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Generadoras pagarán 2% sobre ventas brutas de energía vendida
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El impuesto aplica para las empresas que generan energía, tanto hidroeléctricas como térmicas, y que operan en cuencas afectadas por la Emergencia
Nuevamente el sector de generación hidroeléctrica está en la mira del Gobierno Nacional con la Emergencia Económica, tal como ocurrió con la decretada anteriormente en diciembre.
Las empresas que generan energía, tanto hidroeléctricas como térmicas, y que operan en cuencas afectadas por la Emergencia deberán pagar un aporte adicional. En la práctica, la medida cobija a las ubicadas en Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.
Ese aporte será de 2% adicional sobre el total de las ventas de energía propia y se cobrará durante los seis meses siguientes a la entrada en vigencia del decreto, con el fin de financiar las medidas ambientales y de gestión del riesgo adoptadas para conjurar y prevenir la extensión de los efectos derivados de la alteración extraordinaria de la dinámica hídrica que motivó la declaratoria del estado de emergencia.
El Ministerio de Ambiente tendrá 15 días desde la expedición del decreto para sacar las reglas técnicas que dirán en qué proyectos se invertirá primero ese dinero.
Para decidirlo, deberá evaluar qué zonas tienen más daño, cuáles requieren atención urgente, dónde el impacto ambiental es mayor, cómo está la cuenca en conjunto y que haya equidad entre territorios, asegurando además que el proceso sea transparente y verificable.
Otro punto clave es que, mientras esté vigente la Emergencia Económica, la Anla podrá cambiar, mediante acto administrativo y con justificación, las condiciones ambientales de proyectos hidroeléctricos cuando el Ideam haya emitido alertas hidrometeorológicas sobre esas zonas.
El decreto establece que las represas deberán operar con más margen de seguridad frente a crecientes extremas y al cambio climático.
"Se deberán implementar medidas para amortiguar las crecientes de los ríos, dejando espacio disponible en los embalses (lo que llaman “volúmenes de espera”) para poder recibir más agua en momentos críticos", explica el decreto.
Estas decisiones deben basarse en estudios hidrológicos actualizados y en estándares internacionales de seguridad de presas. Como mínimo, se deberán analizar eventos extremos que podrían ocurrir cada 500 años o más, y también considerar los efectos del cambio climático usando escenarios oficiales reconocidos por la autoridad meteorológica.
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