Tributaria no cumple ajuste de 70% en gasto y 30% en impuestos, que planteó Hacienda

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Continúa el debate en la opinión pública frente a la Ley de Rescate. En entrevista con La República, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, afirmó que la iniciativa busca un ajuste 70-30. Es decir, 70% vendría de la reducción del gasto, y 30% de impuestos. Sin embargo, en un análisis liderado por el tributarista, Santiago Pardo, y el Centro Democrático, se encontró que la reducción del gasto aporta apenas entre 21% y 25% del efecto total de la Ley, no el anunciado 70%.

De acuerdo con el análisis del tributarista, el bloque de medidas de reducción del gasto contempla para 2027 únicamente dos grandes iniciativas: la eficiencia del gasto público y la reducción de los contratos por prestación de servicios. (El recorte en nómina empezará desde 2028). En conjunto, estas medidas representan un impacto 0,58% del PIB, equivalente a cerca de $11,6 billones.

Frente a un impacto fiscal total estimado de 2,35% del PIB para 2027, equivalente a $46,4 billones, estas iniciativas de reducción de gasto aportarían solo 23% del impacto total esperado. Esto significa que cerca de 77% del impacto fiscal de la reforma dependería de otras medidas relacionadas con los impuestos.

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De hecho, en el documento se expone que solo el impacto del impuesto a la cerveza, que pasará de un IVA de 5% a 19%, pesa casi el doble que el recorte de contratos de prestación de servicios. Mientras que por la cerveza se espera un impacto en 2027 de $6,8 billones (0,34% del PIB), por la reducción de contratos este solo sería de $3,8 billones (0,19% del PIB).

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"El Gobierno puede dar señales ya: recortar contratos, adelantar el ajuste de nómina, reducir de verdad el número de ministerios y usar inteligencia artificial contra la evasión, donde cada punto menos en IVA vale cerca de $1,5 billones", se lee en el documento.

Primero ajuste al gasto, y después impuestos

Ese es el llamado que hace el Centro Democrático, bancada que asegura que la credibilidad del rescate depende de que el Estado se ajuste primero, antes de pedir más impuestos al consumidor popular. El partido considera clave priorizar cuatro puntos urgentes:

1. Priorizar mediante una directiva presidencial el recorte de 50% en los contratos de prestación de servicios que se plantea en la reforma.
2. Adelantar para 2027 el recorte de 20% en nómina estatal. Según la reforma, este empezaría a funcionar solo desde 2028.
3. El proyecto del gobierno plantea llevar el número de entidades de 209 a 104, con un ahorro estimado de $8,6 billones. Pero el proyecto de ley fusiona cuatro ministerios y crea dos, de modo que el país seguiría con 18, lejos de los 13 que planteó Hacienda. El Centro Democrático sugiere que la ley debe fijar metas de ahorro verificables por entidad.
4. Usar inteligencia artificial contra la corrupción y evasión fiscal. Analítica e inteligencia artificial sobre facturación electrónica, exógena, aduanas y compras públicas deben tener metas de recaudo y de ahorro públicas y auditables.

Sin ajuste la deuda neta llegaría a 82,1% del PIB en 2030

Pese a los cambios que se proponen, la bancada considera que es necesario empezar a hacer el ajuste, de lo contrario la deuda neta llegaría a 82,1% del PIB en 2030. Puntualmente, sin ajuste, la deuda neta del Gobierno pasaría de 58,6% del PIB en 2025 a 82,1% en 2030 y rompería en 2029 el límite de 71% de la regla fiscal.

Tres cifras de la propia exposición de motivos explican la urgencia. El gasto total llegó a 22,7% del PIB en 2025, 3,5 puntos por encima de su tendencia prepandemia, mientras los ingresos siguieron la suya; el funcionamiento pasó de 14,0% a 17,2% del PIB entre 2019 y 2025, y la inversión pública quedó en 2,7%.

Hoy 28,6 de cada 100 pesos de impuestos se van en intereses (uno de cada seis hace una década); sin ajuste serían 36,6 en 2028 y 44,9 en 2030. Y la inversión total del país cayó a 15,9% del PIB en el segundo trimestre de 2026, la tasa más baja desde al menos 1975.

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal proyecta un déficit total de 7,8% del PIB en 2026 y de 9,5% en 2027, unos $200 billones, con una deuda neta de 67,4% del PIB en 2027, máximo histórico. Para volver a la regla en 2028 se requiere un superávit primario superior a 2% del PIB.