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Así cambiaría la regla fiscal con la ley de rescate
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El proyecto establece que, cuando la deuda neta cierre por encima de 71% del PIB, el gasto del personal no podrá crecer más del IPC + 0,5 puntos
La regla fiscal que existe desde el 1 de enero de 2012 y que solo fue modificada en 2021, para cambiar el enfoque hacia un balance primario neto estructural y fijar un ancla de deuda del 55% del PIB, podría tener más cambios si el Congreso aprueba la 'Ley de Rescate Económico' que radicó el Gobierno.
Aunque la propuesta conserva este límite de deuda del GNC en 71% del PIB y el ancla en 55%, cambia la forma en que se fijan y se cumplen estas metas. Por ejemplo, en vez de mantener un objetivo anual, plantea que cada Gobierno deberá fijar al inicio de su administración las metas mínimas vinculantes de balance primario neto estructural.
Según el documento, como la regla fiscal busca asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas y preservar la capacidad de respuesta ante choque económicos, antes del 15 de diciembre de su primer año, el Gobierno tendrá que expedir por decreto los valores mínimos. Estos deberán cumplir dos principios: ser consistentes con la estabilizaciónd de la deuda y conducir a la convergencia gradual de la deuda al ancla de diez años.
A su vez, la propuesta aclara que no podrán modificarse durante los años siguientes de administración y deberán contar con previo concepto favorable del Confis y un concepto no vinculante del Carf. De ser aprobada la Ley de Rescate, el Gobierno de Abelardo de la Espriella relevaría sus metas a más tardar el 31 de marzo del próximo año.
Junto con este decreto, el Gobierno deberá publicar y presentar ante las Comisiones Económicas otro documento con los supuestos macroeconómicos actualizados y proyecciones de ingresos,
gastos, balance total y primario y deuda. No obstante, si las metas son inferiores al valor de referencia, el Ejecutivo tendrá que justificar la brecha y publicar nuevamente la senda de deuda.
Según la propuesta, el Gobierno tendrá una cláusula de escape, de tal modo que podrá desviarse de las metas de forma temporal cuando se presenten situaciones sobrevinientes que comprometan la estabolidad macroeconómica.
Pero no solo eso. La 'Ley de Rescate' también propone que la deuda neta al cierre del año deberá ser inferior a 71% del PIB y el gasto del personal del PGN podrá tener un crecimiento máximo de IPC + 0,5 puntos puntos. Sin embargo, si la deuda se sitúa por encima de este techo, el Gobierno deberá presentar un proyecto de ley o expedir actos con medidas de ajuste estructural para bajar la deuda del límite al cierre del año siguiente.
En cuanto a los mecanismso de corrección, el proyecto establece que se activará cunado el saldo de la cuenta de control sea igual o inferior a −0,5% del PIB. En caso de que a diciembre del año siguiente, las medidas de ajuste no sean aprobadas, se aplicarán topes mientras el saldo se mantenga negativo. De esa forma, al cierre de año, la deuda deberá estar abajo de 63% del PIB.
Esta es una de las medidas principales con las que el actual Gobierno busca blindar las finanzas del Estado en futuros gobiernos, pero también limita la posibilidad de gasto. Por eso, es el proyecto de este tipo más ambicioso que se ha presentado ante el Congreso de la República, superando significativamente las reformas tributarias y las leyes de financiamiento impulsadas en las últimas décadas.
“En un resumen preliminar de la Ley de Rescate se observa que las compras públicas solo pueden crecer con la inflación y habrá recortes automáticos cuando la deuda neta pase de 63% del PIB”.
De acuerdo con Corficolombiana, los proyectos tributarios en Colombia ha promediado 1,2% del PIB desde 1990. Lo que llevado a pesos de hoy equivale a un poco más de $20 billones. Es decir, la iniciativa de Gómez duplica a la meta promedio que se han fijado anteriores proyectos.
El proyecto plantea que el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Carf, tenga siete miembros, cinco de ellos expertos independientes. También se fortalecen las funciones de esta entidad y se establecen mecanismos adicionales de seguimiento y evaluación de las finanzas públicas. El proyecto plantea que el Gobierno deberá establecer metas mínimas vinculantes del balance primario neto estructural para los cuatro años de cada periodo presidencial y dichas metas deben contar con concepto favorable del Confis y concepto previo no vinculante del Carf.
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