Combatir la corrupción

Combatir la corrupción es imperativo. Lo exigen razones éticas y prácticas. El Estado colombiano no está organizado para la tarea. A continuación, se presentan sugerencias.

El control es el conjunto de mecanismos para asegurar que las transacciones cumplan los objetivos y restricciones establecidos con base en reglas de gobierno, estrategias definidas, límites de autoridad por tipo de transacción, procedimientos para evaluar gastos e inversiones y evaluación de riesgos. En Colombia, el control está a cargo de entes externos ineficaces, propicios a su uso para propósitos políticos. El control interno debería ser la base del control, atado al registro de transacciones, función hoy a cargo del Ministerio de Hacienda, sin los procesos ni la organización necesarios para hacer la tarea. El control externo debe ser complementario. La redistribución de ingresos corrientes de la Nación, directa a los municipios certificados -hoy más de dos tercios del total-, suprimió el papel del departamento como instancia de control del gasto municipal. El resultado es desgreño en los municipios sin equipos humanos idóneos para la gestión de programas y proyectos. La corrupción y el desperdicio campean.

Los partidos serían el canal natural para financiar campañas políticas, pero el sistema establecido contempla aportes privados y reembolso a partidos y personas que alcanzan un umbral en las elecciones. Así las cosas, ni quienes hacen las reglas ni quienes administran los recursos son independientes de sus aportantes: tienen, al menos, una deuda moral con ellos. El acierto en las reglas sobre partidos y movimientos facilitaría la vinculación del mejor talento de la patria a la tarea de ordenar la sociedad. Sería conveniente, además, la financiación de campañas a cargo del Estado, con canales y formatos efectivos para divulgar propuestas, para que las campañas no sean un mero ejercicio de mercadeo, sino oportunidades educativas que faciliten decisiones.

El régimen presidencial concentra demasiada autoridad y responsabilidad en una persona. El legislador debería designar a la cúpula de la organización a cargo de la administración, por partido mayoritario o coalición de partidos, como se hace en casi todos los países desarrollados. El Estado ha aumentado su participación en el ingreso, de 18% en 1991 a 33% en 2025. Hay mucho espacio para que la administración consiga la aprobación de sus proyectos mediante contraprestaciones de diversa especie, inaceptables desde la ética.

Es importante revisar las normas sustantivas y procesales penales, y los mecanismos para el cumplimiento de la tarea de la rama judicial, con apoyo tecnológico adecuado y educación permanente.

Es necesario simplificar el estatuto tributario en forma radical, para evitar privilegios y discriminaciones que causan ineficiencias en la asignación de recursos. La simplificación de lo sustantivo y la modernización de lo procesal mitigarían el riesgo de conductas inapropiadas en la Dian.

Se debe impulsar la transparencia en la contratación, mediante la divulgación del proceso respectivo al público. Ya hay algunos avances, pero el asunto debe abarcar toda la actividad estatal.

Hay mucho por hacer para evitar lo indebido. Los candidatos a presidente deben presentar propuestas. No es asunto de sesgo ideológico; es de respeto por lo público.