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A raíz de los ataques terroristas de septiembre-11-2001, el admirable historiador Niall Ferguson (2004 “Colossus”) postulaba la interesante hipótesis de que los EE.UU. debían ejercer con mayor eficacia su necesaria labor estabilizadora global y propender por instaurar democracias sostenibles en Irak, Irán y Afganistán. Sin embargo, una década después la “política imperialista benévola” ha fracasado y la retirada de Afganistán, en 2024, parecía ser el puntillazo a tal intervencionismo, según el propio Trump.
Esas políticas post-9-11 habían sido una nueva extensión de la Doctrina Monroe (diciembre de 1904) que había implementado con sagacidad el Presidente Woodrow Wilson (1913-1921) en América Latina. En particular, esa doctrina Monroe postulaba: “… errores crónicos e impotencia en conexiones con sociedades civilizadas, pueden requerir intervenciones forzadas de los Estados Unidos para salvaguardar gobiernos fundamentados en el ejercicio de la ley”.
Tal doctrina tenía foco particular, durante 1901-1915, sobre los frágiles gobiernos de Nicaragua, Cuba y La Hispañola (Haití-Dominicana). Pero también incluía la fragmentada Colombia, la cual se había resistido a adelantar trabajos de lo que sería el Canal de Panamá, en medio de la horrenda guerra civil (1898-1902).
Un siglo después, se ha añadido a esa lista la caótica socialista-Venezuela, mientras que Nicaragua y Cuba han sucumbido, ya por décadas, en medio de la pobreza y opresión socialista. No obstante, Colombia y República Dominicana (mas no Haití) han logrado consolidar democracias, con separación de poderes. En el caso de Colombia esto ha implicado sobreponerse a movimientos guerrilleros recurrentes y al narcotráfico, especialmente durante el frágil proceso de paz de 2018-2026.
Estas circunstancias de fragilidad socio-económica en América Latina han propiciado el surgimiento de una renovación de la doctrina Monroe, conocida hoy como la doctrina Donroe, incluyendo la captura de Maduro en Caracas en enero de 2026. Esta busca restablecer la democracia en Venezuela, tras 30 años de dictadura auspiciada por fuerzas militares en conexión con narcotráfico global y potencias antidemocráticas (China, Rusia e Irak).
La precariedad socio-económica de Venezuela clama por intervención para restablecer la democracia, dada la insostenible situación de 22 millones que aún permanecen allí: 60% de los venezolanos viven actualmente en extrema pobreza; cerca de 8 millones de personas han emigrado huyendo del caos (equivalente a 25% y desbordando la métrica del 10% asociada a “guerras civiles”); se tiene nuevamente hiperinflación al 500% anual, agravando la pobreza; y la vida de 1,000 presos políticos es incierta, cuando varios gobernadores regionales han sido asesinados en prisión, tras oponerse al robo electoral en 2024.
Venezuela-socialista también implica desestabilización militar-geográfica regional, con particular incidencia sobre Guyana (en conflicto por zonas minero-energéticas) y sobre Colombia (en zona ardiente del Catatumbo). Nótese que el cúmulo de “asesores” cubanos se ha extendido del sector salud (que sirvió de “cabeza de playa” para exportar su revolución) a todos los estamentos educativos y guardia “Pretoriana-Presidencial”. La “educación” allí es adoctrinamiento que practica “patria-socialista-o-muerte”, emulando el anacrónico Che-Guevara.
La doctrina Donroe ha postulado un documento estratégico (diciembre-2025) lleno de urticante retórica-derechista. Este ha sido propiciado no solo por el eje socialista Cuba-Nicaragua-Venezuela, sino en respuesta a la penetración comercial y financiera de China sobre América Latina, con particular incidencia en Perú (tras financiamiento del puerto Chancay) y Argentina (propiciando exportación de cereales en vez de los de EE.UU.). Cabe recordar que China ha logrado crear su propio financiamiento, sustituyendo al tradicional Banco Mundial, con gran apalancamiento político-regional.
De allí la importante evaluación (The Economist, diciembre-2025) sobre implicaciones prácticas de doctrina Donroe: una lectura inteligente de tal documento pasa por superar la retórica Trumpista y, más bien, restablecer canales comerciales para afianzar negocios con América Latina (incluyendo petróleo de Venezuela). Estos son los propósitos de Trump al endosar los gobiernos de Milei y Kast, al tiempo que bloquea la economía de Venezuela.
Evaluar esta estrategia de bloqueo a Venezuela es tarea compleja, pues encierra elementos de ilegalidad internacional, pero ella aprovecha zonas grises para agilizar derrocamiento de un gobierno claramente ilegitimo, corrupto y violador de derechos humanos, tal como lo ha denunciado Corina, premio Nobel de paz-2025.
El instrumental de Trump incluye: i) bombardeo de lanchas-rápidas, asimilando su tránsito marítimo a principios de “no-flying-zone” (estos sí legales y usados durante 1980-1990); ii) aplicación de bloqueo financiero (vía “lista Clinton) a colaboradores del régimen Chavista”, poniendo gran presión personal (incluyendo a Petro y allegados); iii) incautación de tanques petroleros ilegales, afectando generación de divisas para Venezuela; iv) bloqueo naval sobre Venezuela, dificultando su conexión con el resto del mundo; y v) “extradición física” de Maduro. Ojalá todo esto permita pronto restablecer allí la democracia.
Esperemos que el Gobierno no siga perseverando en sus malas decisiones, aun cuando prepara dos adicionales igual de absurdas e incluso ilegales: la repatriación del ahorro pensional invertido en el exterior
Para una región marcada por el exilio, la sospecha y el resentimiento, esta no es una consigna espiritual: es una oportunidad histórica para recomponer la confianza y volver a creer en lo colectivo
Era un país con sus problemas, por supuesto; con sus tremendas desigualdades, como pasa hasta hoy en todos los países de la región, pero era una economía boyante basada en una riqueza natural y petrolera privilegiada