¿A quiénes deberíamos subsidiar?

No es un debate nuevo. Por varias décadas la discusión en el país sobre las subidas del precio de los combustibles ha sido álgida. Dichas discusiones siempre han girado alrededor de si se debe o no subir más los precios, cómo nos comparamos internacionalmente, a quién estamos subsidiando y cuáles son los efectos inflacionarios y redistributivos.

Un avance reciente fue la creación del Fepc (Fondo para la Estabilización del Precio de los Combustibles) porque hizo explícito la magnitud del subsidio (diferencial entre el precio internacional y el local) que ya antes se daba de manera implícita. Por eso, hoy se sabe cuánto es el monto que el Presupuesto Público dedica a dicho subsidio y aparece la necesidad de reducirlo por la realidad fiscal, subiendo los precios de la gasolina y el diésel para que se acerquen a los referentes internacionales.

Ante esto, como siempre, han aparecido las voces que amplifican los posibles efectos negativos sobre la población. No obstante, la realidad es que las cifras parecen no respaldarlos pues diversos estudios técnicos de hace ya varios años, que deberían ser actualizados por el Ministerio de Hacienda, muestran exactamente lo contrario.

Por ejemplo, los precios locales en dólares lucen bajos al compararse con los referentes de países de la región y aún más al comparar con países desarrollados. Asimismo, algunos estudios cuantificaban que el impacto inflacionario era bajo, pues por cada 20% de incremento en los precios de los combustibles, el impacto en la inflación era de “apenas” entre 50 y 70 puntos básicos. Por último, esos estudios mostraban que dichas subidas mejoraban levemente la distribución del ingreso, medida por el coeficiente de Gini, o que en el peor de los casos no la afectaban, pues se compensaba el efecto indirecto de mayores precios en alimentos y transporte para hogares de bajos ingresos con el mayor precio del combustible que pagan mayoritariamente los hogares de más altos ingresos. La conclusión entonces es que la decisión de subir los precios de los combustibles es acertada.

Sin embargo, si no se analiza desde el punto de vista general sino sectorial hay impactos negativos específicos. Este es el caso de los taxistas, que perciben un impacto negativo porque se están subiendo sus costos de una forma importante.

Si el análisis de política pública muestra que es deseable y conveniente matizar ese impacto, la solución a implementar no puede ser generar precios diferenciales, porque eso genera mercados paralelos o “negros”, ni subsidios directos, ambas cosas hacen que los recursos públicos terminen en las manos equivocadas. Más bien, la respuesta debería enfocarse en soluciones financieras (la obvia subida del precio de la tarifa) y no financieras (apoyo en formalización, etc.) que ayuden a contener las presiones de costos generadas.

Las decisiones de política pública no son fáciles, pero los recursos públicos son escasos. Por ello, decisiones sobre a quién subsidiar y a quién no deben buscar el beneficio agregado. En el caso de los precios de los combustibles este gobierno lo ha hecho bien. Lo que no puede pasar es que si se deciden resolver angustias sectoriales se tomen decisiones que perjudican el buen uso de esos recursos, allí también hay que tener en cuenta cuál es la mejor decisión de mitigación que tiene el menor costo posible.