En un borrador se plantean los compromisos y programas para la recuperación del empleo, inversión en el campo y desarrollo sostenible

Juan Sebastian Amaya

El Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) emitió el borrador del programa de política para la reactivación económica y el crecimiento sostenible, con el que pretende superar la crisis que generó la pandemia en materia de ingresos, empleo, pobreza, deuda y consumo, entre otros.

En principio, el documento explica que la reactivación económica contempla inversiones por $170 billones que se distribuyen según cada uno de los pilares a las cuales pertenezcan los proyectos priorizados.

Para la reactivación del empleo, el valor estimado de estas inversiones asciende a cerca de 13% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, un promedio de $13 billones.

Otro proyecto de gran importancia para el desarrollo regional y la competitividad local es el Programa de Vías para la Legalidad y la Reactivación. Este programa priorizó 21 tramos viales en 18 departamentos (Mapa 2). El total de kilómetros a ser intervenidos es de 1.208 con una inversión de $9,19 billones entre 2021 y 2030 y su ejecución estará a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías).

Dentro la estrategia de inversión para el crecimiento limpio y autosostenible, se esperan destinar cerca de 8% del valor total de recursos de reactivación ($13,6 billones en promedio), priorizando la puesta en marcha de más de 30 proyectos donde se destacan dos enfoques de promoción de fuentes de energía renovable, y restauración y protección del medio ambiente.

Para el compromiso de la protección de los más pobres y vulnerables, la idea es apalancar recursos de distintas fuentes para lograr invertir más de $18 billones.

Para el compromiso del campo y paz con legalidad la iniciativa busca que, en total, sean seleccionados más de 80 proyectos en distintas regiones sumando alrededor de $2,5 billones.

El compromiso de salud integra cinco proyectos enfocados a la atención de la emergencia sanitaria que enfrenta el país. Para ello, el plan de inversiones destina recursos para los años 2021 y 2022, que representan cerca de 0,4 % del total dirigido a la reactivación ($700.000 millones aproximadamente).

Para el compromiso con la generación de empleo, 50% de los recursos cuentan con inversión privada. En el caso del compromiso con crecimiento limpio y sostenible, la mayor parte de los recursos provienen de inversión privada (69%), seguidos de 30% de inversión público-privada. Por su parte, 29% de la financiación para llevar a cabo el compromiso con los más pobres y vulnerables proviene de transferencias.

En lo que respecta al compromiso con el campo y paz con legalidad, 40% de sus inversiones provienen de recursos públicos. Para el compromiso con la salud, 32% de sus recursos provienen de inversión pública.

"El objetivo general de la política para la reactivación es desarrollar capacidades en los hogares, el sector productivo y el marco institucional para que, en el corto plazo, el sistema pueda retomar la ruta de desarrollo que estaba recorriendo cuando fue golpeado por el covid-19 y que, en el largo plazo, transite hacia un crecimiento más sostenible que además tenga la habilidad para responder adecuadamente a choques futuros de gran impacto", dice el documento.