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El Gobierno Nacional tiene poco más de seis semanas para sacar adelante la Ley de Rescate con la que busca ajustar las finanzas públicas en cerca de $45 billones
La Ley de Rescate ya está en manos del Congreso y, con apenas seis semanas para su aprobación, el Gobierno tiene poco margen para sacar adelante una iniciativa con la que busca ajustar las finanzas públicas en $45 billones.
El proyecto, radicado hace más de una semana y acompañado de un mensaje de urgencia, abre el debate sobre las medidas que deberían mantenerse, modificarse o salir del texto, así como sobre los nuevos mecanismos de recaudo que podrían incorporarse.
En medio de ese trámite, la discusión también pone sobre la mesa una pregunta clave: ¿qué sobra y qué se debería incluir en la reforma tributaria?

Según explicó Lisandro Junco, exdirector de la Dian, existen varios gravámenes que podrían ser excluidos de la iniciativa, entre ellos “la bajada de la tarifa de renta de las empresas de 35% a 31%, que cuesta $4 billones en 2027 y $12 billones al año desde 2028 y favorece al que tiene máquinas, mientras la misma ley le sube 13,5 puntos de nómina al que tiene empleados”.
Otros de los puntos expuestos fueron el IVA sobre la canasta con una devolución que exige factura electrónica en la plaza de mercado; la zona gris que crea la nueva tabla de renta que empieza a pagar desde $4,24 millones, pero no retiene ni obliga a declarar hasta $5,01 millones; y la sobretasa extractiva atada al precio internacional, que da cero en años de precio bajo, aunque las empresas tengan márgenes de 40%.
“Sobra también la etiqueta de decir un 70-30, en donde 70 se presenta como ‘austeridad’ y de los $43 billones, $31 billones son parafiscales, cotizaciones e impuestos al consumo que pagan empresas, independientes y consumidores, cuando el recorte real del Estado es de solo $12 billones”, explicó el exdirector de la Dian.
Frente a esto, el director de la maestría en tributación de la Universidad de los Andes, César Camilo Cermeño, explicó que sobran también los impuestos a la cerveza. “No respetan los parámetros básicos de la teoría de los impuestos pigouvianos e imponen un recaudo que no está basado en las políticas de salud pública, sino en intereses departamentales”, aseguró.
Por otro lado, pese a que se gravaron los alimentos, los vapeadores, entre otros, aún se quedaron por fuera otros.
Para Junco, dentro de los que se deben poner se encuentran: lo que recauda sin tocar la canasta ni la nómina y lo que el proyecto dejó por fuera: mantener la renta corporativa en 35% y dejar la exoneración de parafiscales donde está; cobrar la sobretasa extractiva por rentabilidad y no por precio, con tope de 50% de la utilidad depurada; un impuesto temporal al patrimonio de las grandes empresas por una sola vez, el Préstamo Valiente, que aporta $13,6 billones; recuperar 15% de los $61 billones de cartera morosa de la Dian con una reconciliación por única vez, condonando capital; una devolución de IVA en dos pisos que llegue al que compra sin factura; vender activos no esenciales por $55 billones a $75 billones con destino exclusivo a la deuda; y reorganizar el Estado, de 19 a seis ministerios y 48 entidades menos, que ahorra $26 billones al año.
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