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Jorge Laverde, Contralor.
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Entre algunos contratos, se verificará la adquisición de un helicóptero no tripulado por aproximadamente $9.000 millone
El contralor general de la República, Jorge Eliécer Laverde, impartió instrucciones para iniciar actuaciones de vigilancia y control fiscal sobre varios contratos de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI. Se trata de cinco contrataciones por un valor aproximado de $20.783 millones, en las cuales se habrían presentado fallas técnicas, incumplimientos contractuales, deficiencias de calidad y posibles sobrecostos.
En consecuencia, el contralor dispuso examinar las siguientes contrataciones. En primer lugar se verificará la adquisición de un helicóptero no tripulado por aproximadamente $9.000 millones. También se revisará la aplicación de las garantías contractuales y la posible afectación de los recursos públicos.
En segundo lugar se revisará la adquisición de tres sistemas antidrones por aproximadamente $8.340 millones. Se examinarán las condiciones de contratación, las características técnicas de los equipos, su entrega y funcionamiento, así como su utilización efectiva y correspondencia con las necesidades de la entidad.
El tercer contrato que se revisará es por concepto de $1.314 millones, para la adquisición de 595 computadores. Se revisarán las denuncias sobre presuntas deficiencias de calidad, fallas de funcionamiento e incumplimiento de
Contrato 053 de 2022, por aproximadamente $580 millones, se hizo para la adquisición de un sistema de identificación biométrica. Se establecerán las razones por las cuales el sistema no habría entrado en funcionamiento, su compatibilidad con la infraestructura tecnológica de la entidad y las condiciones de planeación y ejecución contractual, con el propósito de determinar si la inversión produjo los resultados previstos.
Finalmente, se avaluará la contratación de mobiliario y dotación para las instalaciones de la DNI en Funza, por aproximadamente $1.549 millones. Se verificarán los estudios de mercado, los precios de adquisición, las condiciones de contratación y la entrega de los bienes, con especial atención a los posibles sobrecostos denunciados en la compra de mobiliario y otros elementos de dotación.
Para adelantar estas actuaciones, se requerirá la documentación contractual correspondiente, incluidos los estudios previos, informes de supervisión e interventoría, actas de recibo, soportes de pago y garantías.
Si las verificaciones permiten identificar un presunto detrimento patrimonial, la Contraloría adelantará las actuaciones fiscales que correspondan. Asimismo, cuando se adviertan hechos con posible relevancia penal o disciplinaria, se dará traslado a la Fiscalía General de la Nación o a la Procuraduría General de la Nación, según sus competencias.
La Contraloría General de la República precisó que las actuaciones anunciadas responden a la información conocida a través de los medios de comunicación y no constituyen, por sí mismas, una determinación sobre la existencia de irregularidades o responsabilidades individuales.
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