Este es el ABC de la política de gratuidad en la matrícula del Ministerio de Educación

El segundo semestre de 2023 inició con cambios para el sector de educación. Además de los borradores de reformas, en agosto se presentará la Ley de reforma al Icetex. Y relacionado a este último, hay que recordar que este semestre se implementará la política de gratuidad en la matrícula, aprobada en el legislativo el 16 de junio, solo le falta la sanción presidencial.

La política de gratuidad busca garantizar el acceso a jóvenes entre 14 y 28 años a Educación Superior. El documento define una oferta de 64 IES públicas donde aplicará la política.

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Según proyecciones de MinEducación, se estima que para el segundo semestre de 2023 ingresen alrededor de 55.000 estudiantes nuevos a la oferta académica de educación superior pública, impactando así a toda la geografía nacional. Y, de hecho, para 2023, la cartera de Educación calcula que la Política de Gratuidad tendrá un costo aproximado de $1,6 billones desde las fuentes del Gobierno Nacional que provendrán de recursos del Presupuesto General de la Nación y de las vigencias futuras de Generación E.

De hecho, en el momento de su aprobación en junio de este año, la ministra Aurora Vergara anunció que recursos provenientes de la adición presupuestal en el sector se utilizarán para fortalecer esta política.

El beneficio del programa, entonces, consiste en 100% del valor de la matrícula en programas de pregrado de alguna de las 64 IES. Entre los requisitos está el hecho de estar registrado en la base certificada nacional de Sisben IV y pertenecer al grupo A, B o C en cualquier subgrupo de la clasificación.

¿Qué implica la gratuidad?

Con esto claro, surge la pregunta de cuáles fueron los cambios en específico que tuvo la política aprobada en junio de este año. Esto porque desde el Gobierno anterior ya se venían dando estos beneficios en el sector. Durante 2022 el Gobierno Nacional invirtió $1,4 billones para garantizar la implementación de la misma.

Luis Felipe Gómez, experto en el sector de Educación, explicó que “la política de gratuidad inició en el Gobierno pasado para estratos uno, dos y tres y 3 en las universidades oficiales. Fundamentalmente, en un inicio se dio para garantizar la permanencia de los estudiantes”.

Según Gómez, el cambio para este Gobierno inicia con el Plan Nacional de Desarrollo, en el que se plantea que “el derecho a la educación superior es un derecho fundamental, por lo que progresivamente se debe garantizar la cobertura total”. Para el experto, la entrada en vigencia de la política tendría como consecuencia una pérdida de ingresos para las universidades, que pasaría a ser compensada por giros del Estado.

Teniendo en cuenta que simultáneo a la política, se discutirán las reformas del MinEducación, Gómez considera que en general se presenta un sesgo a la educación pública. “Hablando específicamente de la política, esta solo ha tenido en cuenta a los estudiantes que están en IES oficiales. Pero si se planteara a fondo el principio de la igualdad, esta también debería, por ejemplo, cubrir a los estudiantes de los estratos uno, dos y tres, sin importar si estudian en una institución pública o privada”.

En esa línea, para Luz Karime Abadía, codirectora del LEE, no se debe descuidar los ingresos de estudiantes en la educación privada, pues la educación oficial no tiene la capacidad de responder a la demanda. Por el contrario, desde el LEE se considera que es el sector privado el que puede absorber el exceso de demanda que el sector oficial no logra atender.

Con esta discusión en la mesa, es clave saber cómo está el país en esta materia, entre ingresos a IES públicas respecto a privadas. Un informe del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana señala que, en promedio, cada semestre, de los inscritos a primer curso en IES oficiales, solo 48% son admitidos. Para el caso de las privadas, 82% son admitidos. Además, Abadía considera que no basta con la gratuidad, se debe fortalecer la calidad académica, pues 623.000 inscritos en IES oficiales no son admitidos por no contar con la preparación académica requerida. La experta agregó que “la política no está bien focalizada. Los estudiantes de más ingresos son los que suelen tener mejores resultados en las pruebas de admisión. Le estarían quitando el cupo a quienes realmente no tienen cómo pagar la matrícula”.