Emergencia económica traerá impuestos al patrimonio, licores y a los hidrocarburos

En el marco de la revelación de la decisión de la Junta Directiva del Banco de la República sobre la decisión de tasas de interés, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que se declarará el estado de emergencia económica para afrontar la situación fiscal del país en 2026.

La decisión está motivada en el hundimiento de la reforma tributaria. Por ende, la meta de recaudo de la emergencia económica es de $16 billones. El gobierno apuntaría a lograr la meta de recaudo con gravámenes a los licores, los cigarrillos y el tabaco, los movimientos financieros y el patrimonio a personas jurídicas, entre otros.

“Esperamos la recuperación de los recursos que el Congreso desfinanció del Presupuesto Nacional, que ya está desfinanciado en $16,3 billones”, dijo el jefe de la cartera.

El documento, que conoció este diario hace una salvedad, que indica que los puntos expuestos están sujetos a las consideraciones del Ministerio de Hacienda.

Dicho borrador consta de tres capítulos. El primero de ellos incluye las disposiciones relacionadas con el impuesto al patrimonio y contempla que “para 2026 el impuesto al patrimonio se genera por la posesión del mismo al primero de enero de 2026, cuyo valor sea igual o superior a 40.000 UVT”, de $52.374 para el próximo año.

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“El gravamen al patrimonio de personas jurídicas es un impuesto nuevo. Existió hace algunos años pero hoy solo aplica para naturales”, señalaron desde Posse Herrera Ruiz.

Al respecto, el exdirector de la Dian, Lisandro Junco, comentó que la medida afectaría el crecimiento empresarial y le restaría atractivo al país de cara a la llegada de nuevas inversiones.

“Crear un impuesto al patrimonio a las empresas vuelve y le pega un golpe al flujo de caja, además genera costos altos en crecimiento, inversión y empleo, especialmente para las Pyme. Desincentiva el ahorro y reduce la inversión en capital productivo”, dijo Junco.

El segundo título es el de los impuestos indirectos, que si se compara con los puntos esenciales del capítulo de reducción del gasto tributario de la reforma tributaria que se cayó en el Congreso el lunes de la semana pasada, conserva gran parte de los gravámenes.

Estos son el IVA a los juegos de suerte y azar en línea, en los cuales el hecho generador del tributo serían los depósitos en dinero (efectivo, transferencias en dinero o criptoactivos). La base gravable sobre las ventas será el valor del depósito en dinero, dividido por 1,19.

El Ministerio de Hacienda también contempla un gravamen a los movimientos financieros con una base gravable de 5x1.000. A su vez, se gravarían los cigarrillos y tabaco elaborado con un componente específico de $11.200 por cada cajetilla de 20 unidades o proporcionalmente a su contenido. La tarifa por cada gramo de picadura, rapé o chimú será de $891.

El tercer capítulo del borrador de decreto contempla un “impuesto especial para la estabilidad fiscal”. Se trata de un impuesto temporal de 1% que grava la extracción de hidrocarburos y carbón.

Los hechos generadores del impuesto son la primera venta dentro o desde Colombia de hidrocarburos y carbón de las partidas arancelarias y la presentación y aceptación de la solicitud de autorización de embarque al exterior de hullas y sus derivados y aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso.

También serán sujetos pasivos y responsables las personas naturales o jurídicas que realicen exportaciones definitivas que vendan hidrocarburos o carbón que en el año inmediatamente anterior hayan obtenido una renta líquida ordinaria igual o superior a 50.000 UVT considerando las rentas agregadas de todos sus vinculados económicos.

Germán Ávila señaló que el principal hecho sobreviniente para la declaración de la emergencia económica fue el hundimiento de la reforma tributaria. Sin embargo, señaló un segundo motivo de esta índole para la declaratoria, es la unificación del pago de la Unidad de Pago por Capitación para ambos regímenes, el contributivo y el subsidiado.

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Aún sin saber en cuánto se ajustará la UPC de 2026, el ministro de Hacienda destacó que los efectos de la orden de la Corte Constitucional al Ministerio de Salud le costarán al sistema $3 billones adicionales.

Frente a la declaratoria de estado de emergencia económica, el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, comentó que los hechos sobrevinientes no son de la magnitud suficiente para alterar el orden de la economía en tanto que la meta de recaudo de $16 billones solo representa 3% del Presupuesto General de 2026.

“Los $16 billones de la ley de financiamiento representan menos de 3% del Presupuesto para 2026. Imposible argumentar que un impacto de esta magnitud pueda perturbar o amenazar perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, que es lo que exige la Constitución en su artículo 215”, dijo Mejía.

Se trataría de la décima vez en tres años que se declara el estado de emergencia económica, la cuarta durante la gestión de Gustavo Petro.

La primera de ellas se declaró ante la situación humanitaria, social y económica en La Guajira. La segunda se presentó este año ante la coyuntura de violencia que hubo en la región de Catatumbo, que requirió mayores recursos para la atención de la población y subsanar la inseguridad y la tercera ante un brote de fiebre amarilla en el segundo semestre del año.

Gobierno se rehusa a asumir un recorte presupuestal de $26,3 billones

Después que el Presupuesto General de 2026 asumiera un recorte inicial de $10 billones en las negociaciones de la Ley de Presupuesto, Germán Ávila señaló que la emergencia económica asegura que no haya un recorte total de $26,3 billones.

El jefe de la cartera económica argumentó que la decisión se fundamenta en el revés que sufrió el presupuesto, “pues el Congreso aprobó el Presupuesto con la reforma tributaria anclada para financiar $16 billones pero luego los senadores de la Comisión Cuarta la tumbaron”, concluyó Ávila.