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Finanzas públicas del gobierno Petro
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El gobierno de Petro deja un país endeudado, con mayor gasto público y al sistema de salud en el limbo tras los intentos fallidos de reforma
El gobierno de Gustavo Petro entró en la recta final de su mandato tras convertirse en el primero de izquierda en llegar a la Casa de Nariño en 2022. El balance de la gestión tiene diferentes matices dependiendo del sector al que se le mire.
Aunque el país consolidó una tendencia descendente en cuanto al desempleo, la pobreza monetaria y reformas al sistema laboral, el gobierno de Gustavo Petro deja un país endeudado, con mayor gasto público y al sistema de salud en el limbo tras los intentos fallidos de reforma.
En cuanto a las finanzas públicas, en los últimos tres años el déficit primario del Gobierno Nacional Central se multiplicó por 20 entre 2023 y 2026. Mientras que hace tres años cerró en $3,2 billones (equivalentes a 0,3% del PIB), al cierre del año pasado fue de $63 billones, equivalentes a 3,4% del PIB.
De hecho, el gobierno hizo un ajuste en su previsión del déficit fiscal de este año. En el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2026, presentado ayer 12 de junio, el Ministerio de Hacienda subrayó que el déficit entre los ingresos y los gastos del ya no sería de 5,1% del PIB como estimó en el Plan Financiero de 2026, sino de 5,3%.
El ajuste en la proyección no se dio porque esperen menos ingresos (de hecho esperan que los ingresos tributarios sean de $2,9 billones más altos que lo que esperaban en marzo, $292,4 billones), sino porque el gasto total se incrementaría en $7,3 billones a $431 billones frente a la previsión del Plan Financiero.
El llamado de los analistas con el agravamiento del déficit fiscal estuvo centrado en la revisión del gasto de gobierno. Pero fue renuente a estos ajustes en tanto que defendieron que hasta 90% de los gastos eran inflexibles (como las transferencias y el sistema pensional).
En el caso de Anif, propusieron un ajuste fiscal mínimo de tres puntos del PIB que incluye la revisión de los gastos de funcionamiento (ajustes en puestos creados en la Rama Judicial, Fiscalía y organismos autónomos y en la estructura del Estado) que ahorraría $14 billones. También revisión de los gastos de inversión (control de la evasión del régimen subsidiado de salud, reducir en 45% las OPS creadas entre 2022 y 2026) que daría $27 billones en ahorro y de los gastos (impuesto de 10% a pensiones de más de 5 Smmlv, IVA a juegos de azar y reducción de 50% en rentas exentas especiales.
Aunque el gobierno presentó proyectos de reforma a la salud, no tuvo apoyo de las mayorías en el Congreso y fueron hundidos. Mientras tanto, el número de tutelas radicadas por la protección del derecho crecieron 17,9% entre el segundo y tercer año de mandato, pasaron de 265.000 en 2024 a 312.500 el año pasado.
Durante este mandato también se iniciaron procesos de intervención a EPS como Nueva EPS, Sanitas, Famisanar, Asmet Salud, Savia Salud, SOS (Servicios Occidentales de Salud) y Emssanar. Ante la crisis financiera de estas empresas, Gustavo Petro sugirió que estas entidades podrían ser liquidadas; las EPS en este estado prestan sus servicios a 18 millones de afiliados.
Sobre el futuro del sistema de salud, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, Acemi, alertó que para estabilizarlo y fortalecer, el siguiente gobierno deberá encontrar más recursos para los requerimientos del sistema por $22 billones a través de reformas, reorganización de las fuentes, gradualidad fiscal y trazabilidad del manejo de los recursos.
Otras recomendaciones incluyen un PMU Nacional para la salud, con monitoreo diario, tablero de medicamentos críticos y priorización de pacientes con riesgo vital en hasta 72 horas, modelos de riesgo compartido y restitución condicionada de las EPS intervenidas cuando exista viabilidad real o la liquidación ordenada cuando no la haya.
Durante los cuatro años del gobierno Petro, la situación de seguridad no mostró señales de mejora si se revisan el número de homicidios por año. El trienio 2022-2025 del gobierno saliente superó al de Iván Duque y al del segundo periodo de Juan Manuel Santos y 2025 fue el año más violento de la década.
En Santos II hubo 36.646 homicidios, en el periodo de Duque fueron 37.795 y en el trienio de Petro fueron 40.663; el año pasado hubo 14.780.
Durante el periodo de gobierno de Gustavo Petro también vino la descertificación en la lucha contra las drogas de parte de Estados Unidos ante la falta de resultados en materia de erradicación y combate al narcotráfico. Aunque la descertificación será revisada nuevamente en septiembre, el gobierno deberá demostrar un avance en la erradicación de cultivos ilícitos; el compromiso del Gobierno, de acuerdo con la directora del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos, Gloria Miranda, es erradicar 30.000 hectáreas hasta el 7 de agosto con todos los medios.
La mejora en las relaciones entre Donald Trump y Gustavo Petro tras la visita a Washington permitió fortalecer las acciones conjuntas entre ambos países para combatir el narcotráfico y abre la puerta para que el gobierno entrante consolide las relaciones con la Casa Blanca.
En materia de detenciones y extradiciones, las cifras del presidente reflejan 17.000 arrestos relacionados con el narcotráfico y neutralizado a 14.000 objetivos, así como 300 extradiciones concretadas. También se incautaron 3.200 toneladas de cocaína con destino a Estados Unidos y destruido 19.000 laboratorios.
Retomando el primer punto, el tamaño del estado es uno de los lunares en la situación fiscal del país. El crecimiento en el valor de la nómina del estado entre 2022 y 2025 fue de $22,7 billones, pues en el primer año valía $168,1 billones y en el tercero $190,8 billones.
En el mismo periodo, se registraron 130.000 nuevas vinculaciones en puestos del Estado que, de acuerdo con los cálculos del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, le costaron $3,7 millones a cada colombiano. Esta situación es evidente en el crecimiento de OPS (contratos de prestación de servicios) entre el tercer año del gobierno de Iván Duque y el segundo de Gustavo Petro: pasaron de 45.000 a 64.000.
"Las presiones fiscales recientes no responden únicamente a expansiones de planta, sino también al incremento de salarios, prestaciones, contribuciones patronales y demás costos asociados a la nómina pública. Por ejemplo, la subida del salario mínimo para 2026 incrementó en $1,3 billones el gasto de personal y la mayor parte de ese incremento lo concentraron el sector Defensa y Policía (el impacto fiscal total de esta medida asciende a $6 billones", explicó el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.
No contar con los recursos paralizaría 55 proyectos orientados a mejorar la infraestructura en regiones que demandan una mejor conectividad
Para cumplir con ese objetivo, se implementarán alrededor de 10 frentes de obra nuevos y se incrementará el número de trabajadores de 1.200 a cerca de 4.000 de forma gradual
Haberlo aprobado proyecto significa el blindaje jurídico para continuidad de 11.180 procesos fiscales aduaneros y 1.840 procesos oficiales
