“El centralismo está asfixiando a los departamentos y los recursos no están llegando"

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Las lluvias tienen contra las cuerdas a varias regiones del país. Aunque Córdoba es uno de los departamentos más afectados, otros territorios también sienten el coletazo de las fuertes precipitaciones de este año y los gobernadores trabajan para atender la crisis.

En medio de la emergencia por la ola invernal, Rafaela Cortés Zambrano, gobernadora del Meta, asumió como nueva presidenta de la Federación Nacional de Departamentos, Fedepartamentos. Entre sus principales apuestas están la articulación de los planes de desarrollo entre el Gobierno Nacional y los 32 departamentos, así como la necesidad de fortalecer la capacidad de la Fuerza Pública.

¿Cuál es la posición de la Federación frente al impacto de las lluvias en las regiones?

A estas alturas, el manejo de la ola invernal ya no es un tema preventivo, sino de atención directa a la emergencia. Colombia es un país anfibio, con múltiples fuentes hídricas y realidades climáticas complejas: lo que ocurre en Córdoba también se refleja en Chocó, con inundaciones, y en La Guajira, con sequías que han afectado a muchas comunidades.

La situación en Córdoba es particularmente crítica. Sobrevolamos la zona y encontramos extensas áreas inundadas, con afectaciones muy fuertes a pequeños y medianos campesinos, a la población en general y a la red de albergues. Esto confirma que el cambio climático es una realidad frente a la cual debemos prepararnos mejor.

El año pasado ya fue difícil y este año el panorama vuelve a ser complejo. Desde la Federación hemos señalado que la respuesta no puede seguir siendo reactiva. No podemos llegar únicamente con ayudas después de la emergencia; necesitamos soluciones estructurales, obras de mitigación de gran escala que permitan prevenir desbordamientos y reducir el impacto.

También hemos advertido que existen recursos que hoy están en diferentes bolsas del Gobierno Nacional y que no están llegando oportunamente a los territorios. El centralismo está asfixiando a los departamentos y les está haciendo muchísimo daño. Los recursos no están llegando, pese a que los mayores ejecutores del presupuesto somos los alcaldes y los gobernadores, porque conocemos de primera mano las necesidades del territorio.

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Por eso, el llamado al Gobierno nacional es a crear un mecanismo o fondo de estabilización que permita usar los recursos con mayor agilidad, prepararnos para lo que viene y responder de manera inmediata cuando ocurran las emergencias. No podemos seguir llegando con equipos técnicos o ayudas meses después, cuando los puntos críticos ya han cambiado. La prioridad debe ser anticiparnos y fortalecer la capacidad de respuesta del país.

Algunos gobernadores han propuesto activar un mecanismo transitorio de Obras por Impuestos. ¿Cree que esta podría ser una solución de corto plazo que realmente ayude a las poblaciones y municipios afectados?

Por supuesto. El sector privado siempre ha estado de la mano del desarrollo de las regiones y reiteradamente nos ha manifestado su disposición a invertir. Yo siempre pongo el ejemplo de la vía Bogotá–Orinoquía, que no conecta solo una ciudad, sino a toda una región.

En varias ocasiones la concesionaria nos ha dicho: si se nos permite invertir a través de Obras por Impuestos, podríamos ejecutar obras de mitigación de largo plazo, duraderas y estratégicas. Ese es justamente el tipo de articulación que necesitamos.

Los departamentos están creciendo, pero sin inversión y sin que los recursos lleguen oportunamente al territorio, es muy difícil seguir avanzando. Por eso, desde la Federación proponemos estructurar un nuevo modelo de recuperación y adaptación regional que permita canalizar estos recursos hacia las regiones y prepararnos para un escenario de cambio climático que ya es una realidad.

¿Qué propuestas ha planteado la Federación para mejorar la distribución de los recursos?

El año pasado, de la mano del Congreso y desde la Federación de Departamentos junto con los gobernadores, logramos un avance importante: el aumento del Sistema General de Participaciones, una apuesta clave desde la Constitución de 1991 para reducir el centralismo y llevar más recursos a los gobiernos departamentales y municipales. Gracias a ello, a partir de 2027 comenzará a incrementarse este sistema.

Ahora estamos trabajando de manera articulada en la Ley de Competencias. ¿Cuál es el objetivo? Que si van a llegar más recursos, también quede claro a qué estarán destinados. No podemos avanzar si se asignan más responsabilidades a los territorios sin la financiación suficiente.

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Por eso seguimos trabajando de la mano con el Congreso —el actual y el que viene— en un año además de coyuntura electoral. Esperamos que en los meses que le quedan al Gobierno podamos, desde la Federación, consolidar un puente efectivo entre los gobiernos subnacionales y el Gobierno nacional, algo que aún no se ha logrado plenamente en estos dos años.

Quiero pasar al tema de las lluvias en el Meta. ¿Qué tan afectado ha estado el departamento?, ¿se han registrado inundaciones en algunos municipios? Son 29 en total, ¿verdad, gobernadora?

El Meta tiene 29 municipios. El año pasado, para esta misma época, tuvimos 16 municipios inundados y nos tocó desplegar todo el Gobierno departamental. Incluso Villavicencio registró inundaciones en varios barrios por el desbordamiento de los ríos, y tuvimos que llegar con ayudas de emergencia. Pero el punto es que las ayudas no pueden tardar meses; deben llegar prácticamente de inmediato. Cuando un alcalde llama a las tres o cuatro de la mañana, uno debe estar a las cinco o seis evaluando la situación con los equipos técnicos, revisando si se requiere maquinaria, geobolsas y atención humanitaria, porque la comunidad lo necesita en ese mismo momento.

Hemos hablado con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y vemos que muchas veces la respuesta se retrasa por la tramitología: declaratorias, documentos, conceptos técnicos. Ese esquema no puede seguir funcionando así.

Por eso, después de lo ocurrido en Córdoba, el llamado de los gobernadores es a construir un nuevo modelo de atención. Hoy existen recursos importantes que están represados en distintas bolsas del Gobierno nacional, mientras en las regiones enfrentamos inundaciones, pérdidas millonarias y afectaciones graves para pequeños y medianos productores.

Lo que ha pasado en Chocó, en Córdoba y el verano en La Guajira confirman que el cambio climático es una realidad y que debemos prepararnos mejor para lo que ya se nos viene.

¿Qué factores están presionando más la situación de orden público actualmente?

El tema de seguridad es un desafío que hoy enfrentamos los 32 departamentos. Venimos insistiendo en la necesidad de fortalecer las capacidades de la Fuerza Pública, porque mientras los grupos ilegales siguen lucrándose de la extorsión, la minería ilegal y el narcotráfico, los recursos para la institucionalidad siguen siendo limitados.

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En el Meta, durante estos dos años de gobierno hemos invertido cerca de $62.000 millones en dotación para la Fuerza Pública: camiones, buses, vehículos, ecomóviles para la Fiscalía, tecnología y elementos de protección. Sin embargo, esos esfuerzos aún resultan insuficientes frente a la magnitud del reto. Necesitamos más recursos.

Por eso estamos preparando un proyecto de ordenanza para crear una tasa de seguridad, que nos permita, con el apoyo del sector empresarial, fortalecer la infraestructura estratégica del departamento. Hablamos, por ejemplo, de un comando en Granada, una subestación en el municipio de Castilla (sector San Lorenzo) y una nueva estación de Policía en Villavicencio.

El llamado de los gobernadores es claro: debemos mejorar las condiciones de seguridad. La extorsión y el constreñimiento han venido creciendo, y además se aproxima un calendario electoral que exige garantías plenas. En la reciente Cumbre de Gobernadores trabajamos de la mano con la Fuerza Pública, el Ministerio de Defensa, la Procuraduría, la Contraloría y la Registraduría para avanzar en ese propósito.

Nos preocupa, como lo han advertido varios mandatarios regionales, la presencia de presiones ilegales sobre el electorado en algunas zonas del país. Por eso es fundamental fortalecer las mesas de articulación institucional y garantizar que los ciudadanos puedan votar y ser elegidos en condiciones de plena libertad en todo el territorio nacional.

¿Cómo el fortalecimiento de la seguridad está ayudando a dinamizar el turismo del Meta?

Mire, yo siempre le cuento a la gente que, en la época de la zona de despeje, cuatro de esos municipios estaban en el Meta. Hoy la realidad es distinta: territorios como Mesetas, el río Güéjar, el cañón del Guape y la Laguna del Amor, en Puerto Rico, empiezan a descubrirse como destinos turísticos.

Muchas de las personas que antes estaban vinculadas a economías ilegales hoy siembran cacao y café o trabajan como guías turísticos. Decidieron cambiar de rumbo con el acompañamiento del Gobierno Nacional y del Proceso de Paz. Con todas las falencias que pueda tener la implementación, lo importante es pasar la página y avanzar.

En el departamento, como en muchas regiones del país, no queremos retroceder en materia de paz. Necesitamos seguir fortaleciendo los procesos asociativos, los convenios solidarios y la cooperación con organizaciones que han acompañado esta transición.

Los municipios que antes fueron zona de despeje hoy le apuestan a la paz y al turismo, con territorios de enorme riqueza natural. Por eso debemos seguir invirtiendo en seguridad y desarrollo: la apuesta es avanzar y no retroceder, para que ni el departamento ni el país pierdan lo ganado en materia de estabilidad.

La vía al Llano suele estar en las noticias por sus afectaciones. ¿Cuál es hoy su estado, especialmente en esta temporada de lluvias?

Bueno, esta ha sido una de las principales quejas no solo del Meta, sino de toda la región. La vía Bogotá–Orinoquía no conecta únicamente a una ciudad, sino a varios departamentos estratégicos. Es una vía concesionada, cuyo 80% está en Cundinamarca, pero que resulta vital para la competitividad regional.

Al inicio de nuestro gobierno trabajamos con el Ministerio de Transporte y la ANI en mesas técnicas para definir un cronograma de inversiones en los puntos críticos. Sin embargo, desafortunadamente nos quedamos en el discurso: no se han materializado inversiones de fondo por parte del Gobierno nacional y la relación con la concesión ha entrado en una confrontación compleja.

Desde la Federación de Departamentos, en el libro blanco que estamos estructurando, estamos planteando al Gobierno saliente y al que llegue la necesidad de trabajar de manera conjunta en conectividad e inversión. No es menor: Meta, Arauca y Casanare aportan cerca de $55 billones en regalías al país, y aun así no hemos logrado destinar ni $100.000 millones para intervenir los puntos críticos que hoy tienen en vilo la productividad regional.

Aquí se habla de la última frontera agrícola del país. Hay creciente interés inversionista en Meta, Arauca, Casanare y Vichada —territorios con cerca de 15,5 millones de hectáreas con potencial productivo—, pero para aprovecharlo necesitamos que el Gobierno nacional priorice esta conectividad estratégica, que es la vía más importante y que articula a siete departamentos.

¿Cómo está la vía hoy?

El kilómetro 18 no era considerado inicialmente un punto crítico, pero estamos hablando de una vía que atraviesa una cordillera donde no existen rutas alternas reales. Recuerdo que al inicio de mi gobierno, en una reunión con el presidente, planteamos la necesidad de explorar opciones, pero la realidad es que este corredor tiene varios puntos sensibles.

Al comienzo se hablaba de 16 puntos críticos; hoy se han priorizado dos. Se estructuró un cronograma, pero los avances han sido muy limitados. Desafortunadamente, no hemos logrado una articulación efectiva con la nueva ministra para definir un plan de inversiones, y los recursos anunciados —cerca de $100.000 millones— no se materializaron.

Desde la Federación estamos construyendo un libro blanco con propuestas de los 32 gobernadores para que el próximo gobierno incorpore estas prioridades en su plan de desarrollo y se destraben las inversiones que la región necesita.

Hoy la vía se mantiene operativa, pero sigue siendo vulnerable. Siempre decimos que no ha estado cerrada de manera permanente: cuando ocurren emergencias se habilitan pasos alternos mientras se atienden los derrumbes con apoyo del Gobierno nacional y de las autoridades territoriales. Sin embargo, la preocupación persiste.

Creemos que en este gobierno no se destinaron recursos suficientes para esta conectividad. Esperamos que con la próxima administración se avance en la renegociación de la concesión —que ha sido uno de los principales cuellos de botella— y se logre, por fin, la inversión estructural que requiere esta arteria fundamental para la región.

El Meta tiene un enorme potencial para cultivos como trigo, maíz y sorgo. ¿Qué inversiones o iniciativas están impulsando para fortalecer estos sectores?

La conectividad es clave, pero también lo es la articulación institucional. Hace poco lo hablábamos en la Andi: no podemos seguir expidiendo leyes, decretos y resoluciones desde el nivel central sin suficiente coordinación con los territorios. Hoy vemos cómo, desde Bogotá, se les está indicando a los gobiernos municipales y departamentales cómo debe ser el uso del suelo y el desarrollo de la agroindustria, y ahí hay un choque que debemos corregir.

El Meta viene haciendo una transición importante: de ser un departamento principalmente hidrocarburífero a consolidarse como potencia agroindustrial. Hoy somos grandes productores de palma, maíz y otros alimentos; estamos produciendo cerca de 3,5 millones de toneladas bajo esquemas de ganadería sostenible y ordenamiento que protege el paisaje y las fuentes hídricas. Con las condiciones adecuadas, podríamos llegar a 6 millones de toneladas.

Pero ese salto solo es posible con buena articulación. En los territorios estamos construyendo los planes de ordenamiento departamental y territorial de la mano de las comunidades, pero vemos tensiones con decisiones que se están tomando desde la Agencia Nacional de Tierras sin suficiente diálogo con las regiones.

Nuestro mensaje al Gobierno nacional es claro: hagámoslo bien desde el principio. No esperemos a que, más adelante, instancias judiciales nos digan que el modelo se implementó mal. Aquí pueden avanzar juntos pequeños, medianos y grandes productores, pero necesitamos reglas claras y coordinación efectiva.

Lo que pedimos es una verdadera articulación entre el Gobierno nacional, la Agencia Nacional de Tierras y los instrumentos de ordenamiento territorial, para lograr mayor productividad, mejor conectividad y el desarrollo que la región de la Orinoquía viene reclamando.

¿Qué inversiones en infraestructura tiene previstas y qué obras ya han entregado o están por licitar?

En el Meta también avanzamos en obras clave. Está el puente hacia Puerto Concordia, que conecta al Meta con Guaviare; los proyectos de conectividad hacia Rubiales y Puerto Gaitán, zona estratégica de hidrocarburos; y la estructuración del aeropuerto internacional, una iniciativa de la que dejaremos la prefactibilidad y que se viene planteando desde hace más de 25 años para una región en crecimiento.

En servicios públicos, estamos trabajando de manera articulada con la Alcaldía de Villavicencio y la Financiera de Desarrollo Nacional en la estructuración del nuevo acueducto para la ciudad, una obra pensada para atender a cerca de 600.000 habitantes. Este proyecto requerirá concurrencia de recursos del Gobierno nacional, departamental, municipal y de la empresa prestadora.

En salud, avanzamos con la segunda torre del Hospital Departamental de Villavicencio, que atiende población de siete departamentos, con nuevos servicios y una futura torre de hospitalización de más de 250 camas para responder a la creciente demanda regional. Adicionalmente, impulsamos la Avenida del Llano, una vía urbana estratégica para la movilidad de Villavicencio.

Más allá de las obras puntuales, el gran objetivo es darle un viraje productivo al Meta a través del Plan de Ordenamiento Departamental: pasar de ser principalmente un productor de hidrocarburos a consolidarnos como potencia agroindustrial, con inversiones en conectividad y servicios públicos que permitan aprovechar el potencial de la región y aportar a la seguridad alimentaria del país.

Si tuviéramos que ponerle una cifra a la ejecución de su gobierno, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Cuántas obras recibió y cuántas ha puesto en marcha?

Cuando llegamos encontramos 102 obras en ejecución y hoy registramos un avance cercano al 85%. Esto lo hemos trabajado de la mano con la Contraloría General, porque alrededor de las regalías se generan muchas inquietudes. En el Meta no tenemos obras paralizadas: todas están bajo seguimiento permanente y avanzando con el acompañamiento de los entes de control.

Siempre lo digo: las obras no son de los gobernadores, son de la gente. Además, cuatro años de gobierno son muy poco para estructurar transformaciones profundas; por eso es clave dar continuidad a los proyectos estratégicos y mantener una visión de largo plazo.

Nuestro propósito es dejar sentadas las bases de un Meta más productivo, con apuestas como el nuevo acueducto, el aeropuerto y las vías estratégicas que necesita un departamento que viene creciendo y que debe planearse con horizonte de 30 años, no de un solo periodo de gobierno.

Quisiera profundizar en el tema del acueducto. Villavicencio enfrenta problemas estructurales de agua. ¿La financiación se gestionará también con el Gobierno nacional? ¿Y cómo va la estructuración del proyecto?

Arrancamos el proyecto con la Financiera de Desarrollo Nacional y con un aporte inicial de la Gobernación del Meta por $13.000 millones. Hemos venido trabajando de manera articulada entre el gobierno departamental y el municipal. A veces la gente se desespera, pero este es un proceso que exige rigor: Villavicencio lleva cerca de 30 años con dificultades estructurales en su acueducto y no podemos volver a fallar por falta de coordinación.

Aquí se concentra más del 50% de la población del departamento, por lo que el objetivo es doble: optimizar el sistema actual y desarrollar fuentes alternas, especialmente para las comunas 8 y 9, garantizando el suministro de agua para los próximos 30 años.

La meta es terminar la consultoría este año y estructurar el cierre financiero con concurrencia de recursos del Gobierno nacional, la Gobernación, la Alcaldía, la empresa de acueducto y organismos multilaterales. Con ello buscamos darle a Villavicencio una solución definitiva de agua potable acorde con las necesidades de su población.