Gobierno corporativo al garete

Durante muchos años, Ecopetrol fue considerada la “joya de la corona”, no solo por su capacidad de generar utilidades para sus accionistas y para el país en general, sino también por la solidez de su estructura de gobierno corporativo.

En este último aspecto encontrábamos, hasta hace unos pocos años, una empresa que, pese al control estatal, contaba con una junta directiva independiente y preparada para afrontar los retos propios de la administración de la empresa más grande del país.

Una estructura en la que sobresalían (o sobresalían) su Código de Buen Gobierno Corporativo, su Código de Ética y Conducta y su Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, instrumentos que determinaban de manera clara la forma como la compañía debía proceder ante la identificación de riesgos empresariales que pudieran afectar el normal desarrollo de su actividad y su reputación.

Es ampliamente conocido que un buen gobierno corporativo asegura el óptimo funcionamiento de las empresas, mejora la toma de decisiones, reduce riesgos y aumenta el valor a largo plazo. También garantiza que los procesos internos se fundamenten en valores como la transparencia, la ética y el control, lo que genera confianza entre todos los stakeholders, mejora la eficiencia operativa y fortalece la reputación empresarial.

En el caso concreto de Ecopetrol, todo esto parece haberse ido al garete.
Hemos presenciado la conformación de una junta directiva que carece de la idoneidad suficiente para enfrentar el reto y que parece actuar más para satisfacer los deseos del presidente de la República que para velar por los intereses de la empresa.

Lo ocurrido alrededor de la fallida venta de los activos en Estados Unidos, Permian, evidencia el presunto sometimiento de la administración a la voluntad del mandatario, con algunos de sus miembros reuniéndose incluso de manera privada con él para discutir los pormenores del negocio. Esta situación, aunada a los riesgos económicos de una transacción que nunca debió ser considerada, deslegitima por completo a la administración y, con ello, a la empresa.

A esto se suma una junta directiva que no ha sido capaz de adoptar decisiones concretas frente a las distintas acusaciones que rodean el entorno de Ricardo Roa, presidente de la compañía. Si bien no existen condenas en contra del funcionario y la presunción de inocencia opera plenamente, resulta evidente que las investigaciones en curso afectan de manera material a la empresa.

No sobra preguntarse por qué la administración traslada el costo de esas investigaciones a la compañía, permitiendo un deterioro sustancial de su reputación y de su valor de mercado. No en vano, en indicadores como Merco (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa), la empresa pasó de ocupar el segundo lugar entre las compañías con mejor reputación del país en 2022 a caer hasta el puesto diecisiete en 2025.

Pero los efectos negativos del cambio de rumbo no se quedan ahí: las utilidades de la compañía se han reducido drásticamente en los últimos tres años, al igual que el valor bursátil de sus acciones, que pasaron de US$19,65 en abril de 2022 a US$11,95 en febrero de 2025. Todo ello refleja la incapacidad de la actual administración para generar valor para la empresa y para sus stakeholders.

Cabe esperar que el próximo gobierno, cualquiera que sea su afinidad política, permita que Ecopetrol recupere el terreno perdido en materia de gobierno corporativo, cuente con una junta directiva técnica y verdaderamente independiente, y sea capaz de responder a las necesidades y retos de la empresa. Un gobierno corporativo que agregue valor y le devuelva ese estatus perdido de “joya de la corona”.