Tarea para el nuevo Gobierno

Colombia no quiso ni quiere construir una hoja de ruta para su transición energética y esto ha tenido, y tendrá, graves repercusiones para nuestro desarrollo. Aunque es muy claro cómo hacerlo en electricidad, continuamos sin rumbo y con un sector costoso e inseguro. No es asunto de ganadores ni de perdedores, sino de enormes perjuicios para todos, incluso para quienes logren beneficios en el corto plazo. Es un tema de incapacidad en la gestión.

Se han emprendido decenas de iniciativas inocuas. El resultado de la última subasta de Cargo por Confiabilidad, realizada hace unos días, así lo demuestra. En medio del desabastecimiento de gas natural nacional que sufriremos por más de un lustro, es un gravísimo error que se hubiese seleccionado una planta a gas que supera los 2 GW de capacidad (mucho más del doble de la energía de Hidroituango o del total de renovables no convencionales instaladas), sabiendo que operaría con gas licuado, a costos de electricidad superiores a $1.500 por kWh en 2030, una cifra absurda. Este gobierno antifósil podría entender que, con el apoyo de la hidroelectricidad y las baterías, adicionando nuevas granjas eólicas o solares, lograría la seguridad requerida a no mucho más de $400 a $500 por kWh.

También este gobierno repite mal la subasta de electricidad anunciada a última hora. Era muy simple corregirla implementando contratos de largo plazo tipo feed-in tariff (la contraparte podría ser similar a como se hace con el Cargo por Confiabilidad), una herramienta que ha sido probada exitosamente en todo el mundo. Es obvio que, cuando se implementan adecuadamente, al inversionista se le garantiza su pago y al consumidor, precios bajos. Entonces, ¿por qué no lo hacen?

No importan las incoherencias e inconsecuencias de la administración; seremos todos los colombianos quienes tendremos que pagar la cuenta. Aparte del Ejecutivo, las opiniones expresadas a este respecto por funcionarios, gremios, “expertos” y ahora un grupo de “destacados de centro”, con todo perdón, muestran vacíos en las afirmaciones, pero, lo peor, es que también hay otras motivaciones cortoplacistas. Todo lo anterior contrasta con lo que se ha venido haciendo en Chile. Fundamentado en las cuatro administraciones anteriores, el presente gobierno de derecha se encamina hacia una transición energética “justa, segura y sostenible” a 2030, procurando “desarrollo y calidad de vida” y, de paso, buscando atender su pico de demanda eléctrica con 100% de electricidad renovable. Mientras tanto, acá favorecemos precios altos, con daños para la economía y la sociedad, además de contaminar innecesariamente un poco más. En ese sentido, cuando en Colombia las políticas energéticas del progresismo inquietan al país, en Chile, desde el otro lado del espectro político, se busca beneficiarlo. No es asunto de ideología; es de una ejecución desacertada. Ahora, que no nos vengan con el argumento de que se han instalado entre 3,5 y 4 GW en energía solar y que se encaminó la transición energética al dejar instalado diez veces lo que logró Duque. Tampoco con el tema de Colectora que, si bien lograron destrabar, cuando más se necesita no son capaces de poner en operación como estaba previsto. El avance es precario con respecto a lo requerido, pues casi todo esto se pactó en la administración anterior y, además, no nos evita un apagón. Esperemos que el próximo gobierno entienda y corrija la gravísima situación en la que nos encontramos; de lo contrario, sería el tercer gobierno que gravemente le falla al país.