Tributaria no cumpliría ajuste de 70% en reducción de gasto y 30% en impuestos

La discusión sobre la Ley de Rescate Fiscal no solo gira alrededor de la necesidad de corregir el deterioro de las finanzas públicas, sino también de cuánto del ajuste provendría realmente de la reducción del gasto estatal. Aunque el Gobierno ha señalado que cerca de 70% del esfuerzo estaría relacionado con el gasto, un análisis del proyecto advierte que los recortes efectivos representarían entre 21% y 25% del efecto fiscal de la iniciativa entre 2027 y 2030.

Así lo señala el documento 'Ley de Rescate Fiscal: rescatar las finanzas sin castigar al pueblo', que examina las medidas contempladas en el Proyecto de Ley 477 de 2026 y toma como referencia las cifras de su exposición de motivos. Según los cálculos presentados, 72% del bloque denominado "Reducción del Estado" para 2027 estaría compuesto por impuestos y contribuciones, mientras que 28% restante correspondería a medidas de eficiencia y reducción del gasto público.

El informe sostiene que, aunque la iniciativa contempla recortes en contratos de prestación de servicios, ajustes de nómina y medidas de eficiencia, una parte importante del efecto fiscal provendría de mayores ingresos tributarios y contribuciones.

Uno de los ejemplos presentados corresponde al impuesto a la cerveza, cuyo efecto fiscal se estima en 0,34% del PIB, equivalente a cerca de $7,1 billones. Esta cifra sería casi el doble de la prevista por la reducción de contratos de prestación de servicios, calculada en 0,19% del PIB.

El documento reconoce, sin embargo, que el ajuste fiscal es necesario. Según las proyecciones que recoge de la exposición de motivos, sin medidas de corrección, la deuda neta del Gobierno pasaría de 58,6% del PIB en 2025 a 82,1% en 2030, superando en 2029 el límite de 71% establecido por la regla fiscal.

Las medidas para reducir el gasto público

Ante este panorama, el análisis plantea que el Gobierno podría adelantar algunas de las medidas de austeridad previstas en el proyecto, especialmente aquellas relacionadas con la contratación estatal, la nómina y la reorganización de entidades públicas.

Una de ellas tiene que ver con los contratos de prestación de servicios, pues su valor pasó de 0,2% a 0,4% del PIB entre 2018 y 2025, y el proyecto los recorta 50% en 2026–2027; sin embargo, expertos como el exministro Cardenas han planteado que con una directiva presidencial puede ejecutar ese recorte ya, con un reporte mensual público de contratos no renovados.

A esto se suma que los cargos del orden nacional que pasaron de 137.496 a 186.849 entre 2013 y 2026 (+35,9%) y su costo de 1,26% a 1,71% del PIB, pueden adelantar su recorte de 20% que está previsto para 2028, para 2027 con la congelación inmediata de vacantes.

También, según el documento, la ley debe fijar metas de ahorro verificables por entidad. Fenalco propuso un pacto institucional para que todas las entidades del Estado, y no solo el Ejecutivo, ahorren al menos 20% de su gasto de funcionamiento durante cuatro años. Por su parte el presidente del Senado, Honorio Henríquez, considera necesario reducir el tamaño del Estado para hacerlo más eficiente.

Otra de las alternativas consiste en fortalecer la lucha contra la evasión tributaria mediante herramientas de inteligencia artificial y analítica de datos. Según las cifras de la Dian, la evasión alcanza 24,7% en IVA, 26% en renta empresarial y 43% en renta de personas naturales. Con base en esos datos, el documento calcula que reducir un punto de evasión del IVA podría representar cerca de $1,5 billones adicionales de recaudo anual.

Los efectos de los impuestos sobre el consumo

Uno de los puntos sobre los que advierte el documento es el impacto que tendría el aumento del impuesto a la cerveza sobre las tiendas de barrio. Según cifras de Fenalco citadas en el informe, Colombia cuenta con cerca de 450.000 establecimientos de este tipo, de los cuales 95,75% se encuentran en los estratos 1, 2 y 3, y generan alrededor de 1,75 millones de empleos. Con las modificaciones propuestas por el Gobierno, el precio de la cerveza podría aumentar entre 50% y 70%, lo que representaría una presión adicional sobre el consumo y las ventas de estos negocios.

De acuerdo con el análisis, actualmente los departamentos recaudan cerca de $3,1 billones anuales por concepto del impuesto a la cerveza, equivalentes a unos $330 por botella de 330 mililitros. Sin embargo, con la reforma, una cerveza de cuatro grados de alcohol pagaría $1.320 por el componente específico, más 10% de su precio, para un impuesto total aproximado de $1.500 por unidad.

El documento también advierte sobre posibles efectos en la competencia de un mercado en el que un solo jugador concentra más de 92% de participación, pues el incremento de la carga tributaria podría afectar especialmente a los pequeños productores y las microcervecerías, que cuentan con menor capacidad financiera para asumir los nuevos costos.

En cuanto a las bebidas azucaradas, se estima que la reforma haría pagar a una bebida con edulcorante no calórico lo mismo que a una con 8,9 g de azucar, castigando a quien redujo el azúcar usando edulcorantes y premiando a quien no lo hizo. Con esto, se estima que las tiendas de barrio perderían alrededor de $15 billones de ventas al año.

De hecho, según el documento, todo el aumento recae sobre las bebidas que ya redujeron el azúcar sustituyéndolo por edulcorante. "Una gaseosa de 1,5 L con 4,9 g que hoy cuesta $4.500 pasaría de $0 a
$675 de impuesto, un alza de 15% antes de IVA y margen del tendero. Una bebida de 1,5 L con 7,8 g,
que cuesta $6.500, no pagaría un peso más que con la ley vigente", dice el texto.

Además, explican que "como medida de rescate, aporta poco y tarde: cero en 2027, el año crítico, y 0,08% del PIB desde 2028, menos de 2% del ajuste". Los $1,8 billones anunciados son brutos; netos de la indexación que ocurriría sin reforma, de la caída del consumo y de la deducción en renta, quedan entre $1,2 y $1,7 billones.

Las alternativas para fortalecer el recaudo

Frente a estos posibles efectos, el documento presenta una serie de alternativas para compensar los ingresos que dejarían de percibirse si se modifican o retiran algunas de las medidas tributarias propuestas.

Una de las principales consiste en aplazar la reducción de la tarifa del impuesto de renta para las grandes empresas, conservando los alivios previstos para las pequeñas y medianas compañías. Según las estimaciones del análisis, esta decisión permitiría conservar entre $2,4 billones y $4 billones en 2027, mientras que desde 2028 el efecto fiscal se ubicaría entre $5,7 billones y $9,5 billones anuales.

Otra alternativa sería reducir entre uno y tres puntos la evasión del IVA mediante el uso de inteligencia artificial y analítica de datos, lo que representaría ingresos adicionales de entre $1,5 billones y $4,6 billones anuales.

El informe también contempla la posibilidad de vender hasta 8,49% de la participación de la nación en Ecopetrol, operación con la que estima obtener entre $8 billones y $10,8 billones por una sola vez. Sin embargo, aclara que estos recursos permitirían reducir la deuda pública, pero no directamente el déficit fiscal.

Finalmente, el documento propone adelantar la devolución del IVA para los hogares vulnerables antes de ampliar la base de productos gravados.