Golpe a la democracia

En Colombia hemos reducido el concepto de democracia al hecho de poder llevar a cabo elecciones libres, nos preocupamos profundamente por los factores de seguridad, de constreñimiento al elector, de garantías electorales, de acceso a la financiación de campañas, de las noticias falsas y de compra de votos, pero poco entendemos que la democracia es mucho más que las el proceso electoral y se materializa especialmente en la representación de los intereses ciudadanos en el Congreso de la República, en la efectiva separación de poderes y en el control del abuso de poder por parte de los gobernantes.

Este 25 de septiembre se configurará un profundo golpe a nuestra democracia cuando el Gobierno Nacional materialice su estrategia y, desconociendo arbitrariamente la Constitución, se abrogue el derecho a expedir el Presupuesto General de la Nación para el año 2026 por Decreto, bajo el amañado argumento de que el Congreso de la República se habrá negado a tramitar su aprobación. Sin embargo, la realidad será distinta, la discusión en el Congreso no se dará debido a que la bancada del Gobierno obedeciendo sus órdenes, habrá abandonado el recinto con el objetivo de romper el quorum e impedir la discusión democrática y la reducción de un presupuesto inflado, desfinanciado y soportado en una absurda reforma tributaria.

Recordemos que la existencia y naturaleza del Estado Social de Derecho impone, como uno de sus principios fundantes, la separación de poderes como garantía de la existencia de un Estado democrático. En este marco se reconoce la representación y participación indirecta del pueblo en la discusión y aprobación del presupuesto. En nuestros Estados modernos, resulta absolutamente claro que no puede existir impuesto sin representación, pero a muchos se nos olvida que tampoco puede haber gasto sin representación. Este aspecto constituye el principio de legalidad del presupuesto que exige una deliberación efectiva al definir el destino de los recursos públicos.

No se nos puede olvidar que la ley de presupuesto es, o puede ser, la ley más importante que tramite el Congreso cada año. Permitir que el Gobierno Nacional bajo oscuras estrategias adopte un presupuesto en los términos que él mismo presenta, desconoce la función principal del Congreso. Este proceder le permite al Gobierno usurpar las funciones de las demás ramas del poder público, en este caso del legislativo, bajo el pretexto de un mandato constitucional.

Tal es el abuso del Gobierno en este proyecto de ley, que de aprobarse por decreto como así lo pretende, podrá modificar entre otras, las vigencias futuras en los grandes contratos de infraestructura, fuentes de financiamiento de los proyectos, plantas de personal de las entidades públicas, así como emitir títulos de deuda sin afectar el cupo de endeudamiento y redistribuir las partidas del presupuesto para asignarlas según su única consideración.

Al observar lo anterior sólo se puede concluir que nos encontraríamos ante un Estado absolutista y totalitario, en el que todos los poderes recaerán en una sola persona; el señor Presidente. Con el riesgo infinito de que esta situación se presentará en un momento electoral y de polarización que puede cambiar el rumbo de nuestro país. De materializarse este ataque a la institucionalidad y a una de las principales funciones del Congreso, estará en riesgo la realización de las elecciones, el desarrollo de las obras públicas, el control del gasto del Estado y en consecuencia todos nuestros derechos y libertades. Esperemos que el Congreso no se preste para este golpe y que, de producirse, nuestras Cortes entiendan que la existencia de la democracia y futuro de nuestra Nación estarán enfrentando su peor amenaza y declaren la ilegalidad absoluta de este presupuesto, evitando caer en un totalitarismo que acabe con lo que hoy conocemos como Colombia.