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La Misión de empleo presentó su radiografía del mercado laboral y recomendó seis lineamientos para futuras reformas laborales
La recuperación del empleo ha sido una de las preocupaciones en medio de la reactivación económica y, como anillo al dedo, ayer un conjunto de expertos entregó la hoja de ruta de largo plazo para mejorar las disfuncionalidades del mercado laboral y, así, crear más y mejores puestos de trabajo.
Se trata de los resultados de la Misión de Empleo, que se creó en 2020 y que este año entregó una conclusión contundente: el mercado laboral en Colombia funciona mal y, como resultado, la mayoría de los trabajadores reciben una protección social deficiente y tienen empleos precarios.
No solo eso, Santiago Levy, uno de los jefes de la Misión, explicó que aquellas disfuncionalidades generan exclusión social, castigan el crecimiento y la productividad, y llevan a tasas de desempleo persistentemente altas.
Dicha radiografía está asociada a factores propios del mercado laboral colombiano, tales como los malos incentivos de la protección social. Por ejemplo, en el tema pensional se encontró que ninguno de los regímenes contributivos funciona bien, pues las contribuciones reducen los incentivos a la formalidad. Lo mismo sucede con los aportes a la salud y los parafiscales.
Además, se señaló que, aunque las Cajas de Compensación cumplen un papel importante dentro de la protección social, se debe rediseñar su esquema de financiación. Se señaló que las actividades ajenas a la relación entre empresas y trabajadores se deberían financiar con tributación general o, en algunos casos, con tarifas por prestación de servicios.
“Una parte de los recursos de las cajas financia programas de atención a la primera infancia, vivienda, entre otros; todos muy necesarios. En ocasiones estos programas benefician a los trabajadores aportantes y sus familias. Pero en ocasiones no, en cuyo caso se genera un subsidio de las empresas y trabajadores en relación de dependencia hacia el resto de la sociedad”, dice en el documento.
Otro punto tiene que ver con el salario mínimo que, según los expertos, es muy alto frente a la distribución salarial, lo que limita la contratación formal y aumenta el número de trabajadores por cuenta propia que ganan menos de ese monto.
“El salario mínimo es la puerta de entrada a la formalidad y a una pensión. Mientras más alto es este, más angosta es la puerta de entrada”, aseguró Levy.
También se señaló que existe una deficiencia en la protección de los trabajadores ante el despido; que hay falta de conexión entre la formación y las demandas del sector productivo; y que hay poca fiscalización de la justicia laboral.
Además, se enfatizó que en Colombia aún hay una amplia brecha de género en el mercado laboral. Aunque en el país las mujeres tienen más años de escolaridad que los hombres, solo 53% de ellas participa en el mercado laboral, en comparación con 74% de ellos.
Entre los factores que explican esos resultados están las definiciones culturales de roles de género, las regulaciones laborales y la escasez de servicios de cuidado.
“El país no solo subutiliza el potencial de la mitad de su población en edad de trabajar, sino que lo hace con la mitad que tiene más años de escolaridad”, resaltó Levy.
Con ese panorama, la Misión señaló que en Colombia no se necesita una, sino un conjunto de reformas que atiendan las necesidades del mercado laboral en el mediano y largo plazo.
Eso sí, se indicó que todas las reformas deben estar enmarcadas en una visión objetivo que amplíe y mejore la protección social, ello en un contexto de un mercado laboral menos segmentado y más favorable para la productividad.
“Este es un marco para que, de aquí en adelante, nosotros hagamos cualquier reforma como un todo. La invitación que nos hace la Misión es a que no hagamos una reforma muy puntual, para un tema en específico, porque eso no nos lleva a ninguna solución”, dijo el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera.
En total, los expertos señalaron seis lineamientos generales para el conjunto de reformas. El primero tiene que ver con identificar y delimitar los elementos de protección social, separando aquellos que son intrínsecos a la relación entre trabajadores y empresas. Y, en ese sentido, en un segundo punto se sugiere que se determinen las fuentes de financiamiento de dichas medidas.
En los lineamientos tres y cuatro se plantea separar el papel del salario mínimo como piso y umbral; y renovar los instrumentos de protección al cesante, con elementos como un seguro de desempleo ampliado y hacer un uso más eficaz de las cesantías, entre otros.
Seguido, se recomendó renovar y fortalecer las instituciones de fiscalización e implementación de la justicia laboral.
Y, por último, se sugirió reorganizar las instituciones de capacitación y formación de recursos humanos.
Dado el panorama laboral que dejó la pandemia, algunos expertos resaltaron la importancia de los resultados y propuestas de la Misión, así como los retos que deberá afrontar el país en esa materia en los próximos años.
Una de ellas fue la directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Alejandra Botero, quien aseguró que “como país tenemos grandes retos en materia laboral. En primer lugar, debemos lograr reducir las tasas de desempleo, y para esto es fundamental el crecimiento y la productividad”.
También mencionó retos como los de disminuir la brecha de género; incluir a los jóvenes en el mercado laboral; y tener en cuenta el flujo de la migración venezolana.
Con la coyuntura electoral de este año, algunos expertos también se refirieron al tema del empleo, asegurando que debe estar en la agenda de los candidatos, sobretodo teniendo en cuenta las recomendaciones de la Misión.
“Es urgente que las propuestas de la Misión de Empleo pasen del diagnóstico a la realidad. Los resultados presentan propuestas importantes que debemos comenzar a plantear y desarrollar”.
“Ojalá el informe ayude a destrivializar el debate electoral. Deberían leerlo los múltiples candidatos, que están hablando mucho pero dicen muy poco”, anotó Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda.
Mientras que, en esa misma línea, la directora de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, recalcó que las propuestas de la Misión no pueden quedarse solo en el papel y deben ser un foco del Gobierno que se elija en la próxima contienda electoral.
“El nuevo Congreso y Gobierno que se elegirán en las próximas elecciones deben ser conscientes de la importancia de estas reformas para hacer que el crecimiento económico sea sostenible y reducir la brecha laboral y social”, dijo Lacouture.
Con la radiografía y las recomendaciones que dejó la Misión, ya está trazada la hoja de ruta para empezar a mejorar el mercado laboral colombiano. El jefe de la cartera de Trabajo aseguró que uno de los primeros pasos será socializar los resultados con la Mesa de Concertación Laboral.
“Llevaremos este informe para discutirlo con las centrales obreras, con los gremios y con toda la academia posible”, indicó Cabrera.
Delimitar los elementos de la protección social
El primer lineamiento que propuso la Misión es identificar y delimitar aquellos elementos de la protección social, separando los que son propios de la relación entre trabajadores y empresas de los que no lo son.
Por ejemplo, se señaló que mientras que todas las personas deberían acceder a servicios de salud, pensión, educación y vivienda, las pensiones contributivas complementarias y los seguros de invalidez deberían estar delimitados para todos los trabajadores; y los seguros de desempleo, de accidentes de trabajo y las compensaciones por despido solamente para aquellos trabajadores vinculados a empresas.
“Es importante delimitar aquellos factores de la protección social que quisiéramos que llegaran a todos los colombianos de aquellos que son específicamente para los que trabajan”, dijo Levy.
Determinar las fuentes de financiación
Una vez que se delimiten los elementos de la protección social, los expertos aseguran que es necesario que se determinen las fuentes de financiación, lo cual evita que se subsidien algunos servicios con recursos que aportan las empresas y los trabajadores.
Por ejemplo, todos los elementos de protección social que se fijen para la población en general deberían financiarse con recursos de la tributación; mientras que aquellos servicios destinados a todos los trabajadores, con aportes individuales, proporcionales a los ingresos; y los que son para trabajadores vinculados a empresas, a través de las contribuciones de las firmas.
“Hay que alinear los usos y fuentes de financiación de la protección social”, resaltó Darío Maldonado, jefe de la Misión.
Separar el papel del salario mínimo como piso y umbral
Dentro de los lineamientos que recomendó la Misión de Empleo, se señaló la importancia de separar el papel del salario mínimo como piso y umbral, con el propósito de reconocer las especificidades del trabajo rural y la variablidad de tiempo en las jornadas de trabajo; contemplar salarios diferenciados para los jóvenes; desvincular las pensiones del salario mínimo (y vincularlas al IPC); usar pensiones no contributivas como garantía de una pensión mínima; y desvincular las aportaciones de los trabajadores para las pensiones de retiro y seguros de invalidez y muerte.
“Sería importante separar las dos funciones del salario mínimo, como piso de ingresos para los trabajadores en relaciones de dependencia y como umbral”, explicó Levy.
Mejorar los mecanismos de protección al cesante
El análisis de los expertos también señaló que se deben renovar los instrumentos de protección al cesante. En ese sentido, se proponen medidas como un seguro de desempleo ampliado, que además de asegurar ingresos durante el desempleo, proteja a los trabajadores contra los riesgos de invalidez y muerte, y lo ayude a continuar con sus ahorros para el retiro.
Así mismo, se plantea dar un uso más eficaz a las cesantías; fijar una compensación automática de uno o dos meses de sueldo por despido, aún cuando exista causa justa; y revisar los criterios de causa justa de despido en caso de cambio tecnológico y choques de demanda. “Colombia tiene mucho de un seguro de desempleo, pero falta acabar de articularlo bien”, señaló Levy.
Renovar las instituciones de fiscalización
Por otro lado, la Misión sugirió renovar y fortalecer las instituciones de fiscalización de justicia laboral, ello con el fin de adecuarlas al entorno que se deriva de las recomendaciones anteriores. Se planteó, por ejemplo, vincular la fiscalización de la obligación de ahorrar para el retiro con el cumplimiento del impuesto sobre la renta.
Además, se sugirió reducir la litigiosidad de las relaciones entre empresas y trabajadores por ‘contrato realidad’ y ‘causa justa’, así como dar mayores recursos públicos para las instituciones de fiscalización.
Instituciones de formación para el trabajo
La última recomendación de la Misión de Empleo estuvo encaminada a reorganizar las instituciones de capacitación y formación de capital humano, con el objetivo de asegurar que la fuerza de trabajo colombiana sea más atractiva para el sector productivo y que haya una conexión con las habilidades que se están demandando.
Entre las propuestas de este lineamiento está la de establecer mediciones sobre la necesidad de recursos humanos basadas en las vacantes disponibles y otros indicadores de los sectores.
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