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Se los acusa de cohecho pasivo -cobro de coimas- y administración fraudulenta del Estado en la primera causa por corrupción investigada en las gestiones kirchneristas
El Tribunal Oral Federal N°4 condenó este lunes al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y al exsecretario de Obras Públicas, José López, a cinco años de prisión por el Caso Skanska.
Se los acusa de cohecho pasivo -cobro de coimas- y administración fraudulenta del Estado en la primera causa por corrupción investigada en las gestiones kirchneristas.
En particular, se condenó a ambos exfuncionarios por el cobro de sobornos de parte de la empresa sueca Skanska en la construcción de los gasoductos Norte y Sur.
Tras la reapertura del caso en 2016, ahora los jueces Jorge Gorini, Guillermo Costabel y María López Iñiguez definieron la nueva condena para De Vido, que ya suma cuatro penas tras su paso como funcionario kirchnerista, y López.
La pena para López se suma a la condena unificada previa de 13 años por otras causas, entre ellas Vialidad, el caso de los bolsos de López y la tragedia de Once, la única firme.
Antes de la definición, la fiscalía a cargo de Abel Córdoba había solicitado penas de cuatro años y seis meses para ocho exgerentes y directivos de Skanska, entre ellos Javier Azcárate, Mario Piantoni, Gustavo Vago y Eduardo Varni. Además, se pidió la absolución de 17 de los enjuiciados por falta de pruebas suficientes.
Según determinó el fiscal Córdoba, el esquema de corrupción incluyó el pago de coimas a funcionarios públicos, sobreprecios en las obras adjudicadas y el uso de facturas apócrifas para justificar la salida de dinero de la empresa sueca hacia los funcionarios.
Para encubrir los sobornos, Skanska utilizó al menos 118 facturas falsas provenientes de una red de 23 empresas fantasma o irregulares, como Infiniti Group S.A. (antes Calibán), que simulaban prestar servicios que nunca se realizaron.
La investigación también determinó que se optó por un concurso privado en lugar de una licitación pública, en contra de las normas vigentes.
Aunque un peritaje de 2011 había descartado sobreprecios, la pesquisa posterior confirmó un incremento injustificado de US$17 millones en el rubro de construcción.
Previamente, Transportadora de Gas del Norte (TGN) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) habían advertido sobre las diferencias entre los presupuestos aceptados y los costos reales de mercado.
El expediente se inició en 2005, con las primeras denuncias por presuntos sobornos en la ampliación de los gasoductos Norte y Sur. Un año después, durante un allanamiento a Skanska, se secuestró una grabación de 90 minutos en la que un gerente de la empresa admitía el pago de coimas.
En 2007, el entonces jefe de Gabinete, el expresidente Alberto Fernández, y Julio De Vido calificaron el caso como un “negocio entre privados” y una cuestión de evasión impositiva.
Por ello, en 2011, la Sala I de la Cámara Federal dictó sobreseimientos basados en un peritaje que negaba la existencia de sobreprecios, lo que dejó la causa como cerrada. Entre 2013 y 2014, el fuero penal económico condenó a integrantes de la red de facturas apócrifas por asociación ilícita.
La reapertura del caso llegó en 2015 y 2016, cuando la Corte Suprema y la Cámara de Casación validaron como prueba admisible la grabación de Azcárate, lo que anuló los sobreseimientos de 2011.
En 2017, el juez Sebastián Casanello procesó a De Vido, López y otros funcionarios por administración fraudulenta y cohecho. El juicio oral comenzó en 2024 en el Tribunal Oral Federal N°4, con una treintena de imputados, y culminó este lunes con la condena a cinco años de prisión para De Vido y López.
La grabación entre el auditor interno Claudio Corizzo y el gerente comercial Javier Azcárate fue el elemento que permitió reabrir la causa. Pese a haber sido descartada en un principio por tratarse de una escucha “parajudicial” -sin orden judicial previa-, su validación por la Cámara de Casación en 2016 resultó determinante para la investigación.
En el audio, Azcárate detalló la estructura de los retornos: “Fue un 5% de todos los contratos, divididos en un 3% a Enargas y un 2% a Nación Fideicomisos”. También se refirió a la magnitud del negocio -“cien millones de dólares... doscientos palos verdes”- y mencionó que el dinero era trasladado en valijas.
Asimismo, admitió que el mismo procedimiento se había aplicado en obras de la Provincia de La Pampa y en Perú, en el marco del caso Pluspetrol.
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