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La semana pasada, mientras recorría Moquegua (Perú) por carretera, hubo una escena que se me quedó grabada. No fue un dato técnico ni una presentación institucional, sino algo mucho más cotidiano: familias entrando y saliendo de comercios locales, jóvenes trabajando en servicios asociados a la minería del cobre y una ciudad que se mueve con ritmo propio. Camiones transportaban maquinaria de alto nivel tecnológico; nuevos centros comerciales crecían alrededor de la vía; pequeños negocios prosperaban y se veían nuevas viviendas de alta calidad junto al río. No se trataba de abundancia desmedida, sino de algo más valioso: estabilidad, oportunidades y la sensación compartida de que el futuro puede construirse. Detrás de todo ello había un factor común: exportaciones sólidas y de alto valor agregado.
Este artículo hace parte de una serie de reflexiones y recomendaciones pensadas para el siguiente gobierno colombiano, con un foco claro: cómo construir una política exportadora capaz de transformar el desarrollo productivo del país y mejorar la calidad de vida de su gente.
Las cifras ayudan a dimensionar el desafío. En 2024, Colombia exportó cerca de US$49.500 millones, lo que equivale a menos de US$1.000 per cápita. En comparación, Perú superó los US$74.000 millones, con más de US$2.100 por habitante, y Chile rebasó los US$100.000 millones, alcanzando alrededor de US$5.100 per cápita. Pero el contraste se amplía al mirar 2025: Perú se encaminó hacia US$87.000 millones en exportaciones y Chile proyecta cerrar sus estadísticas del año pasado en cerca de US$115.000 millones, ambos con crecimientos interanuales de dos dígitos.
Si ampliamos la comparación hacia economías emergentes del sudeste asiático, el rezago se vuelve aún más evidente. Vietnam y Tailandia registran entre US$4.500 y US$6.000 per cápita en exportaciones, gracias a su inserción en manufacturas, electrónica, agroindustria sofisticada y servicios integrados a cadenas globales de valor. No son países “inalcanzables”; son países que hicieron del comercio exterior una política de Estado.
Exportar más —y mejor— importa porque genera beneficios concretos para la población. Diversifica las fuentes de ingreso y reduce la vulnerabilidad económica; impulsa el crecimiento y el empleo formal; fortalece la balanza externa mediante el ingreso de divisas; y eleva la competitividad de las empresas, obligándolas a innovar y mejorar productividad. Cuando las exportaciones incorporan valor agregado, estos efectos se amplifican y se distribuyen territorialmente.
De cara al próximo gobierno, las recomendaciones son claras y pueden organizarse por impacto estratégico:
Volviendo a Moquegua, lo que más llama la atención no es solo la infraestructura o la inversión, sino el ambiente social: personas planificando, jóvenes proyectándose, niños creciendo en un entorno donde el trabajo y el esfuerzo tienen retorno. Esa es, en el fondo, la discusión que Colombia debe darse. No se trata únicamente de cifras macroeconómicas, sino de cómo las exportaciones pueden convertirse en un puente hacia mejores oportunidades de vida.
Pensar en una política exportadora potente es pensar en los niños de La Guajira, los jóvenes del Cauca, las familias del Caribe, el Pacífico y la Amazonía, en su derecho a imaginar un futuro posible sin tener que irse lejos para encontrarlo. Desde Moquegua, queda una lección sencilla y poderosa: cuando un país decide exportar con visión y valor agregado, también decide apostar por la esperanza. Esa debería ser una de las grandes decisiones del próximo gobierno colombiano.
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