Forzando el crédito

Las inversiones forzosas para el sector financiero hacen parte de ese conjunto de ideas que buscan soluciones “fáciles” para, supuestamente, lograr mayor bienestar. Algunos otros ejemplos son la impresión de billetes por parte del banco central para financiar ilimitadamente el gasto público, subir el salario mínimo para que la gente sea más próspera o fijar una baja tasa de usura para que el crédito sea más barato.

La experiencia internacional de varias décadas, en distintos países, y la intuición económica muestran justamente que estas ideas no son exitosas, porque en ninguna parte existe algo como “el almuerzo gratis”: los atajos no conducen a la prosperidad.

En efecto, la emisión monetaria por parte del banco central solo conduce a mayor inflación -incluso a hiperinflaciones-, porque el dinero circulante no se valida con una mayor generación de ingresos reales provenientes de alguna actividad productiva, lo que crea un fuerte descuadre macroeconómico. El Perú de 1990, así como Turquía y Argentina en este siglo, son claros ejemplos.

Subir excesivamente el salario mínimo genera un efecto similar, pues los costos empresariales inmediatos superan la supuesta mayor demanda futura de bienes y servicios por parte de los trabajadores, algo que ya ocurrió en Argentina, Venezuela y otros países en el pasado. Por último, mantener una baja tasa de usura reduce el costo del crédito para personas de altos ingresos y excluye a quienes realmente lo necesitan, creando un mercado paralelo, el llamado “gota a gota”. Los casos de Colombia y, más recientemente, Chile resultan bastante convincentes.

Las inversiones forzosas también han probado ser una mala idea. Fueron parte de las políticas desarrollistas de 1960-1970, llegando a implementarse 14 iniciativas en América Latina, pero luego comenzaron a desmontarse con la liberalización financiera de los años 90. Hoy solo permanecen cuatro -entre ellas los Títulos de Desarrollo Agropecuario (TDAs) en Colombia-, además de las impuestas en Venezuela y Bolivia en este siglo, dos países que no se caracterizan precisamente por decisiones económicas acertadas.

La evidencia de los países latinoamericanos mostró que las tasas de interés crecieron de manera estructural, afectando al grueso de los tomadores de crédito. Esto ocurría porque, si bien se abarataba el crédito para el sector que se quería fomentar, el resto de la economía enfrentaba un encarecimiento financiero permanente para compensar ese subsidio implícito. En el caso de los TDAs, estudios del propio Banco de la República mostraron un incremento estructural de 50-100 puntos básicos en las tasas de interés de la economía colombiana.

Además, las políticas de originación de crédito -que habitualmente se basan en modelos y comportamientos de riesgo- eran reemplazadas por la “cercanía política” sectorial, lo que derivaba en un uso altamente ineficiente de los recursos que los ahorradores invertían y que los bancos tenían disponibles para prestar. Por ello, resulta bastante sorprendente que en Colombia se esté reabriendo esta discusión.

En lugar de forzar el crédito y buscar soluciones efectistas, el país debería avanzar hacia una verdadera política pública de fomento crediticio, que profundice instrumentos modernos como las garantías públicas y las líneas de redescuento que articulan la banca pública con la privada. De esta forma, sería posible ampliar el acceso al crédito para quienes hoy no lo obtienen fácilmente o apoyar a regiones específicas en momentos de emergencia invernal, como el actual.