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El tema de aumento del salario mínimo comenzó agitado cuando esta semana el ministro debutante en la lista Ofac, Armando Benedetti, lanzó una cifra de $1.800.000 mensuales. El mismo día, apenas unas horas después, Antonio Sanguino encargado de la cartera de trabajo, desmintió a Benedetti y explicó que las negociaciones tripartitas entre gobierno, empresarios y trabajadores no habían comenzado. Hay todavía una serie de pasos por dar, y la fecha límite como siempre ocurre todos los años, se configura a mediados de diciembre. Sanguino explicó además que la decisión sobre el tamaño del aumento para 2026 es exclusivamente de la Comisión de Concertación en donde nada tiene que ver la cartera de interior. Para llegar a un resultado coherente con la realidad económica nacional adicionalmente se deben analizar los principales indicadores macroeconómicos y también el informe de la OIT. Todo este proceso viene establecido previamente dentro de la Ley 278 de 1996 y el inicio de las discusiones únicamente comenzará el 1° de diciembre de 2025, no antes.
La fórmula ideal para definir cualquier aumento de salario debe incluir ciertas variables estratégicas como la meta de inflación para 2026, los indicadores de productividad, la contribución de los salarios al ingreso nacional, el incremento del PIB y el más importante el índice de precios al consumidor IPC del año que finaliza. En diciembre de 2024 se definió que el aumento fuera de 9,54% quedando en el salario mínimo actual vigente de $1.423.500 sin auxilio de transporte. Suponiendo que la propuesta “Benedetti” de $1.800.000 tampoco incluya el subsidio de transporte estaríamos hablando de un crecimiento superior a 26% algo que no ocurría en Colombia desde los años 90. Si se considera la inflación como la variable más fuerte, el valor podría oscilar entre $1.515.495 y $1.522.610, una cifra que corresponde a un incremento de entre 6,5% y 7%, un rango mucho más razonable que lo que pide Benedetti.
Si por alguna razón, el Gobierno termina decretando un aumento superior a 20%, sin negociación obviamente, las cifras de desempleo en el país para el año entrante podrían ser devastadoras. Para nadie es un secreto que en una economía de incertidumbre como la actual, las compañías sencillamente recurrirán a despidos significativos de su fuerza laboral, simplemente para sobrevivir con las nuevas condiciones económicas. Algunos trabajadores se verían beneficiados en el corto plazo, pero a mediano y largo plazo salarios creciendo por encima de 20% nos acercan a escenarios complicados de excesiva inflación y alto desempleo.
Peor que una recesión es una temible estanflación, que combina un estancamiento económico con una inflación elevada y un desempleo alto. En términos teóricos este fenómeno desafía la relación inversa que postulaba la famosa curva de Phillips entre inflación y desempleo. Estados Unidos, algunos países europeos, México, Argentina y Perú son algunos ejemplos dramáticos del siglo XX. Lo grave es que las medidas para controlar la inflación pueden aumentar el desempleo y viceversa. En ese caso, las decisiones de política monetaria del Banco de La República no serían tan efectivas. Ojalá evitemos caer en populismos de más salarios que nos llevarían a más desempleo.
Si volvemos a usar el salario mínimo como atajo para resolver lo que no se construyó durante el año, el efecto no será justicia social, sino menos empleo, más informalidad y menor capacidad de crecer
El Garabato envía un mensaje contundente: cuando la comunidad, el sector público y el sector privado trabajan de la mano, la ciudad encuentra caminos más auténticos, más humanos y más sostenibles para avanzar
La tarea es encontrar un punto medio entre un aumento de los ingresos y evitar excluir a más personas de la informalidad, además de los efectos inflacionarios
