Entre falacias y espejismos

El Gobierno ha sido errático en su política energética, que tiene sumida en una crisis inducida al sector. Recordemos que, en septiembre de 2022, el presidente Gustavo Petro anunció, en respuesta a la inconformidad de los usuarios por las altas tarifas, que intervendría a la Creg para bajarlas, insinuando con ello que esta era la responsable de la espiral alcista de las tarifas.

Posteriormente, el Consejo de Estado anuló los nombramientos de tres expertos comisionados nombrados por el expresidente Iván Duque, al considerar que los mismos no cumplían con los requisitos de Ley. A poco andar, otros dos expertos comisionados salieron por vencimiento de sus periodos. De esta manera, ya no era necesario para el Presidente intervenir o “reasumir” las funciones de la Creg, porque ésta había quedado en sus manos.

No obstante, desde entonces, en lugar de proceder al nombramiento de los seis expertos comisionados que integran la Creg en propiedad, como lo manda la Ley, se han empecinado en nombrarlos en calidad de encargados. Por tales motivos, ha estado permanentemente en interinidad, hasta el punto de no contar con el mínimo exigido por el reglamento interno de la Creg de tres de los seis expertos comisionados para que se configure el quorum para tomar decisiones, que es la situación actual, justo cuando más se requiere de una Creg operativa para sortear la actual crisis. Por ello, he afirmado que estamos en presencia de un apagón regulatorio.

El presidente Petro la ha emprendido contra las generadoras, afirmando que las alzas en las tarifas obedecen a la especulación por parte de ellas, dando lugar a precios exorbitantes en la Bolsa de energía o Mercado mayorista. Sin embargo, hasta la fecha no se conoce una sola investigación por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, que fue creada para defender al usuario o de la Superintendencia de Industria y Comercio, que está obligada a intervenir cuando se presentan casos de abuso de posiciones dominante. Incluso afirmó que Colombia era el único país en Latinoamérica donde no era el Estado quien regulaba las tarifas sino las empresas generadoras. Lo cual es falso de toda falsedad.

Más recientemente, en mayo del año anterior el presidente Petro, en respuesta al clamor de los usuarios, sobre todo en la región Caribe, anunció que la Nación asumiría la deuda que por concepto de la Opción Tarifaria que tienen los estratos 1, 2 y 3, aproximadamente $2,8 billones de un total del saldo de $4,5 billones. Para ello, le ordenó al ministro Camacho la titularización de dicha deuda y hasta el sol de hoy nada de nada. Lo último que se supo es que hace meses está para la firma del Ministro, en su escritorio, una Resolución reconociendo dicha deuda para que el Ministerio de Hacienda pueda proceder a la titularización de la misma y nada que la firma.

De asumirse la deuda de la Opción Tarifaria, esa sí sería una forma efectiva de bajar las tarifas a los más vulnerables, que son la inmensa mayoría de los usuarios, porque representan, particularmente en la región Caribe, más de 80% de estos. Con tal medida se podría reducir el costo de la factura de energía en un 24%, aproximadamente.

Además, quiero dejar en claro que ni los precios ni las tarifas de energía van a bajar mientras persista la estrechez de la oferta de energía en firme (240 GWHD) y esta no cederá hasta tanto no se destrabe la ejecución de los proyectos, tanto de generación como de transmisión, que está rezagada frente a la creciente demanda (222 GWHD). Según XM, de 6.615 MW que han debido entrar a operar en 2024 apenas si entró 22%, así como en 2023, 2022 y 2021, sólo entraron 17%, 28% y 7%, respectivamente.

Ello mantiene al Sistema Interconectado Nacional, SIN, en un alto grado de estrés, presionando al alza el precio en Bolsa y de contera también empuja al alza las tarifas de energía al usuario final, tanto más en cuanto que no se puede contar con las energías renovables que son más económicas.

De manera que de poco o nada servirán las marchas para “bajar las tarifas de energía”. Y menos con anuncios como el del presidente Gustavo Petro para animarlas de que tiene entre manos “una nueva fórmula tarifaria”, que “permite tener una energía eléctrica barata y una empresa que se llama XM no está aplicando”.

Ello no pasa de ser un espejismo, pues como lo manifestó enfáticamente XM en un comunicado público fechado el 1º de febrero, dos días después de la “movilización por la democracia energética” que presidió el presidente Petro en Barranquilla: “el 30 de enero de 2025, la Creg publicó en su página web la Resolución 101 069 de 2025, la cual es requisito para dar aplicación a la Resolución 101 066 del 2 de diciembre de 2024, cuyos aspectos normativos obligatorios para su implementación estaban pendientes de definición, entre ellos, los relacionados con la liquidación en condición de escasez…XM ha cumplido con los plazos y compromisos a su cargo”. A nadie se le puede obligar a lo imposible, ello requiere ajustes técnicos y regulatorios complejos, aplicarla no es como soplar y hacer botellas ¡Así de claro!

Además la “nueva fórmula tarifaria” a la que alude el presidente Petro, no solo no estaba en firme cuando dijo que “no está aplicando”, sino que no es vinculante para los generadores, pues es optativa y solo adquiere el carácter obligatorio en 2027, dado que existen compromisos regulatorios vigentes hasta 2027, cuando vence la asignación de las Obligaciones de energía en firme, OEF, del cargo por confiabilidad.

Y en el afán de buscar una cabeza de turco al cual colgarle sus propios errores y fracasos, también la emprendió el Presidente contra la Creg, afirmando que “en los últimos años ha estado integrada por comisionados y comisionadas que vienen de las generadoras de la energía privada”, insinuando que por ello están al servicio de ellas ¡Olvida él que “los últimos años” son los del Gobierno que él preside y que quienes integran hoy la Creg, todos, absolutamente todos, han sido nombrados por él!