pues en algún momento hay que frenar. Nosotros lo que estamos diciendo es: frenemos.
Así es.
En octubre vamos a presentar la ley de rescate. Esa ley tiene como propósito estimular el crecimiento. Además, el Plan Nacional de Desarrollo va a tener un enfoque regional.
El mejor ejemplo que he encontrado hasta el momento es la modernización de la red eléctrica de la Costa Atlántica, por razones del clima, por el calor, por la salinidad, porque las redes no han sido mantenidas, porque se las han robado, pues se han robado la plata, y por todas esas razones que conocemos. La red eléctrica de la Costa Atlántica es muy deficiente.
Lo ideal sería que los departamentos productores de energía de la Costa Atlántica dijeran: “Mire, invirtamos nuestras regalías en modernizar nuestra red eléctrica para tener menos cortes en el servicio de energía”.
Ese estilo de proyectos generan crecimiento y eso es lo que este Gobierno quiere: que otra vez sea el sector privado el motor de la economía y no el público el que la jalone.
Hablan de una reducción de los gastos del Estado. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Qué van a reducir? En algún momento se consideró reducir ministerios.
Sí. Este presupuesto ya trae más de $21 billones de austeridad, de recorte. ¿Qué estamos recortando ahí? Primero, compras, fundamentalmente compras.
Compras de bienes del Estado: camionetas, computadores, papel. También se va a recortar en tierras, porque tenemos una cantidad de adquisiciones que son rubros sobre los cuales se puede actuar en el corto plazo.
Uno sí puede decirle a las entidades: “Se acabó, se acabó, tiene que apretarse el cinturón”.
Este es el primer gobierno que, luego de muchos años, en lugar de decir “voy a aumentar los impuestos”, dice primero: “Voy a bajar el gasto”.
En la ley de rescate sí estamos muy avanzados en el tema de los números, de cuánto queremos recortar, y queremos mirar naturalmente cómo sería el tema de los impuestos, cuánto generarían de mayor crecimiento y las medidas que benefician la inversión. Es un tema que estamos trabajando día y noche.
Le puedo garantizar que, cuando saquemos ese proyecto, va a ser una cosa que va a llamar la atención por lo novedoso que será. Porque, nuevamente, el énfasis es, primero, “adelgacemos el Estado”.
Compras. Cuando uno abre el presupuesto y lo desagrega, se encuentra con 262 partidas, que son transferencias que han sido creadas por ley y que implican que una parte de los ingresos va para un objetivo específico.
Ahí hay de todo. Entonces, lo que hicimos fue peluquear esas transferencias.
No las podemos eliminar porque se necesita una ley que permita elimine las transferencias. Pero el Presupuesto General de la Nación es como una coladera. Usted coge la plata y se va en pequeñas partidas. Están, obviamente, los grandes rubros, pero se va en una enorme cantidad en las pequeñas partidas.
El Estado cuenta con 92 establecimientos públicos. Esto es el Gobierno Nacional Central, no estamos hablando del nivel territorial. Existe de todo. Tenemos más de 60 fondos.
Usted mira y hay cosas útiles, cosas que no tanto, pero como son partidas relativamente pequeñas, la capacidad que tiene el Estado de controlar la ejecución es nula.
No, a ver. Cuando nosotros llegamos, el 10 de agosto, que fue, digamos, el primer día laboral, vino el terremoto y, obviamente, todos nos pusimos en modo terremoto.
Una semana después, cuando tuvimos un pequeño respiro en el Ministerio de Hacienda, pregunté cómo iba la ejecución y me dijeron que “aumentó $10 billones”.
“La administración tributaria, en marzo de este año, manifestó unas necesidades de recursos. El gobierno saliente había declarado un techo presupuestal inferior”.
Dije “¿qué? ¿cómo así?”. “Sí, $10 billones”. Ya estábamos nosotros en el Gobierno. No habíamos tenido la posibilidad de nombrar a todas las personas ni nada de eso. En esa semana se habían gastado $10 billones.
Entonces, la primera medida fue congelar el presupuesto adicional a que me devolvieron el presupuesto porque estaba desfinanciado, adicional al problema de la emergencia económica derivada del terremoto.
Adicionalmente, el cupo de endeudamiento se lo habían consumido todo. Todo lo que estaba previsto para un año se lo convirtieron en siete meses. No teníamos cómo salir a endeudarnos en pesos colombianos.
Adicional a eso, de pronto descubro yo que seguían gastando. Dije: “No, congele todo”. Y se congeló el proceso.
Cerrando contratos, haciendo cosas. El Estado, pues, tiene cosas que no se pueden remover y que es difícil, pero, digamos, la inercia del gasto seguía y nosotros no podíamos permitirnos eso.
Lo que hicimos fue congelar el presupuesto. Tocó tomar esa decisión, que es supremamente difícil y dolorosa, y, adicionalmente, presentar un presupuesto no solo ajustado, sino con un recorte.
Nosotros hicimos un recorte del gasto público en el presupuesto de este año, en 2026, de $22 billones.
Cortamos 1% del gasto. Entonces, quiero decir, lo que tratamos de hacer es atajar esa avalancha de gasto que habíamos heredado del anterior Gobierno y que, naturalmente, es algo que preocupa porque se hizo no solo de manera irracional, absolutamente irracional, sino sin tener en cuenta cuáles eran las limitaciones que tenía el Estado.
No sé si con mala voluntad. Con el Gobierno anterior tengo la impresión de que había mucha mala fe, también había mucha incompetencia.
No es un problema solo del Ministerio de Hacienda. La orden del Presidente es muy clara: todos los ministros, todos los directivos de institutos y establecimientos públicos tienen que presentar, antes de final de año, un balance sobre los hallazgos sospechosos que encontraron en sus dependencias.
Ahí se va a hacer un trabajo de evaluación de cuáles de esos hallazgos ameritan ser trasladados a la justicia y a los organismos de control.
Son posibles muchas cosas. Hemos encontrado cosas muy preocupantes, no en el Ministerio de Hacienda. Me parece que en el ministerio es donde tal vez menos. Pero todos los ministros encontraron algún problema que no habían anticipado.
Todo eso hay que ponerlo en consideración y que sea la justicia la que lo mire.
Hubo el Libro Blanco que se entregó antes del inicio del Gobierno. Pues esto es un anexo al Libro Blanco.
Iré a Nueva York esta semana. Tenemos unas primeras reuniones con la banca comercial, que son quienes han prestado una parte muy importante de los recursos del país, también con fondos de inversión, que son muy activos en las emisiones de Colombia.
Vamos a acercarnos a ellos, vamos a contarles en detalle estos tres tiempos que tenemos para el corto plazo y, obviamente, tenemos también una cercanía muy fuerte con los organismos multilaterales.
Eso será objeto de una segunda misión. En el estado en el que estamos, nosotros no podemos excluir ninguna opción. Necesitamos todas las cartas de nuestro lado. Y eso implica que tenemos que mirar cuáles son los caminos que tenemos disponibles. Hoy por hoy no descartamos ninguno, porque no sería sensato.
El Gobierno no descarta asistir o acudir a un programa con el Fondo Monetario, con la banca multilateral.
El Gobierno anterior cogió los instrumentos que teníamos de control y los pulverizó. Teníamos el equivalente de la tarjeta Platinum. Nosotros teníamos una tarjeta Platinum, que era la facilidad de liquidez que nos daba el Fondo Monetario Internacional.
Como se fue deteriorando gradualmente la situación de nuestras finanzas públicas, lo que hizo el Gobierno fue decir: “No, yo no quiero tarjeta Platinum”. Renunció, dizque, voluntariamente.
Perdimos esa facilidad que muy pocos países del mundo tienen, muy pocos países. Teníamos ese colchón maravilloso.
Después cogió la regla fiscal y la archivó. Dijeron: "se suspende la regla fiscal, eso es un embeleco neoliberal”. Cuando nosotros llegamos, no había ni regla fiscal ni facilidad, no había nada, porque nos habían dejado realmente en los rines.
Entonces, volver a la regla fiscal sí es un objetivo de mediano plazo. Claro que sí. Quisiéramos volver.
Quisiéramos volver a una regla fiscal que, además, no pueda volver a ser ignorada por gobiernos futuros, y eso implica redefinir cuáles son los controles que tiene la regla fiscal.
Quisiéramos, naturalmente, antes que nada, frenar el aumento de la deuda como proporción del Producto Interno Bruto. Nuestro objetivo es estabilizar el nivel de la deuda porque, si no lo hacemos ahora, la deuda va a seguir creciendo y hay un momento en el cual deja de ser financiable.
Ya nadie le presta a uno. Eso es como cuando usted empieza a quedarse colgado, o sea, gasta más de lo que recibe. Pues, al principio, le fían en la tienda; después, un primo le presta una plata. ¿Llega un momento en que la gente dice: “No, este tipo está muy colgado y ya no le vamos a poder prestar más”?
Es que, Vanessa, el ministro tiene unas papas calientes. Va resolviendo el tema del presupuesto, tiene que resolver el tema de la ley de rescate, que es un tema de financiación, pero le queda la inflación, que se viene, que va a coquetear con 7%, no con 6%, y su relación con el Banco de la República. Además, el fenómeno de El Niño por delante. En el tema de la inflación, que no ha bajado del 6%, ¿su relación con el Banco de la República va a ser de respeto por la autonomía del Banco? ¿No meterse un poco con los codirectores? ¿Cómo va a manejar ese tema, que es crucial para el mercado con su posición frente al alza o la baja de tasas de interés?
Sí. ¿El Gobierno anterior estuvo a esto de quedarse con el Banco Central?
¿De romper la autonomía?
Utilizarlo como herramienta de emisión y tal. Estuvimos muy cerquita.
El Banco Central de Colombia, eso no lo saben los colombianos, es uno de los bancos centrales con mejor reputación en el mundo.
La Constitución obliga al Banco Central y al Gobierno Nacional a tener unas relaciones armónicas. Eso no es facultativo.
La política económica de nuestro país tiene dos pedales. Tiene un pedal que es la política monetaria, que es responsabilidad del Banco Central, y tiene la política fiscal, que es responsabilidad del Gobierno.
Esos dos pedales tienen que estar sincronizados porque, si no, la economía no avanza. Entonces, desde que yo llegué, lo primero que hice fue reunirme con el gerente y establecer una comunicación permanente.
Yo puedo hablar con él las veces que quiera. Él también me llama cuando necesita consultarme algo. Tenemos una relación armónica. Ellos tienen un objetivo, que es el control de los precios. Acuérdense de que la inflación es el impuesto que golpea más duro a los pobres.
Los ricos nos defendemos cuando suben los precios. Los pobres no. Los pobres sí lo sufren directamente. Entonces, el argumento de que la lucha contra la inflación es para favorecer a los ricos es completamente falso. La lucha contra la inflación favorece sobre todo a los pobres.
Y, segundo, está la política fiscal. Las dos cosas tienen que estar coordinadas y la comunicación tiene que ser respetuosa y tiene que ser institucional.
El Banco de la República no es parte del Gobierno, pero es parte del Estado. Lo que no entendió el Gobierno anterior es que existe un Estado que incluye el Gobierno central nacional y el Banco de la República, y el Estado está por encima de los gobiernos y las instituciones. Así tiene que ser. Es que así lo dice la Constitución.
Y, en medio de estas dificultades que tenemos, lo único que este país no necesita es una pelea entre la política monetaria y la política fiscal. Eso sería suicida.
El IVA es un impuesto que tiene una enorme cantidad de ventajas. A la gente no le gusta el IVA. Y tienen razón, pues los impuestos son impuestos. Pero sí recuerden que el IVA es un impuesto, es una fuente muy importante de ingresos del Gobierno. Es un impuesto que tiene que permanecer.
No.
Diría que nos falta competencia, que nuestros mercados todavía no son tan competitivos. Y ahí, cuando usted ve mercados que son más competitivos, los precios tienden a ajustarse más rápidamente.
Una parte muy importante de los precios de la economía colombiana son precios que son determinados por fuera de los mercados. Los precios de los servicios públicos, por ejemplo, la energía. Son precios regulados.
Si los precios fueran todos de mercado, los precios se ajustarían mucho más rápido. Pero como tenemos una enorme cantidad de rigideces dentro de nuestros mercados, la capacidad que tienen los mercados de responder a una caída del precio no es tan automática y, por eso, a veces demora mucho tiempo.
Pues siete meses después empieza a verse que sí, que los precios empiezan a bajar.
Más competencia.
Creo que el dólar debería estar más alto, pero yo no voy a ser un economista manco, que es el cuento de los economistas: “Me corto una mano si el dólar no llega a tanto”.
Sí. El Banco de la República tiene que hacer eso, pero yo no voy a caer en eso. No, no, no. Imagínese.
Buena pregunta. Está con un dólar en $3.300, creo. Seguro en las proyecciones está en $3.300.
Ahí me cortaría la otra mano. Decir cuál es el precio, no. Totalmente sin posibilidades.
Ni la tasa de cambio ni el precio del petróleo son precios que uno pueda anticipar. Así como son muy sensibles al alza, también lo son a la baja.
En eso uno tiene que tener cuidado.
Al Gobierno le favorece, obviamente, por los ingresos del petróleo. Eso nos ayuda y un buen resultado de Ecopetrol le sirve.
Pero también el aumento del precio del petróleo tiene un efecto fiscal en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles alto. Y, obviamente, cuando aumenta el combustible, pues eso tiene unos efectos en toda la cadena de producción.
Entonces, es de lado y lado. No es que sea únicamente ganancia. También sube la presión a la inflación.
En eso hay que ser muy prudente.
No. Por el momento no estamos pensando en eso. Y le digo la verdad: vender activos sí es una opción.
Lo mejor es no vender los activos que son estratégicos. Hay cosas que nosotros tenemos. Mire, tenemos billones de pesos en la SAE. Billones. Ahí hay de todo: edificios, locales, centros comerciales, aviones, lanchas, yates, de todo.
No hemos podido vender eso. Todo eso hay: fincas, ganado.
Porque el sistema está hecho de tal suerte que el proceso de tratar de hacer unas subastas que sean públicas, donde eso se pueda rematar y se pueda rematar ágilmente, es difícil.
De paso, la Sociedad de Activos Especiales tiene un problema administrativo interno inmenso, que heredamos, viene de hace muchos años. Ahí no hay inventarios, no hay nada. Eso es un desastre.
Pero esas cosas que no son estratégicas sí deberíamos poderlas liquidar muy rápidamente. Es mucha plata, muchísima plata. No hay ni siquiera inventarios de cuánto puede costar eso.
Pero son cosas que, primero, el Estado no cuida, que envejecen ahí, en unas bodegas, cuando no se las roban, que no producen nada.
Unas fincas que de pronto podían estar produciendo, inmuebles que podrían alquilarse para actividades, casas. Hay de todo.Es una tristeza. Nosotros somos buenos solucionando problemas creando otro.
Entonces, había que quitarle los bienes a los narcotraficantes. Buena idea. Entonces, creamos otro problema. Así somos buenos los colombianos. En lugar de resolver los problemas, resolvemos uno para crear otro.
Y este es un dolor de cabeza. En eso hay instrucción del presidente de que hay que buscar la manera de que eso se pueda liquidar rápido. Es que las cosas tienen que solucionarse. Nosotros nos acostumbramos a convivir con los problemas.
Me quedan tres años.
No, no, no, pero que eso se pueda liquidar rápido.
Una cosa que poco se ve es la magnitud del problema que tenemos en la Dian. La Dian pasó de 10.000 empleados a 16.000.
Sí, sí, sí, pero pasó de 10.000 a 16.000 empleados y el recaudo no aumenta.
Entonces, usted dice: “¿Por qué es eso?”. Bueno, es un problema de tecnología. Entonces, “Ah, es que no hay plata para modernización de tecnología”. Sí hay un crédito. Hay un crédito de casi US$300 millones para la modernización de la Dian, del cual se ha ejecutado un pedacito chiquito.
La única manera de luchar contra la evasión es con tecnología. Eso. Las cosas tienen que ser transparentes. Usted entra, la factura electrónica dice cuánto tiene que pagar de IVA y usted debería tener que pagar el IVA todos los días.
No como pasa aquí, que cada agente acumula y después se gasta la plata y, cuando viene el vencimiento, entonces sí tiene que pedir prestado.
La tecnología hace posible que la fiscalización sea muy eficaz, no solo por los procedimientos, sino por la información. Usted tiene que caerle a la gente donde tiene evidencia de que hay evasión.
La gente también paga impuestos: paga IVA, paga el impuesto del avión, el impuesto al consumo de gasolina, el de transporte. Es un país donde la gente paga impuestos y, cuando hace esas reformas que han hecho a la Dian, la gente está asfixiada pagando impuestos, que además lo que hemos visto es que mucha de esa plata se la han robado.
Usted tiene toda la razón por lo siguiente: porque la gente paga impuestos y la Dian fiscaliza a los que pagan impuestos, cuando lo que deberíamos estar vigilando es a los que no pagan.
A los que no pagan, que muchos sabemos dónde están. O sea, tampoco es que haya que ser un genio.
Pero, además, las estadísticas hoy en día le dicen a uno cuáles sectores contribuyen al Producto Interno Bruto, pero, en cambio, su peso en el recaudo es muy bajito. O sea, esos sectores son a los que hay que ponerles el ojo.
Pero eso es difícil. En cambio, lo fácil es coger al que tiene RUT y caerle y decirle: “Venga, le voy a hacer una revisión de sus impuestos”. Entonces, necesitamos una filosofía distinta, porque el país necesita crecer y no puede crecer con esos grilletes que tiene hoy.
Pues que no podemos invertir porque no es rentable, porque nuestra productividad es muy bajita. Nosotros no somos perezosos. Nosotros somos buenos trabajadores, pero no trabajamos bien, no trabajamos eficientemente. No tenemos la tecnología que necesitamos para rendir.
Entonces, un país que tiene esos frenos le cuesta muchísimo salir adelante y, de paso, una tramitomanía absurda. Una robadera brutal.
Es obvio.
Los retos del país no son muchos. seguridad es uno de ellos. salud, una población que está envejeciendo. En salud tenemos que encontrar un modelo que permita mejorar la atención de todos.
La educación hoy en Colombia no es buena. Lo muestran las pruebas PISA, muestran que seguimos bajando, bajando, bajando. Necesitamos vías, logística. El concepto de logística en Colombia es muy triste.
Mire, ahora que hemos estado con el Presidente yendo a las regiones, hemos mejorado en las vías troncales nacionales. Sí, todavía falta muchísimo, pero hemos mejorado. Pero trate usted de un municipio apartado de Santander de llegar a la vía troncal. Sí, lo hace por una trocha.
Entonces, ahí tampoco. Los temas grandes de la economía los podemos resolver. Yo estoy convencido de que podemos salir de esta situación. A los colombianos nunca nadie nos ha regalado nada, nada. Todo lo que tenemos nos lo hemos sudado.
Y a mí, por eso, yo confío en que, si hacemos las buenas políticas, mandamos los buenos mensajes, esta economía va a tener un respiro. La gente quiere creer que podemos superar la crisis en la que estuvimos. Es que estos cuatro años fueron eternos. La cantidad de daño que se hizo es inmensa.
Entonces, la gente quiere creer que podemos volver a galopar, y vamos a galopar porque lo podemos hacer.
No, no hemos empezado ese trabajo todavía. Usted sabe que las variables del salario mínimo son fundamentalmente la inflación y la productividad. Hay que esperar un poco a ver cómo es el desempeño de la inflación. Noviembre es la clave.
Sí, hay que esperar un poco a ver cómo es el comportamiento, cuál es el impacto de El Niño sobre la inflación. A eso hay que ser prudente. Y el tema de productividad es, a mi modo de ver, una de las tareas graves que hemos diluido en el tiempo.
Pero todavía no estamos en esa fase. Tenemos demasiadas otras urgencias antes de sentarnos a ver el tema del salario mínimo.
Hicimos lo que debería haberse hecho hace tiempos. El 23 de julio, o sea, 15 días antes de entregar el Gobierno, Gustavo Petro declaró la emergencia por el fenómeno de El Niño.
Eso debió haberse hecho por ahí en el mes de febrero. Si se hubiera hecho en el mes de febrero, se habrían tomado medidas a tiempo para estimular la generación térmica y disminuir la generación hídrica.
Eso es algo que el Gobierno debió haber hecho y que no hizo porque, como le tenía bronca a las empresas de energía y a todo lo que tuviera que ver con lo que pudiera afectar el medioambiente, pues no lo hizo.
Nosotros llegamos y, en los primeros 10 días, con la ministra de Minas, destinamos una partida de $300.000 millones para empezar a activar la generación térmica.
Y vamos a incorporar $1,2 billones adicionales para ese proceso. Necesitamos que las térmicas operen al máximo para que logremos disminuir la desacumulación de agua en nuestras represas.
Eso es algo que se debió haber hecho en febrero, en marzo, pero la terquedad, la incompetencia, la incompetencia de la gente que estaba ahí. La idea que creía que la ideología es superior a los números.
Los números mostraban las cosas. Si hay algo sobre lo que hay números, es en eso. Todos los números coincidían en que había que hacer eso y no lo hicieron. Y 15 días antes se lavaron las manos y ahora dicen que la culpa del apagón es de Abelardo de la Espriella.
La culpa del apagón es que durante cuatro años no hicimos las modernizaciones que teníamos que hacer. Ya dijo la ministra de Minas que muy probablemente iban a aumentar las tarifas, ¿no?
Pues es que eso puede pasar. Pero nosotros lo que queremos decirles es que sí estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para evitar eso. Y yo sí lamento mucho que quienes estaban encargados de ese sector tan estratégico hayan tardado tanto tiempo en tomar las medidas que ellos sabían eran necesarias.
Ellos sabían que eso era necesario porque es un tema de cifras, no de ideología.
Es cierto. Yo estuve en dos gremios, una experiencia muy enriquecedora. Cuando hablamos de la crisis de la institucionalidad en nuestro país, generalmente pensamos exclusivamente en las instituciones públicas, pero también las instituciones privadas están en una crisis.
En Colombia se crean más gremios que empresas, 76 gremios hay.
Entonces, a veces, cuando usted necesita tomar una decisión, viene un líder gremial y dice que considera que hay que hacer esto, y después viene otro y dice exactamente lo contrario.
Yo sí creo que la crisis institucional también tiene que cuestionar a los gremios, porque la prioridad del gremio, claro, son sus intereses particulares, pero no pueden estar por encima de los intereses nacionales.
Y a veces uno tiene la impresión de que sí, cuando uno está de este lado, que esa prioridad como que no se respeta.
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