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EDITORIAL

Una misión para la educación superior

sábado, 17 de noviembre de 2018

Es chocante aconsejarlo, pero la educación superior necesita una misión de expertos que haga un diagnostico sobre el estado real y su futuro

Editorial

El desarrollo de la educación superior en Colombia no debe ejecutarse a punta de paros, marchas y huelgas de alumnos y profesores. Los primeros 100 días de la nueva administración nacional han estado marcados ineludiblemente por las siete marchas que han realizado alumnos y profesores, todas ellas basadas sobre supuestos que nadie le ha aplicado el más mínimo rigor para saber si son ciertos. ¿Cuánto dinero necesita la educación superior pública? ¿Cuál es la hoja de ruta de las universidades públicas? ¿Qué diagnóstico real se ha hecho sobre el estado y desarrollo de cada una de las 32 universidades del Estado? ¿Por qué hay universidades de alta categoría, mientras la inmensa mayoría no superan mínimos de calidad? ¿Qué responsabilidad le asiste a los rectores sobre el estado de las instalaciones y laboratorios? ¿Quiénes administran los miles de millones del presupuesto nacional que se van a universidades públicas muy deficientes, la mayoría? La conclusión es que pocos saben el verdadero estado de la universidades que viven del erario público.

Empecemos por hacer la salvedad de que hay tres, máximo cuatro, universidades públicas que no son inferiores al reto de ser las mejores y que compiten de tu a tu con sus pares privadas: Nacional, Antioquia y Valle. Es difícil hacer un listado de más de cinco que siempre se destaquen en los chocantes indicadores que las miden. La gran pregunta que debe hacerse el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación, los profesores y los estudiantes, es ¿cuál es el modelo educativo universitario que debe tener el país del siglo XXI? Y para responderlo debe haber una batería de indicadores de gestión que permitan evaluar la gestión de las instituciones de educación superior públicas, pues lo que no se mide no progresa. No se trata de pedir dinero porque sí, sin mayores ideas o proyectos de lo que se va a hacer con él; estudiantes y profesores deben tener un plan que involucre la inversión en conocimiento y el mejoramiento de las instalaciones para poder lograr que las universidades públicas transformen las regiones y el país en general.

Es muy chocante aconsejarlos, pero la educación superior pública necesita de una misión o comisión de expertos que haga un verdadero diagnóstico sobre el estado de esas instituciones y ayude a trazar el camino que deben seguir en el futuro. Es cierto que estamos llenos de misiones y comisiones de expertos, lo cual no soluciona los problemas, lo vimos con la tributaria, la cafetera y la rural; ahora la minero energética y la de educación superior. Esa sería una buena salida a la crisis que cada día se profundiza más entre la comunidad universitaria y el Gobierno Nacional, al cual le ha faltado hacer un corte de cuentas real, pues casi todos los problemas que ha tenido que enfrentar son herencia de la administración pasada, incluso de casi todos los anteriores gobiernos que no han diseñado un camino estructurado por el cual andar. La virulencia de las marchas y la sinsalida que hoy tienen las finanzas estatales, le imponen retos, no solo al Ministerio de Educación, sino a las mismas universidades con todas sus comunidades. Las reivindicaciones de las manifestaciones pueden ser ajustadas a la realidad de la educación pública, pero hemos llegado a esta situación por problemas que no se resolvieron en su momento histórico.

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