Un episodio crítico para el desarrollo regional

La Ley 2779 del 21 de diciembre de 2022 definió el presupuesto del Sistema General de Regalías (SGR) para el bienio 2023-2024, asignando $2,9 billones a ciencia, tecnología e innovación (CTeI). Durante este periodo, se publicaron once convocatorias, todas atravesadas por múltiples modificaciones y dificultades, incluidas acciones de tutela que, como es natural en un Estado de derecho, debían tramitarse y resolverse. Sin embargo, la información más reciente (17 de marzo de 2026) genera una gran preocupación: una proporción significativa de los proyectos presentados por universidades, centros de investigación y alianzas con el sector productivo no logró avanzar hasta las etapas finales del proceso. Solo dos convocatorias completaron el ciclo.

En un ejercicio de esta magnitud, lo esperable era que la mayoría de los proyectos viabilizados transitara hacia su perfeccionamiento y posterior aprobación por parte del Ocad de CTeI, aun reconociendo contratiempos puntuales. No obstante, los resultados sugieren un desempeño por debajo de lo esperado, lo que plantea interrogantes sobre la capacidad del sistema para garantizar continuidad, certidumbre y cierre efectivo de las convocatorias.

Este episodio trasciende lo meramente administrativo. Compromete la estabilidad y credibilidad del Sistema Nacional de CTeI, particularmente en las regiones. Cada propuesta representa un esfuerzo complejo de articulación institucional, desarrollo de capacidades y apuesta por el conocimiento. Además, cuando funcionan adecuadamente, dinamizan los ecosistemas regionales de innovación, fortalecen la relación universidad-empresa-Estado, promueven la formación de talento y contribuyen a la apropiación social del conocimiento. Sin embargo, también es necesario reconocer que no todos los proyectos logran el impacto esperado, lo que refuerza la importancia de contar con procesos rigurosos, pero también eficientes y oportunos.

Más allá de sus causas (gestión operativa, creciente judicialización de los procesos, debilidades en la estructuración de proyectos, entre otras), la situación no puede ser minimizada. En muchas regiones del país, los recursos del SGR en CTeI constituyen la principal fuente de financiación para impulsar la innovación, la sofisticación productiva y el cierre de brechas estructurales. Lo ocurrido, entonces, diluye oportunidades reales de desarrollo económico, social y ambiental.

La frustración de la academia y de los actores del sistema, a nivel nacional y regional, es comprensible. Quienes participamos en 2019 en la transformación de Colciencias lo hicimos con la expectativa de que la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación consolidaría un sistema más robusto, articulado y orientado a resultados. Hoy lo que se evidencia es una brecha preocupante entre esa expectativa y la experiencia reciente.

Conviene recordar que, en el bienio 2019-2021, en medio de esa transición, fue posible estructurar y ejecutar un plan bienal de convocatorias públicas, abiertas y competitivas por $2,1 billones. Esto demuestra que el Estado sí puede gestionar de manera efectiva estos recursos estratégicos.

Por ello, lo que está en juego actualmente no es únicamente la ejecución de los recursos. Es la confianza en el sistema, la credibilidad institucional y, sobre todo, la posibilidad de que el país avance hacia un modelo de desarrollo basado en el conocimiento, impulsado desde las regiones. Confiamos en que este episodio crítico no se repita en el actual bienio 2025-2026.