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La administración nacional anunció la creación de cuatro cooperativas en Cúcuta, y trabajo articulado con el Sena y el Ministerio del Trabajo
Desde Cúcuta, ciudad del país que registra la tasa más alta de informalidad, con 71,5% según el Dane, el presidente de la República, Iván Duque, y su vicepresidente, Marta Lucía Ramírez, anunciaron el lanzamiento del proyecto piloto de reactivación de empleo, el cual contempla intervenciones en 10 ciudades capitales que, de acuerdo con la Encuesta de Micronegocios (Emicron 2019), acumulan más de 925.000 establecimientos.
Duque explicó que, con base en la focalización realizada junto a las alcaldías, con los 10 pilotos, el Gobierno espera atender a más de 40.000 de esos micronegocios en materia de formalización y emprendimiento.
“Para el caso de Cúcuta se buscará atender y enrutar a 5.700 micronegocios de la siguiente manera; para el próximo año serán 2.100, y para 2022 más de 3.600, los cuales están divididos en tres grandes grupos: vendedores estacionarios del centro de la ciudad, vendedores informales de plazas de mercado móviles y pequeños emprendimientos”, dijo.
Entre tanto, Ramírez destacó que el Gobierno reconoce que la economía informal es una forma de emprendimiento porque genera empleo y dinamiza la economía. “Para desarrollar su potencial es necesario enrutar la oferta institucional hacia la formalización a través de la economía solidaria y apoyo a los emprendimientos”, puntualizó.
Finalmente, el Gobierno resaltó que, de la mano del Ministerio del Trabajo, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias (Uaeos) y la Alcaldía de Cúcuta se crearán cuatro cooperativas para empleados.
Como parte del balance de la reunión, el vicepresidente electo detalló que se fortalecerá el tren de cercanías y la conectividad, además de que se impulsará la biodiversidad
En el último periodo, la proporción de personas ocupadas informales fue 54,7%, lo que representó una caída de 1,2 puntos porcentuales
El ex director general de Política Macroeconómica en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, afirmó que esta política resulta altamente distorsionante, porque grava el capital sin considerar su rentabilidad real
