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Detalles de la Ley de Rescate Económico.
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La iniciativa contempla otorgar facultades extraordinarias al jefe de Estado durante seis meses para modificar la estructura de la administración pública
Dentro de la propuesta de Ley de Rescate Fiscal, el Gobierno contempla una reorganización de la estructura del Estado que le permitiría al presidente Abelardo de la Espriella, suprimir, fusionar o escindir ministerios, departamentos administrativos, superintendencias y agencias públicas, con el propósito de eliminar duplicidades en sus funciones y reducir los gastos de funcionamiento.
La iniciativa contempla otorgar facultades extraordinarias al jefe de Estado durante seis meses para modificar la estructura de la administración pública.
Con esto, el Ejecutivo tendría herramientas para intervenir directamente en la organización de las entidades nacionales, modificar sus estructuras y concentrar responsabilidades que actualmente están distribuidas entre diferentes organismos.
La medida hace parte de un paquete de austeridad que busca contener el gasto público y reducir las presiones sobre las finanzas de la Nación.
Además de la reorganización institucional, la propuesta incluye una reducción nominal de 20% en los gastos de personal para 2028, sin contar a la fuerza pública, y un recorte de 50% en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para 2027.
En el caso de la reorganización estatal, uno de los objetivos es revisar las funciones que cumplen las diferentes instituciones para identificar aquellas que se repiten o que podrían ser asumidas por una misma entidad.
De esta manera, el Gobierno buscaría reducir estructuras administrativas y evitar que varias dependencias destinen recursos a actividades similares.
Las facultades también permitirían escindir organismos, es decir, dividir una entidad o separar algunas de sus funciones para redistribuirlas dentro de la administración pública.
Esto abre la posibilidad de que los cambios no se limiten a la eliminación de instituciones, sino que incluyan modificaciones en la distribución de competencias del Estado.
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