¡El impuesto que le da más duro a los pobres!

Es injusto que a los trabajadores que ganan el salario mínimo se les venda la ilusión de que sus ingresos aumentaron 23%, mientras los precios de casi todos los bienes y servicios suben sin razón alguna. El viejo cliché de que los incrementos de fin de año se absorben en enero parece ser más cierto ahora que nunca, cuando la variación de precios al consumidor se ha anclado en 5%.

Está bien que el Gobierno haya reducido $500 el galón de gasolina para febrero, vital para la movilidad de los casi 20 millones de automotores que ruedan por Colombia, sin olvidar, eso sí, que los alimentos y el transporte público usan más diésel para sus vehículos. La paradoja que están viviendo las familias es compleja de entender y se corre el riesgo de ser simplista cuando se trata de explicar que en diciembre se reajustó el salario en 23%, muy por encima de las expectativas y con alto impacto para los empleadores, pero que, a la vez, todo se encareció pasadas un par de semanas, incluso mucho más allá de ese polémico 23%, que actúa como un disparador de costos.

A la inflación se le llama el impuesto a los pobres, porque es a las familias de más bajos ingresos a las que más golpean los microcostos de las cosas simples, como son los precios de los artículos de primera necesidad: carne, leche, huevos, pan y frutas. Esos precios -si bien no tienen IVA- sí están expuestos a la volatilidad de las cosechas, el dólar y el transporte. Los arrendamientos, los restaurantes, los hoteles y otros servicios son mucho más volátiles y dependen más de la oferta y la demanda.

Para nadie es un secreto que Colombia se ha convertido en un país caro para los colombianos. Ciudades como Bogotá, Medellín, Cartagena, Barranquilla y Cali son mercados costosos en los que tener pocos ingresos es una auténtica pesadilla económica. En la literatura económica popular siempre se ha dicho que la inflación es el “impuesto de los pobres”, dado que el aumento generalizado de precios -por expectativa de mayores ingresos vía alza desmesurada de los salarios- reduce el poder adquisitivo, golpeando de manera desproporcionada a la gente de bajos ingresos, que destina la mayor parte de su dinero a bienes básicos.

Es un hecho indiscutible que la inflación sí actúa como un impuesto regresivo que empobrece a los más vulnerables. Esos $2 millones de salario mínimo que muchos salieron a celebrar están actuando de manera inmediata en la formación de precios de los bienes y servicios básicos. No es teoría plantear que las familias con menores ingresos destinan casi todos sus recursos al consumo esencial, como transporte, alimentos, vivienda y servicios públicos, por lo que una inflación crónica de 5% reduce su capacidad de compra.

El aumento generalizado de precios claramente le pega más a quienes tienen menos margen económico. Aún no se le ha pasado la cuenta de cobro a la inflación de 5%, la tercera más alta de la región, en lo que tiene que ver con la desvalorización de los ahorros, un fenómeno que solo se notará en el mediano plazo, cuando la gente advierta que el incremento del salario mínimo debe ser consecuente con la estructura económica, basada en el costo de vida, la productividad, cada sector económico y, por qué no, cada región.

En Colombia no se está tomando en serio el tema de la inflación ni el impacto del salario mínimo. Ni tan lejos que no alumbre, ni tan cerca que queme al santo.