La mentira de $16 billones

Los argumentos del Gobierno del presidente Gustavo Petro para declarar la emergencia económica, fueron la ausencia de $16 billones en el Presupuesto General de la Nación, ante la negativa del Congreso de aprobar la ley de financiamiento, los cuales resultan indispensables para el cumplimiento de las funciones del Estado y que, en consecuencia, no puede recortar la inversión ni los programas sociales, viéndose obligado a recaudar esa cifra a través de la imposición de nuevos tributos.

Resulta imperativo recordarle hoy al Gobierno, que el Presupuesto se compone principalmente por el presupuesto de rentas, que no es otra cosa que la estimación de los ingresos de la Nación y, de la ley de apropiaciones, la cual consiste en una autorización máxima de gasto, lo que en ningún caso, puede entenderse, como una orden de efectuarlos, máxime cuando en esa ley se establece que se debe mantener la coherencia macroeconómica y que su incremento debe mantener congruencia con el crecimiento de la economía. Estos dos principios son los que se han desconocido por esta administración puesto que, el gasto en el país ha crecido de una forma desproporcionada; mientras en 2022 el presupuesto ascendió a $350,4 billones lo que representaba 23,8% del PIB, el de este año es de $546,9 billones, que representa más de 28%, lo que demuestra que al ritmo que se viene gastando las finanzas públicas resultarán insostenibles.

Al analizar el peso específico de $16 billones dentro del total del presupuesto de 2026 que asciende a $546,9 billones, se observa que los mismos solo representan 2,9% del monto total, con lo cual no se puede alegar que los efectos de la no aprobación de la ley de financiamiento pongan en riesgo la financiación de las apropiaciones para 2026, más aún cuando el propio Gobierno, en una decisión irresponsable, creo sin sustento económico un gasto para el Estado superior a $6 billones, al aumentar el salario mínimo en casi 24%. Esto nos deja una diferencia de $10 billones que puede ser manejada sin ningún inconveniente con los mecanismos ordinarios que contempla el Estatuto Orgánico del Presupuesto, operaciones de manejo de deuda en las cuales se efectúen canjes de títulos, aplazamiento de compromisos o incluso a través de traslados o del manejo de reservas presupuestales.

Resulta contraevidente que el Gobierno decrete una emergencia económica para financiar $16 billones faltantes, cuando se compara esta cifra con la ejecución presupuestal que hemos observado en estos años. En efecto, al contrastar la ejecución histórica con la actual, se observa que desde el año 2007 el promedio es de 90,3% mientras la observada en estos tres años solo asciende a 84,2% siendo históricamente la menor. Esto es que, de un presupuesto para 2026 de $546,9 billones, si se mantiene el promedio de ejecución del actual Gobierno, únicamente se ejecutarían $462,7 billones, generando una diferencia de $84 billones frente al presupuesto y de $31,1 billones frente a la ejecución histórica. En otras palabras, lo que no se ejecutaría corresponde a mas de cinco veces lo que el Gobierno alega como necesidad a recaudar a través de la emergencia económica. Dada su ineficiencia, no parece requerir de mayores ingresos.

Un dato suelto para demostrar el despilfarro del Gobierno, en la ley de presupuesto de este año, el Ministerio de la Igualdad, cuya creación fue declarada inconstitucional, tiene un presupuesto de $323.000 millones para funcionamiento y ni un solo centavo para inversión.

El terrible manejo de las finanzas públicas ha llevado a que la deuda entre diciembre de 2022 y noviembre de 2025 haya aumentado en 38% y los intereses en que la misma se coloca, se hayan visto incrementados en cerca de 50%, con lo cual el simple hecho genera una presión de gasto que sin lugar a duda es muy superior a los recursos que el Gobierno manifiesta necesitar. La emergencia económica no es más que una cortina de humo para perseguir sectores que el Gobierno quiere acabar.