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Presidente Gustavo Petro
La declaratoria irá desde este lunes, por 30 días, para recaudar ingresos para atender la situación fiscal del país y el bajo recaudo tributario
El Gobierno emitió en la noche de este lunes el decreto de emergencia económica por los próximos 30 días, con el que pretenden buscar recursos para financiar parte del Presupuesto General de la Nación de 2026 y así aliviar las presiones fiscales con las que lidia la Nación.
El texto detalla los hechos sobrevivientes por los cuales hicieron esta declaratoria, la cual significa la décima en los últimos 30 años, y la cuarta en el Gobierno de Gustavo Petro, convirtiéndose así en el mandatario colombiano que más emergencias ha declarado durante su gestión en estas últimas décadas, superando a Juan Manuel Santos (que hizo tres declaratorias).
En principio, el Estado señaló que entre los hechos que los llevaron a declarar esta emergencia están dar cumplimiento al Auto emitido por la Corte Constitucional relacionado con la UPC de Salud, que exigen debe ser más alta que la propuesta por el Gobierno para garantizar la atención en salud de los colombianos.
También destacan que el orden de seguridad del país se ha visto alterado en los últimos meses, por lo que el decreto resalta la importancia de protección ante el agravamiento de los atentados a líderes sociales.
El tercer punto, el cual ha sido cuestionado por muchos analistas, se debe a la no aprobación de las leyes de financiamiento radicadas a finales de 2024 que iba por $12 billones y en el último cuatrimestre de este año que iba por $16,3 billones, con los que se pretendía financiar los Presupuesto de 2025 y 2026, respectivamente.
Aseguran que las finanzas de la Nación también se vieron golpeadas por desastres naturales causados por la ola invernal que los llevó a publicar el Decreto 1372 de 2024 de Emergencia de Desastre Nacional por cambio climático y sus efectos.
El texto también resalta que el Estado tiene obligaciones atrasadas por el concepto de las vigencias futuras, que son clave para el desarrollo de la infraestructura del país, así como los subsidios a combustibles, que, en palabras de los propios funcionarios del Estado, los ha obligado a desembolsillar más de $70 billones durante los tres años de Gobierno.
El alto endeudamiento que ha logrado el país en los últimos años, se encuentra entre los hechos sobrevinientes que alega el Gobierno para la declaratoria de emergencia económica. Un punto cuestionado por expertos como el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo y el presidente de la Andi, Bruce Mac Master.
El bajo flujo de caja, asociado a restricciones y la crisis fiscal completan el pliego de justificaciones dadas por el Gobierno y firmadas por su gabinete ministerial para declarar esta emergencia económica, que ahora debe pasar por la Corte Constitucional, que podría convocar a sesiones extraordinarias estos últimos días de diciembre para definir el futuro de este decreto.
“El Gobierno nacional adoptará mediante decretos legislativos, además de las medidas anunciadas en la parte considerativa de este decreto, todas aquellas opciones que sean necesarias y estén destinadas exclusivamente a conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos, incluyendo las operaciones presupuestales necesarias para llevarlas a cabo”, se lee en el texto.
Además, planean convocar al Congreso en el décimo día del vencimiento del Estado de Emergencia para que se realice el control político sobre el ejercicio de las facultades extraordinarias del Gobierno nacional.
En este texto el Gobierno no detalló cuál es el paquete económico con el que pretenden recaudar ingresos para estabilizar las finanzas de la Nación.
A finales de la semana pasada se conoció un borrador de decreto, pero sin las consideraciones del Ministerio de Hacienda, en el que se establecían ciertos tributos para recaudar $16 billones. Entre los que resaltaban impuesto al consumo de licor, modificación al impuesto al patrimonio y aumento en el gravamen a los movimientos financieros de 4x1.000 y subirlo a 5x1.000.
Después de expedición de emergencia económica, decreto debe remitirse a esta alta corte para el ejercicio del control automático.
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